La justicia lobuna por su mano. Los ganaderos al sur del río Duero han dado una vuelta de tuerca y pretenden tener una licencia especial para matar lobos ellos mismos si los ven amenazando a sus rebaños, a pesar de que se trata de una especie prioritaria y protegida en estas áreas. Lo que piden, en definitiva, es una autorización especial y específica para saltarse la ley europea y española.
La idea surgió en Castilla y León en septiembre pasado y ha sido rebotada rápidamente por los ganaderos de la Comunidad de Madrid que lo trasladaron al Gobierno regional poco después. Las poblaciones sureñas castellanoleonesas y los pequeños grupos en las sierras de Madrid tienen protección total.
Mientras el Ejecutivo madrileño ha rechazado la opción este lunes, la Junta de Castilla y León ha ido mandando mensajes en la dirección reclamada por el sector ganadero. Al aparecer la propuesta afirmó que el incremento de los ataques de lobo era “insostenible”. Informó de que estos episodios han experimentado “un aumento del 36% al norte del Duero y un 72% al sur”. E insistió en que donde se puede cazar ataca menos al ganad, una creencia ya desmentida científicamente. Para finales de octubre, el consejero de Medio Ambiente y Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ya explicaba que buscaba el consenso con los ganaderos para instaurar “medidas de autodefensa” y que había informado a la Comisión Europea de que pretendía llevar a cabo este plan.
Los propios datos que maneja la Junta sobre los daños del lobo en 2017 –último curso completo– decían que los ataques se habían “estabilizado” e incluso que el número de cabezas perdidas había descendido. E informaba, sin desglosar, de 2.384 unidades muertas por ataques. La cabaña total de ganado bovino, ovino y caprino de la comunidad autónoma asciende a 10,9 millones de cabezas, según los registros del Ministerio de Agricultura: 2,1 millones de vacuno y 8,4 millones de ovejas. Las pérdidas físicas en 2017 fueron el 0,02% del ganado total.
El Gobierno responsable ha declarado que esta situación se ve “únicamente atenuada temporalmente por el ágil sistema de pagos compensatorios implantado por esta administración”. ¿Temporalmente? La cuestión es que la Junta optó por suspender su nuevo plan de gestión del lobo tras ver cómo la justicia anulaba el anterior documento que había permitido cazar ejemplares con cupos “arbitrarios” y sin justificación.
“Hartos de dar de comer al lobo”
En la Comunidad de Madrid, la organización agraria UPA es la que pidió poder abatir lobos en caso de amenaza inminente, decían. Según la organización, la situación ha hecho que “los ganaderos estén hartos de dar de comer al lobo. El incremento de los ataques es inaudito”. Y han afirmado que, en este año, se llevan contabilizados 393 ataques, aunque también incluyen a perros asilvestrados y buitres. “En todo 2017 fueron 337”, aducían para pedir que el Gobierno les permitiera disparar una vez adoptadas “medidas disuasorias previas”.
Los datos oficiales de que dispone la Consejería de Medio Ambiente son 317 ataques de lobos (y 53 de perros). “Se han visto afectados: 255 animales bovinos, 149 ovinos y 5 equinos”. En mayo de 2018, la cabaña total bovina en Madrid ascendía a 47.825 cabezas, según las estadísticas de Agricultura. Los daños atribuibles son de un 0,5%. En cuanto a las ovejas, las 149 bajas acreditadas son el 0,05% del total de 279.330 cabezas en la comunidad autónoma.
El lobo ibérico es una subespecie erradicada en amplias zonas de la península ibérica. Donde todavía está presente, la principal causa de mortandad no natural es la caza. En 2017 murieron por causas no naturales unos 618 lobos ibéricos en España, según la aproximación realizada por el Obsevatorio de la Sostenibilidad y el Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo ibérico. Casi el 47% fueron ejemplares abatidos con permiso. Otros 259 murieron por los cazadores furtivos y los venenos aplicados para eliminar depredadores en los cotos de caza. Otros 74 atropellados.
La opción de librarse de la especie en áreas con implantación de ganadería extensiva no afloja. En Castilla y León, por ejemplo, ante la suspensión temporal de caza legal derivada de los reveses judiciales a los planes de la Junta, ganaderos y cazadores salieron a una manfiestación en Zamora. Consideraban “insostenible la situación generada por la expansión descontrolada de lobos y resto de fauna salvaje”. En Aragón, ante la llegada de algunos ejemplares errantes a la zona de los Monegros, el Partido Popular solicitó formalmente que se declarara la especie como exótica invasora para poder erradicarla como dañina. No prosperó.