“Yo no soy objetora”. Las palabras pronunciadas por varias ginecólogas de diferentes hospitales públicos españoles colisionan con el argumento que suelen esgrimir algunos centros y comunidades autónomas enteras cuando se les pregunta por qué no asumen los abortos en la sanidad pública. Actualmente solo suponen el 15% del total y hasta cuatro autonomías, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, no notifican ninguno en centros públicos. Y derivan, incluso a las mujeres que lo solicitan por motivos médicos, a clínicas privadas concertadas. La realidad, sin embargo, es que sí existen profesionales dispuestas a realizarlos, algunas incluso los hacían hace años, pero en sus hospitales se dejaron de hacer sin motivo aparente. Y no creen que sean pocas.
“Se asume que todo el servicio es objetor, de alguna manera se da por hecho, salvo en hospitales muy contados en los que el jefe servicio ha querido ponerse a ello. Y no es verdad que todos lo seamos, yo no lo soy, pero nadie me ha preguntado”, explica a elDiario.es María, una ginecóloga que trabaja desde hace años en el Hospital Universitario de Getafe, en Madrid, y que prefiere aparecer con un nombre ficticio. En el equipo, asegura, son unas cuantas profesionales las que están en la misma situación, dispuestas públicamente a realizar “al menos” aquellas intervenciones que se requieren porque la mujer así lo ha decidido tras contar con un diagnóstico de riesgo para la vida o la salud o graves anomalías en el feto.
Fue el caso de Marta Vigara, la geriatra que denunció en la Cadena Ser la negativa del Hospital Clínico San Carlos a practicarle un aborto a pesar del pronóstico fetal de difícil viabilidad con el que contaba. Son una minoría; el 90% de las interrupciones del embarazo (IVE) realizadas en 2020, según Sanidad, fueron a petición de la mujer, pero no admitirlas en los hospitales es “especialmente grave”, cree María. “Mucho de lo que ocurre con este tema es una tropelía, aún hay muchos obstáculos en general, pero en estos casos estamos haciendo el diagnóstico y luego expulsamos a las mujeres del sistema. No ocurre con ninguna otra cosa de las que hacemos”.
M.L.L. trabaja como ginecóloga en el Hospital Universitario Infanta Leonor, en Vallecas (Madrid), donde tampoco se acepta de manera sistemática la práctica de interrupciones. “Solo hemos hecho algunos, muy contados, en los que la vida de la madre estaba en riesgo”, cuenta la médica, que ha manifestado en el servicio su predisposición. El por qué es algo que no ha sido capaz de que nadie le explique con claridad. “En el servicio hay gente objetora y gente que no lo es, no es un problema. Se podría hacer organizándonos. Creo que tiene más que ver con que ni los jefes de servicio ni las direcciones se sientan a pensar cómo dar una solución a esta situación, es más cómodo mirar para otro lado y no complicarse”, lamenta.
“Quienes están siendo objetoras son las instituciones”
María Llavoré, matrona que trabaja desde el año 2005 en el Hospital Sant Pau de Barcelona, concertado, aún recuerda las palabras que le dijo su jefe de servicio hace casi diez años: “María, no hay nada que hacer, no es nuestra decisión, no gastes más energía”. Era 2012 y el centro dejaba de hacer interrupciones del embarazo por motivos médicos sin explicarle las razones a la plantilla. “Hay quien dice que por presiones de la Iglesia, yo no sé si por tema económico o moral, pero está claro que quien está arriba no está de acuerdo con el aborto”, cuenta Llavoré a elDiario.es.
Ahora estas intervenciones se derivan a otro centro público de la ciudad, pero a día de hoy muchas profesionales siguen demandando recuperar la actividad, según adelantó Público. Es el caso de Llavoré, que señala “los silencios” que se originan cada vez que habla del tema, y también de Anna Olivella, ginecóloga del centro actualmente en excedencia. Sobre la objeción de conciencia, ambas apuntan a que en su hospital ya se hacían hace años y no existía este problema. “Ahora quienes están siendo objetoras son las instituciones. Es un derecho y algo que es legal desde hace años, es injusto para las mujeres”, denuncia la matrona.
Olivella coincide con su compañera. “No soy objetora y no lo he sido nunca”, dice. La médica cree que este “desinterés” tiene que ver con que el aborto es un derecho que atañe a las mujeres, a la que “se les está dando la espalda”, y reivindica “una sanidad que incorpore la perspectiva de género, porque todo aquello que tiene que ver con nosotras no genera tanto interés ni investigación”. La médica cree que es importante que la sanidad pública asuma los abortos, pero también reclama “dotación, formación, espacios habilitados y recursos suficientes” para llevar a cabo, sobre todo, las que se producen a petición de la mujer, que son la inmensa mayoría.
A esto también se refiere María, la ginecóloga del Hospital de Getafe, que teme las consecuencias que pueda tener asumir en los hospitales todas las IVE sin haber hecho un proceso previo “profundo”. “Pasa mucho en política y en sanidad que se anuncia algo y luego no hay un plan detrás. Yo creo que se necesitan no solo profesionales no objetores, sino también recursos y preparar a todo el sistema para ello”, cree la ginecóloga.
Hacia la “normalización”
El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha emprendido recientemente el camino contrario al centro barcelonés. Allí trabaja como ginecólogo Abel Renuncio. Justo a principio de verano su equipo solicitó al Ministerio de Sanidad y a la Junta de Castilla y León la acreditación pertinente para poder llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo. La idea es empezar por las farmacológicas e incorporar también las quirúrgicas –la ley establece que el método debe quedar a elección de la mujer– y acabar con la situación que viven las mujeres que solicitan un aborto en Burgos, y otras miles en España, obligadas a viajar a otra provincia para ejercer su derecho. En este caso, a una clínica concertada en Valladolid, a 130 kilómetros.
El proceso dio comienzo en mayo, cuando fue nombrado Jefe de Servicio de Ginecología Modesto Rey, quien entre los proyectos que quería implantar “incorporaba la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo”, explica Renuncio. El precedente está en el Hospital de Miranda de Ebro, también en Burgos, único hospital público en Castilla y León que realiza abortos actualmente, y en el que también ejerció este ginecólogo. “Fue clave la motivación de la jefa de servicio que teníamos entonces, que quiso darle un impulso a esta cobertura. Empezamos por las mujeres que se acogían al artículo 15 de la ley –grave riesgo para la vida o la salud o anomalías fetales– hasta llegar a todos los demás”.
En el momento en el que los centros sanitarios que nunca antes han llevado a cabo estas intervenciones comienzan a rodarse, cree este ginecólogo, se convierte en un servicio más. Porque en la actualidad “está cargado de estigma” y se da una especie de círculo vicioso: el aborto no está normalizado porque no se asume en la sanidad pública, pero al hecho de que no lo haga también contribuye su invisibilización.
“No hay voluntad”
Para Renuncio, detrás de esta realidad existe una “enorme falta de voluntad” y asegura que la objeción de conciencia, que es el derecho de los médicos a oponerse por motivos éticos o religiosos a una práctica que es legal, no está generalizada en los servicios. “Hay casos, claro, pero el argumento de que todos son objetores no es real, tiene más que ver con que no hay una voluntad de saber a las claras qué pasa en los hospitales, con cuántos profesionales se cuenta para en verdad poner en marcha esta prestación, se da por hecho y no se pregunta”. El médico cree que esta forma “más pasiva” de obstaculizar el acceso se complementa con “otra más activa” que también se da.
Se refiere a jefes de servicio y direcciones de hospitales (e incluso gobiernos de comunidades autónomas) que “ideológicamente” se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo. “Se sabe que hay algunos hospitales en los que esto ocurre, que son muy conservadores y directamente están en contra”, dice María sobre algunos centros de Madrid. Sin embargo, la ley del aborto es clara al respecto: la objeción de conciencia no puede ser colectiva, es un derecho individual que quien lo ejerza debe manifestar “anticipadamente y por escrito” para que “el acceso y la calidad asistencial de la prestación no puedan resultar menoscabadas”.
La realidad es que estos datos no se recaban, confirman todas las profesionales consultadas para este reportaje. Con el objetivo de obligar a las Administraciones a contar con información clara al respecto, el Ministerio de Igualdad prevé crear registros de objetores al estilo de lo que ya recoge la Ley de Eutanasia. Lo hará en el marco de la reforma de la norma, cuyo primer borrador el departamento dirigido por Irene Montero prevé tener en el mes de diciembre, según ha anunciado la ministra, que calificó de “urgente” la modificación de la ley para dar un paso más en la regulación de la objeción de conciencia y evitar que lastre el acceso al aborto.