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Un posible conflicto de intereses, un 'aval fantasma' de cinco millones de euros, una decisión del Gobierno de Juanma Moreno en contra del pronunciamiento del resto de instituciones educativas y un par de intentos previos fallidos. Con estos ingredientes se tramita la creación del primer campus privado online andaluz, la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), que por ahora no tiene fecha concreta de inicio de funcionamiento.
Este proyecto educativo privado está vinculado al grupo Medac, una compañía impulsada por Francisco Javier Imbroda, consejero de Educación de la Junta de Andalucía hasta su fallecimiento el pasado mes de abril. Aunque el ex entrenador de baloncesto formó parte de esta sociedad y mantuvo relaciones empresariales con algunos de los promotores del campus, el político de Ciudadanos no se inhibió en el Consejo de Gobierno del 7 de febrero en el que el Ejecutivo andaluz acordó el inicio de tramitación del anteproyecto de ley de reconocimiento de Utamed, según la información obtenida por elDiario.es a través del portal de transparencia.
Junto a esta polémica actuación, también hay que tener en cuenta que “el representante de la sociedad promotora” aseguró al Ministerio que, “con carácter previo al inicio de la actividad de la universidad”, para garantizar la viabilidad de su proyecto de educación privada “se constituirá un aval de la Junta de Andalucía en favor de la sociedad promotora Sapere Aude Arco Mediterráneo SL por un importe de 5,18 millones de euros”, tal y como figura en el informe –al que ha accedido elDiario.es– elaborado por Universidades en enero de 2021 para presentar ante la Conferencia General de Política Universitaria. Desde el Gobierno andaluz aseguran que la afirmación que figura en este documento oficial no es cierta y que la Junta no se ha comprometido a avalar esta iniciativa.
La sociedad que ha realizado las gestiones administrativas es Sapere Aude Arco Mediterráneo, pero la marca y el grupo que promueve este proyecto es Medac, tal y como reconoció Utamed en un comunicado. Este no es el primer intento con el que Medac ha tratado de impulsar una universidad privada online. En 2018, los promotores fueron el propio Imbroda, junto a Paco Ávila y Miguel Reinoso, tal y como recoge la hemeroteca.
Tres informes en contra
El grupo empresarial educativo desarrolló un proyecto muy parecido al andaluz en Melilla. En ese momento la ciudad autónoma estaba gobernada por Juan José Imbroda, hermano del consejero de la Junta que ha fallecido recientemente. Dos años antes, en 2016 y con un Gobierno socialista al frente de Andalucía, lo habían intentado en en esta región de forma infructuosa, según planteó Ávila en una entrevista publicada en El Español.
El proyecto contó el 2 de marzo de 2018 con el aval del Consejo de Gobierno melillense, pero no salió adelante porque el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se pronunció en contra y defendió que “la viabilidad del proyecto” estaba “insuficientemente garantizada” por asuntos económicos. En este caso, el posicionamiento del Gobierno central era definitivo porque la ciudad autónoma no tiene competencias universitarias. Esta propuesta fue inspiradora para la andaluza, ya que el Ministerio detectó en 2021 “numerosas coincidencias” entre las dos iniciativas.
Con el fracaso melillense ya superado y tras la entrada de Imbroda en el Gobierno andaluz, sus socios volvieron a la carga en junio de 2019. En esta ocasión proponían la creación de una universidad con sede en Málaga. El domicilio social de Sapere Aude Arco Mediterráneo, la empresa que solicita ante el Ministerio y la Junta el reconocimiento como universidad, coincide con el de varias compañías de las que Imbroda formó parte antes de ser consejero.
Esta ubicación, la calle Malasaña número 4 (Málaga), también es la sede del grupo Medac, empresa que constituyó Imbroda, como publicó elDiario.es. “No tengo ninguna vinculación, vendí todo antes de las elecciones”, apuntó el consejero en una entrevista en La Razón, al ser preguntado por sus participaciones en la compañía de Formación Profesional.
Un consejero de Ciudadanos al frente de la decisión
Al entrar en el Gobierno, Imbroda asumió la cartera de Educación. Su departamento no fue el encargado de analizar la viabilidad de Utamed. El responsable de estos asuntos fue su compañero Rogelio Velasco, titular de la cartera de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Los dos, tanto Imbroda como Velasco, fueron nombrados por Ciudadanos. Desde la Consejería de Educación aseguran que el ex entrenador de baloncesto “vendió todas sus acciones de Medac antes de las elecciones andaluzas de 2018, cuando no sabía siquiera si iba a ser diputado y mucho menos consejero”.
Además, fuentes de la Consejería de Educación recuerdan que posteriormente el grupo especializado en impartir cursos de FP privada “cambió de propiedad”. De esta forma se refieren a la adquisición de Medac por parte del fondo americano KKR. Según publicó Diario Sur, tanto Ávila como Reinoso salieron del accionariado de la compañía. Aún así, tal y como informa el mismo medio, Ávila se mantiene como presidente de la compañía. elDiario.es ha tratado de aclarar con estos dos empresarios y con Medac su vinculación actual con Utamed, sin que hayan respondido a ninguna de las peticiones de información de esta redacción.
Por ahora, la disolución del Parlamento andaluz no ha afectado al anteproyecto de creación de esta Universidad, ya que “aún no había comenzado su tramitación parlamentaria”, indican desde la asamblea regional. Antes de la convocatoria electoral, la Consejería de Transformación Económica “se encontraba, tal y como indica la Ley, recabando todos los informes y culminando el resto de trámites establecidos, para someterse de nuevo al Consejo de Gobierno para su visto bueno como proyecto de ley (tras lo que se trasladaría al Parlamento para su aprobación)”, indican fuentes de este departamento. Y añaden: “El procedimiento continúa su tramitación administrativa”.
“Numerosas coincidencias” en los dos proyectos
A diferencia de lo sucedido en la ciudad autónoma, en este caso Andalucía sí que tenía la última palabra para que la universidad saliese adelante, independientemente del informe emitido por el Ministerio. El proyecto era muy parecido al que ya habían presentado previamente al Ministerio cuando pretendían establecerse en Melilla. Lo reconocen los técnicos de la Secretaría General de Universidades en el informe elaborado en enero de 2021 para presentar ante la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano estatal encargado de posicionarse ante las peticiones de reconocimiento de universidades.
La universidad que Imbroda pretendía abrir junto a sus socios con sede en Melilla se llamaba Utemed, Universidad Tecnológica del Mediterráneo. La que finalmente se ha aprobado en Andalucía se llama Utamed. Solo cambia una vocal. Al comparar los dos proyectos, la Secretaría General de Universidades reconoce que presentan “muy numerosas coincidencias (entre ellas la oferta académica, el logo y el nombre)”, según los informes del Ministerio a los que ha accedido elDiario.es. Actualmente, el logo de Utamed está registrado a nombre de Ávila.
En los documentos consultados por esta redacción, Universidades señala varias deficiencias “coincidentes” entre Utamed y Utemed que ponen en cuestión el campus que ha sido aprobado por el actual Gobierno andaluz. Entre los puntos que destaca el Ministerio, incluyen la “inviabilidad financiera del proyecto”, la “inexistencia de un plan de investigación”, la “falta de concreción del modelo académico” y la ausencia del aval prometido. Los técnicos destacan en el proyecto melillense que su sostenibilidad económica estaba “insuficientemente garantizada” porque “las pérdidas del primer año” se pretendían cubrir “con un aval” que no aportaron.
Un 'aval fantasma' adjudicado a la Junta
Una argumentación parecida aportaron los promotores cuando tuvieron que analizar el campus con sede en Málaga. Ante las dudas de Universidades sobre la viabilidad del proyecto, el representante de la sociedad promotora aportó ante el Ministerio “un escrito” en el que certificó “que con carácter previo al inicio de la actividad de la Universidad se constituirá un aval de la Junta de Andalucía en favor de la sociedad promotora” por “un importe de 5,18 millones de euros”.
En el momento en el que se redactó este documento, los empresarios no pudieron acreditar ese aval. “En el escrito de alegaciones se indica que está por negociar”, apuntan los técnicos, a la vez que señalan que tampoco han “presentado un compromiso firmado por la Junta de Andalucía que contemple la intención de concederlo”.
“En absoluto es cierto que se trate de un aval de la Junta de Andalucía”, apuntan fuentes de la Consejería de Transformación Económica. Desde este departamento aseguran que, como exige la ley, “la promotora presentó un plan de cierre de la universidad y aportó aval bancario de una entidad financiera para garantizar” ante el Gobierno “el compromiso de mantenimiento de sus actividades durante el tiempo necesario para la consecución de los objetivos académicos e investigadores establecidos en su programación, por un importe de 5,18 millones de euros”.
El informe del Ministerio en el que se cita el presunto compromiso de aval de la Junta figura en un documento esencial para los funcionarios andaluces que elaboraron la memoria justificativa del anteproyecto de ley. Asimismo, en 2021 se entregó a representantes de todos los gobiernos autonómicos que acudieron a la Conferencia General de Política en la que se abordó este asunto. ¿Andalucía comunicó al Ministerio que la información recogida en este documento no era correcta? Ni la Consejería ni Universidades aclaran esta cuestión.
Aún así, y a pesar del sustento económico que tratan de defender los promotores de la universidad, el Ministerio sostiene que “la viabilidad del proyecto está insuficientemente garantizada puesto que no existe constancia documental de los avales económicos necesarios para la puesta en marcha de la Universidad”.
Finalmente, Utamed ha obtenido la autorización del Gobierno andaluz, conformado por populares y Ciudadanos, pero ni la Conferencia General de Política Universitaria, ni la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluz del Conocimiento ni el Consejo Andaluz de Universidades se posicionaron a favor del campus.
Las cuentas que valora el Ministerio para no avalar el proyecto educativo online que se pretende levantar en Málaga recogen que “hasta el comienzo de la actividad académica se estiman unos costes de 534.608 euros, que serán financiados con un préstamo de 2.000.000 de euros a 10 años a un 2,5% de interés”.
Una cuenta de resultados millonaria en cuatro años
Los redactores de este documento destacan que la sociedad promotora de la Universidad, Sapere Aude Arco Mediterráneo, cuenta con un capital social de 150.000 euros, una cantidad con la que no cubre los gastos estimados. En cuatro años de funcionamiento los socios del proyecto prevén alcanzar unas cuentas de resultados superiores a tres millones de euros, según los datos económicos del informe de Universidades.
En el detallado análisis que realiza el Ministerio, los técnicos se detienen en algunas “incertidumbres” del proyecto. Se hace referencia a las prácticas externas y a los emplazamientos que albergarán los exámenes presenciales. La Secretaría General de Universidades cuestiona que las evaluaciones se vayan a realizar en instalaciones del “grupo Medac (entidad de formación profesional) o del grupo Vocento (medios de comunicación) y no en sedes universitarias”. Asimismo, alerta de que “no se adjunta ningún convenio o compromiso firmado” de empresas con las que asegurar que van a realizar prácticas. Para sacar adelante este proyecto, la Junta asegura que los promotores han subsanado estas deficiencias.
Utamed está promovida por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L., una sociedad unipersonal que pertenece a la compañía PEF 1 Mediterráneo Activo Holding. Este grupo cuenta con un capital social de tres millones de euros y –siempre según la documentación elaborada por el Ministerio en enero de 2021– tenía en ese momento entre sus participantes, con un 11,34% (340.203 euros), a Miguel Reinoso, al que los técnicos definen como fundador de Medac.
Entramado de nombres y empresas
Reinoso fue uno de los impulsores junto a Imbroda del intento de creación de la universidad en Melilla. Su nombre y el del consejero andaluz fallecido se cruzan en varias empresas. El cese de Imbroda y el nombramiento de Reinoso como administradores únicos de sociedades se produce en varios casos, como con la entidad Universidad del Deporte y la Salud y el Centro de Formación Profesional en el Deporte y la Salud Málaga 2015. Según la información pública del Registro Mercantil, en noviembre Reinoso fue inscrito como administrador único del holding PEF 1.
El tercer promotor del proyecto con sede en Melilla fue Paco Ávila, que en varias intervenciones en medios de comunicación es presentado como presidente de Utamed. El nombre de Ávila también se cruza con el de Imbroda en la sociedad Puntoactivo Centro Deportivo como administradores solidarios.
En este entramado empresarial, el nombre del que fue entrenador de baloncesto y el grupo PEF 1 Mediterráneo Activo Holding también se encuentran en el registro mercantil. El 16 de enero de 2019, seis días antes de su nombramiento, esta sociedad se inscribía como administradora única de la entidad Sanidep Formación de la Salud y el Deporte, a la vez que Imbroda cesaba en ese cargo.
Desde la Consejería de Educación desvinculan a Imbroda de Sapere Aude Arco Mediterráneo, la entidad que ha impulsado los trámites administrativos del campus privado. Sin embargo, como publicó esta redacción, la propia Utamed resaltó en un comunicado que la universidad “está promovida por [el] grupo Medac”, al que estuvo vinculado el consejero fallecido. Además, desde la cartera educativa reseñan que “no es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, sino el Parlamento de Andalucía, el que aprueba el reconocimiento de las universidades privadas en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía”.
En relación al carácter de la sociedad promotora de esta universidad, los técnicos del Ministerio destacan que “el 63,98% de las participaciones de las sociedades que conforman” el grupo PEF “corresponden a sociedades de inversión”. Universidades tiene esto en cuenta y, según la documentación consultada por esta redacción, destaca que “el apoyo societario” a este campus depende de “un grupo cuya principal actividad es el área financiera y de capital riesgo”. Con el objetivo de subsanar esta observación del Ministerio, este holding incluyó “la actividad de enseñanza educativa” en su objeto social, según el informe de la Junta.
En estos informes se detalla el precio de la matrícula (4.200 euros para grados y máster y 2.200 euros para los doctorados) y el número de alumnos y profesores que la sociedad impulsora estima que formarán partes de sus campus educativos.
La propuesta académica
Académicamente, Utamed nace ya obsoleta y fuera de la ley. Se da la circunstancia de que durante el trámite de aprobación de la universidad, el Ministerio de Universidades cambió los requisitos que deben cumplir los campus para ser consideradas como tal, endureciéndolos, y el proyecto de los socios de Imbroda ha dejado de cumplir varias de las condiciones exigidas.
Si Utamed se sometiera a consideración hoy, no le alcanzaría. Esto no es inhabilitante por sí mismo porque el proyecto debe cumplir la normativa vigente cuando se presenta, pero sí implica que tiene cinco años para adaptarse al nuevo Real Decreto si no quiere perder la condición de Universidad y pasar a ser un centro de estudios o algo similar. Y tienen faena por delante los responsables de Utamed.
Ante la aprobación de proyectos que no cumplan la nueva ley de universidad, desde el departamento que ahora dirige Joan Subirats aseguran que “es preocupante que las comunidades autónomas aprueben ciertos proyectos habiendo un decreto que establece unos mínimos muy básicos y que estos no se cumplan”.
El proyecto aprobado propone crear seis títulos de grado, siete de máster y aparecen dos áreas de doctorado sin mucha concreción, cuando el nuevo decreto que promovió el anterior ministro Castells impone “como mínimo” que ofrezcan diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado, y además deben ser de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento, otro requisito que no cumple Utamed (ofrece títulos de dos ramas).
Los mínimos en cuanto al Personal Docente Investigador (porcentaje respecto al alumnado, relación de trabajadores a tiempo completo) sí se alcanzan en un principio (aunque se contemplan contratos por obra y servicio, actualmente extinguidos) y además pueden ser presentados al final del proceso, a la hora de pedir la autorización para iniciar las actividades.
Una cuestión que sí está consignada en la propuesta es una aproximación de los salarios que Utamed pretende pagar. Por ejemplo, la empresa propone dedicar durante el primer periodo, hasta que empiece la actividad, 23.381 euros anuales para el secretario general, 21.356 para el gerente o 30.958 para dos administrativos.
La Junta defiende la implantación de esta universidad privada en Andalucía. La Consejería encargada de emitir autorizaciones de reconocimiento defiende que esta decisión “no representa amenaza alguna para nuestro sistema universitario público, como viene a demostrar la experiencia de otras comunidades”.