La Fundación Franco quiere abrir nuevas franquicias más allá de la sede en Madrid. Y para ello ha lanzado un “llamamiento” a quienes quieran defender en provincias al dictador y su “verdad histórica”. Los postulantes lo tienen fácil: solo necesitan enviar “un sencillo historial de su persona”, según anuncia la propia sociedad fascista.
Pero el crecimiento va más allá de las fronteras patrias. “Están en vías de constituirse 35 y le añado que igualmente en algunos países de Hispanoamérica como en Lima, Quito y Asunción, y los EEUU, estas últimas a iniciativa de personas de allí en Texas y Virginia”, apunta a eldiario.es el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro.
¿Quién financiará las nuevas delegaciones? “La financiación correrá a cargo de las aportaciones de benefactores 'in situ', si bien bajo control de esta sede central”, explica Chicharro. Es decir, esperan en que se multipliquen los socios en provincias españolas, socios que ahora no tendría la Fundación y en los que confían para que les sufraguen este proyecto. Las memorias de la Fundación señalan que en 2013 había 200 afiliados que ascienden en la actualidad a “1.000 personas”, apunta el presidente de la FNFF, Juan Chicharro. La Fundación dio pérdidas en 2015, último del que se han aportado datos.
¿Y qué hace falta para abrir y dirigir estos nuevos tronos de apología franquista, más allá del “sencillo historial de su persona”? “Los requisitos no son más que los propios de cualquier afiliado que no se resiste a la desvirtuación de nuestra historia reciente”, añade.
La idea de abrir más franquicias llega “en momentos como los actuales en los que tanto la figura del Generalísimo, y lo que representó su obra para España, han sido y son desfigurados de forma permanente”, reivindica la fundación en un comunicado. “El objetivo es restablecer/instalar Delegaciones en provincias” coordinadas por la oficina central, continúa.
Se buscan defensores de Franco
El ente franquista busca personas que defiendan al dictador y los fines de la FNFF. “Difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco, así como los del estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre 1936 y 1985”, dicen. “Las Delegaciones tienen como finalidad expandir los fines estatutarios de esta Fundación a lo largo de la geografía nacional de forma más cercana”, alude su presidente, Juan Chicharro.
Pero la Fundación Franco ha blanqueado sus estatutos para intentar sortear su ilegalización y esta definición actual aparece donde antes decía “enaltecer la figura de Franco”. El cambiazo obedeció a la “situación de emergencia” por la posible prohibición anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lejos de apocarse, la FNFF pretende un plan de expansión, sea real o marketing.
La FNFF “hace hoy un llamamiento a todas aquellas personas que quieran implicarse en la defensa de los fines anteriormente citados, y desde luego de la verdad histórica, en todas aquellas poblaciones que no sean Madrid”. Las nuevas sedes realizarán “las tareas fijadas por los Estatutos” coordinadas desde la sede central. “La FNFF desde su creación en 1976 tiene representantes en todo lo ancho de la geografía nacional si bien el paso de los años y el cambio de circunstancias sociales y políticas ha ocasionado que muchos de aquellos primeros representantes hayan desaparecido por razones obvias”, lamenta.
Rebajas fiscales
Es difícil que esta operación salga de las cuentas de la Fundación Franco, que están incentivadas por el Estado gracias a la Ley de Fundaciones, ya que no dan superávit. Eso sí, las aportaciones de los “benefactores” tienen rebajas fiscales, por lo que éstos pagan menos a Hacienda por el supuesto “interés general” al que contribuyen.
Las cuotas de socios en 2015 sumaron ingresos de casi 100.000 euros, según los informes de la entidad aportados a este medio a través del Portal de Transparencia, los últimos disponibles en el Ministerio de Justicia.
Con esas cifras de ingresos, que incluyeron subvenciones públicas de 2000 a 2003 con el gobierno de Aznar, no está claro cómo y con qué presupuesto funcionarían esas delegaciones fascistas, ya que la fundación gasta todo lo que ingresa, incluso algunos años ha dado pérdidas, que suman más de 80.000 euros desde su creación en 1976.