Este jueves, José Ignacio Wert ha vuelto a recibir gritos de dimisión por los manifestantes que, en una nueva huelga general estudiantil, han salido a la calle para protestar contra su gestión de la cartera de Educación. Los retrasos en el pago de las becas del Ministerio, fruto del nuevo sistema de ayudas aplicado este curso, se suman a una larga lista de quejas de la comunidad educativa respecto al máximo responsable del Gobierno. El último barómetro del CIS es contundente: es el miembro del Ejecutivo peor valorado por los españoles, con 1,4 puntos.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) fue la diana sobre la que más dispararon las primeras movilizaciones, que pretendían frenar una normativa que no cuenta con el apoyo de profesores, padres ni alumnos. Una vez aprobada, los recortes y la gestión del ministro no han contenido las reclamaciones de la población.
1. La LOMCE, sin ningún apoyo de la oposición
La nueva ley educativa del Gobierno no pudo empezar con peor pie. La LOMCE fue aprobada en noviembre de 2013 con la mayoría parlamentaria del PP, la abstención de UPN y los votos en contra de todo el resto de grupos de la oposición, que han reiterado su compromiso de derogarla en cuanto el PP pierda su mayoría absoluta.
Entre los puntos más polémicos de la normativa destacan el blindaje de la separación por sexos de las aulas en colegios concertados, la supresión de Educación para la Ciudadanía de los currículos, la inclusión de la asignatura de Religión en la nota media de los alumnos, un carácter privatizador y centralista de la educación, una vuelta a las reválidas al final de Primaria, ESO y Bachillerato (y la supresión de la Selectividad para el acceso a las universidades) y la protección del castellano en las Comunidades con más de una lengua oficial, hasta el punto de obligar a las administraciones a pagar la escolarización de alumnos en colegios privados donde se enseñe en castellano si los centros públicos de la zona no tienen esa opción.
Las prisas del Gobierno para que la ley se aplique lo antes posible ha encontrado también la oposición de los centros educativos e, incluso, de los editores de los libros de texto. Tras las presiones de las Comunidades Autónomas (algunas del Partido Popular), José Ignacio Wert accedió este enero a retrasar el calendario de desarrollo de la ley y a no aprobar todavía los currículums para la Secundaria y el Bachillerato, que no comenzarían a aplicarse hasta el curso 2015-2016.
La nueva Formación Profesional básica sí tendrán que estar a punto para septiembre, algo que los directores de institutos ven improbable dado las incógnitas sobre los contenidos y los centros en los que se va a impartir.
2. El 'tasazo' universitario
La subida de las tasas en las universidades y ciclos formativos ha sido otra de las reclamaciones más sonadas en contra del ministro. La Plataforma de Afectados por las Tasas es una de los convocantes del paro de este jueves. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, afrontan las tasas más altas de España y, en los últimos dos años, se han disparado hasta un 68%se han disparado hasta un 68% para estudiar un grado.
Las consecuencias se han dejado notar en las matriculaciones. José Carrillo, rector de la Universidad Complutense, cifró en 800.000 créditos menos los matriculados este curso en su universidad, que se suman a los 400.000 que se habían reducido el año anterior. Es decir, 1,2 millones de créditos menos en los dos años que lleva en vigor el 'tasazo'. La Universidad Carlos III este curso ha pasado de un 34% de alumnos provenientes de otras comunidades autónomas a un 28%.
Los datos totales suponen un descenso de estudiantes del 1,6% en los últimos dos cursos, 25.389 alumnos, según los datos del Ministerio de Educación.
3. La voz de la calle
Los eslóganes y las pancartas han sido una medida de resistencia más a la política de los populares. Dos huelgas generales de padres, profesores y alumnos, en mayo y octubre del pasado año, exigían a Wert que retirase su proyecto normativo. Sin embargo, la marea verde no surtió efecto en la cartera de Educación, y la ley entró en vigor el pasado 30 de diciembre, como parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Por su parte, los estudiantes han llamado a sus compañeros a abandonar los pupitres en cinco paros estudiantiles generales, el último este 8 de mayo, con la crispación de los retrasos de las becas como protagonista. Además de los sindicatos establecidos desde hace años –como el Sindicato de Estudiantes y la Federación de Estudiantes Progresistas (FAEST), por ejemplo–, son muchas las organizaciones que han tomado fuerza en estos años, como la Plataforma de Afectados por las Tasas, la red Toma la Facultad y la Plataforma de Afectados por las Becas.
4. Ayudas económicas a finales de curso
Las becas han sido el último motivo que ha arrastrado a los jóvenes a la calle, aunque los conflictos en la materia ya habían tenido sus antecedentes en la supresión de las becas Séneca, para la movilidad entre universidades españolas, y en el recorte en el programa Erasmus.
La intención de Wert de reducir las becas de movilidad europea le valió una llamada de atención de Europa. El asunto concluyó con las mismas becas, pero de menos estancia, para el próximo curso y cambios más restrictivos en la cantidad que aporta el Ministerio para los alumnos con menos recursos.
Las últimas protestas responden a los retrasos en la asignación y pago de las nuevas becas de educación del Ministerio, introducidas este año escolar, que han ocasionado que a finales de curso muchos alumnos no hayan recibido el total de la ayuda. El balance final son más beneficiarios en la universidad (un 10,7%), pero con una dotación media 300 euros inferior a la del curso anterior.
Por otro lado, las nuevas becas no solo modificaron la forma de asignación sino que también sufrieron cambios en los criterios para solicitarlas. Uno de los más polémicos: el incremento de la nota media. El ministro de Educación admitió que unos 10.000 estudiantes, con una puntuación académica de entre el 5 y el 5,5, no podrían beneficiarse de las ayudas por el nuevo requisito.
5. Los recortes: desde ayudas a libros hasta el gasto en profesores
Las tijeras se han convertido en un imprescindible de las manifestaciones contra el Gobierno. Faest ha llamado a la huelga con una convocatoria que sitúa en 6.000 millones de euros la cuantía que el Partido Popular ha reducido en la inversión en Educación. Según datos de CCOO, España ha perdido durante la crisis al menos un 12% del gasto educativo, unos 6.300 millones de euros.
Aplicadas a los maestros, estas cifras se traducen en 33.000 profesores menos en el último año y medio, según CCOO (los cálculos del sindicato ANPE, lo cifran en 55.000 desde el comienzo de la crisis). Además, CCOO sitúa la pérdida de poder adquisitivo para los docentes entre un 44% y un 63% en cinco años, dependiendo del cuerpo docente al que pertenezcan.
Otras partidas, como el presupuesto para las ayudas de libros y materiales educativos, también se han visto resentidas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció una dotación de 20 millones de euros, a repartir entre las Comunidades Autónomas, 12 millones menos que en la convocatoria anterior.
6. Tres frentes abiertos
Los alumnos ya han advertido al ministro que se prepare para la próxima vuelta al cole. Las movilizaciones de esta legislatura parecerán “un juego de niños”, han afirmado. Las vías de comunicación oficiales con el ministro tampoco pasan por su mejor momento. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) denunció recientemente que el Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico no se ha reunido aún con Wert en lo que va de mandato, a pesar de que por obligación deberían haberlo hecho al menos dos veces al año.
Además, los profesores tienen aún temas importantes que tratar con el ministro. El Estatuto Docente ya debería estar negociándose con los sindicatos, pero hay diferencias sustanciales entre lo que el Ministerio considera importante para mejorar el nivel de los docentes y la regulación que los profesores están pidiendo para mejorar la profesión. La número dos del Ministerio, Montserrat Gomendio, hizo toda una declaración de intenciones hace unas semanas en Brasil, donde se quejó de que la inversión que se ha hecho en la última década en Educación haya ido a parar en gran medida “a aumentar el sueldo de los docentes”.
Otro frente abierto de Wert es el de los rectores. Además de la reforma universitaria, que ya está en marcha y que tiene como principal objetivo replantear la financiación de los centros y el sistema de contratación de profesores, los rectores han apelado al optimismo económico del Gobierno para aflojar la austeridad de los presupuestos, ya que muchas universidades están literalmente “ahogadas” financieramente, como ya han denunciado en varias oportunidades los responsables de las universidades madrileñas. Hace unos días todos los rectores de universidades públicas leyeron simultáneamente un comunicado en el que pedían más financiación para la educación superior.