Parecía que nunca era el momento de plasmar sobre el papel el compromiso al que el Gobierno había llegado con los productos de higiene femenina, pero finalmente este jueves ha anunciado que los próximos Presupuestos Generales del Estado contemplarán una rebaja del IVA del 10% actual al 4%.
Así lo ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se opuso el pasado mes de mayo a incluir esta medida en la reforma de la Ley del Aborto que capitaneaba el Ministerio de Igualdad con vistas a hacerlo en las próximas cuentas públicas. Se trata de un compromiso tanto del PSOE como de Unidas Podemos, que pactaron incluirlo en el acuerdo del gobierno de coalición y también en los Presupuestos Generales del Estado que ambas formaciones acordaron para 2019.
Las cuentas, sin embargo, decayeron. Y desde entonces, la medida, que el Ministerio de Igualdad ha ido llevando a las distintas negociaciones posteriores, no volvió a incluirse hasta ahora. Entonces, las cuentas que hizo Hacienda revelaban que el impacto económico implicaría que el Estado dejaría de ingresar 18 millones de euros.
Los productos para la regla están gravados actualmente con un IVA reducido, esto es del 10%, el mismo que se aplica, por ejemplo, a garajes y viviendas, o a los objetos de arte y el coleccionismo. Compresas y tampones están excluidos de los considerados bienes de primera necesidad, a los que se aplica un IVA superreducido del 4%, entre ellos, los medicamentos, el material escolar o el pan, la fruta o la leche.
Las cuentas también contemplarán la rebaja para otros productos como los preservativos y los anticonceptivos no medicinales (todos los medicamentos ya están sujetos ahora al 4% de IVA), según ha avanzado la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y ha confirmado Hacienda. La ministra de Trabajo ha aplaudido que “por fin” los tampones, compresas y otros productos de higiene femenina alcancen el superreducido porque “son productos esenciales y no lujos”.
La medida ha sido muy celebrada en el Ministerio de Igualdad, cuya titular, Irene Montero, ha calificado de “justifica fiscal y feminista”. “Combatir la pobreza menstrual es un deber para proteger la salud de todas las mujeres”, ha proseguido la ministra.
Apenas hay datos que midan el impacto de este tipo de pobreza, invisible y poco reconocida, que sufren quienes a duras penas llegan a fin de mes, pero un reciente estudio puesto en marcha por el instituto de investigación IDIAPJGol, que entrevistó a 22.000 participantes, concluyó que el 22,2% de las mujeres no han podido acceder en algún momento de su vida a productos de higiene femenina por dificultades económicas y hasta un 39,9% no se puede costear el producto de su elección.
“La pobreza menstrual es una de las más injustas desigualdades de género que seguimos sufriendo”, ha celebrado también la secretaría de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. “Especialmente satisfecha” de “haber arrancado” esta medida se ha mostrado por su parte la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que lo ha calificado de “injusticia” que “las mujeres, especialmente las más precarias, llevan demasiado tiempo soportando en nuestro país”.