Para ser un cumplimiento del programa electoral, la reforma de la ley del aborto es un auténtico misterio para la mayoría de los dirigentes del PP y hasta para algunos miembros del Gobierno. Prácticamente nadie sabe en qué se va a traducir el empeño de Alberto Ruiz-Gallardón por endurecer las condiciones para que una mujer interrumpa su embarazo. Génova, a través de María Dolores de Cospedal, no se mueve del “no fijaremos posición hasta que se presente el proyecto”.
Lo mismo ocurre en el grupo parlamentario que lidera Alfonso Alonso, que ya ha avisado de que espera que la ley no sea más restrictiva que la que promulgó el PSOE en 1985 y que contemplaba los supuestos de violación, riesgo para la salud de la madre y malformaciones fetales. En esta modificación no participa Ana Mato, pese a que es titular de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales. El ministerio indica que el asunto “lo lleva Justicia en solitario”.
La reforma de la llamada “ley Aído” ha sido una exigencia de la jerarquía de la Iglesia a la que se pliega gustoso el titular de Justicia y otros compañeros de Gabinete como Jorge Fernández Díaz, miembro del Opus Dei. Pero, según algunas encuestas, no es la prioridad para la mayoría de los votantes del PP.
Cuatro aplazamientos
Los cuatro aplazamientos que ha tenido el proyecto dan cuenta de lo accidentada que está siendo esta reforma de marcado carácter ideológico. Nada más llegar al Gobierno, se anunció que estaría lista para otoño de 2012. Después, se marcó el plazo en “finales de año”. Una tercera demora la retrasó hasta la primavera de 2013. Recientemente, el ministro de Justicia ha asegurado que estará lista para el mes de octubre. Soraya Sáenz de Santamaría lo confirmó el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “Echará a andar este trimestre”.
Es todo lo que se avino a decir cuando se le preguntó por el cambio legislativo que más dolores de cabeza ha provocado en las filas del PP. Ruiz-Gallardón calentó aún más el ambiente cuando anunció en una entrevista en La Razón que la malformación fetal “no será un supuesto de aborto”. En su partido saltaron las alarmas y empezaron las protestas. No sólo de los que están a favor de la despenalización completa, como Celia Villalobos. También hubo diputados que se lamentaron del incendio que Gallardón estaba creando sin necesidad y que recordaron que ni siquiera José María Aznar reformó la primera norma socialista.
La expresión “malformación fetal” ni siquiera ha salido de boca de la vicepresidenta en las ocasiones por las que se le ha preguntado en los últimos meses. La número dos del Gobierno se aferra a que la reforma “respetará la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la vida”. Lo único que es seguro es que se acotará el derecho a que las menores interrumpan sus embarazos sin autorización de sus padres, pero en cuanto a los problemas del feto se espera que se introduzcan limitaciones lo suficientemente elásticas como para que no se conviertan en una traba. Una de las pruebas del secretismo con el que se está llevando a cabo esta reforma es que el Ministerio de Justicia no quiere dar a conocer los nombres de los expertos que lo asesoran en esta materia.
El riesgo de unos cambios que se queden en meros equilibrios para intentar contentar a radicales y moderados es enfadar aún más a autoridades eclesiásticas como el presidente de la Conferencia Episcopal. Antonio María Rouco Varela se ha permitido reñir en público al ministro por su “inexplicable retraso” en sacar adelante la ley y por su dejación de funciones a la hora de “proteger el derecho a la vida”. Para el arzobispo, acabar con “el sangrante problema social del aborto” es una cuestión urgente. También lo era acabar con el matrimonio homosexual, pero ante el poco éxito del recurso del PP ante el Tribunal Constitucional, no se le han escuchado nuevas protestas.