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El Gobierno prevé aprobar el martes el anteproyecto de ley de Cambio Climático por el que los coches nuevos en España no podrán emitir CO en 2040. El borrador del texto, al que ha tenido acceso eldiario.es, incluye que los “turismos y vehículos comerciales ligeros” deben ser de 0 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, lo que implica que los motores de combustión a base de gasolina o gas-oil, tal y como funcionan actualmente, no podrán aparecer en los vehículos nuevos a partir de ese año.
La idea de que la ley de Cambio Climático sacara de circulación los automóviles que utilizan combustibles fósiles apareció en la primer versión del texto en noviembre de 2018. Entonces se barajó la fórmula de prohibir la matriculación de coches que emitieran CO. La medida se modificó y en febrero de 2019, el Consejo de Ministros recibió un articulado que ya proponía que los automóviles nuevos, desde 2040, deberán ser de cero emisiones independientemente de la tecnología que usen. Los motores térmicos gasolina o diésel (incluso los híbridos) hoy emiten el dióxido de carbono por sus tubos de escape.
El anteproyecto, que una vez tenga el visto bueno del Consejo de Ministros pasará a su trámite en las Cortes –donde puede ser enmendado para salir adelante en las votaciones– tiene un objetivo global: “España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050”. Neutralidad climática es un concepto que implica que la resta de las emisiones de gases de efecto invernadero y las posibles captaciones de esos gases resulte cero.
El cálculo se hace restando a la emisión proveniente por ejemplo de la industria o el parque automotor la captación y captura de ese COa través de mecanismos específicos o por la capacidad de absorción y almacenaje de carbono que pueden proporcionar los bosques. Sin embargo, la fórmula más efectiva para conseguir ese resultado es rebajar la aportación de gases que se lanzan a la atmósfera. Es decir: recortar las emisiones.
En este sentido, la ley propuesta establece que para ese 2050, el sistema de producción de electricidad de España debe ser el 100% a base de fuentes renovables y el parque móvil tiene que conseguir no aportar gases invernadero. Para llegar a esa neutralidad, las emisiones españolas tendrán que haber caído en 2030 al menos un 20% respecto a lo que se lanzaba en 1990, según especifica la norma. Eso obligará, indica el borrador, a que dentro de 10 años un tercio de la energía que se consuma tendrá que estar producida con fuentes renovables. También establece que debe conseguirse una eficiencia a la hora de utilizar energía (en los coches, en las calefacciones en los electrodomésticos o los procesos industriales) para que se reduzca la necesidad de producir energía.
Facilitar la bicicleta
Además de obligar a que por las calles y las carreteras españolas circulen vehículos limpios en 2050, el anteproyecto de ley prevé que los municipios e islas de más de 50.000 habitantes tendrán que desarrollar planes para rebajar las emisiones que implica la movilidad urbana: deberán establecer zonas de bajas emisiones como mucho para 2030; deberán “facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables” y mejorar el transporte público y electrificar los autobuses. Este aspecto ha cobrado aún más fuerza con la pandemia de la COVID-19 a la hora diseñar una movilidad coherente con las medidas de prevención contra la enfermedad: distancia física entre personas.
Además se especifica que “la regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente”. Un punto que se enlaza con la intención, de momento paralizada por los jueces, del alcalde de Madrid, José Martínez Almeida de desmontar la zona de Madrid Central.
Para que los vehículos de cero emisiones como los eléctricos puedan extenderse en este modelo de movilidad neutra en carbono, hace falta que haya lugares donde recargarlos. El anteproyecto obliga a que los propietarios de gasolineras dispongan, al menos, de un punto de recargada en cada una de sus instalaciones. El texto propuesto da 21 meses de plazo para que entren en funcionamiento para las gasolineras grandes y 27 meses para las de menor tamaño.