Aunque actualmente la polémica sobre el agua viene de la gestión de las reservas –hay menos para satisfacer una demanda intensificada– los nuevos patrones de precipitación en España han incrementado el riesgo de inundaciones y avenidas. Caen menos lluvias, pero más concentradas, es decir, con más violencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los planes de gestión de riesgos de inundación para las demarcaciones que ocupan varias comunidades autónomas: Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Júcar, Segura, Duero, Cantábrico occidental, Ebro –además de Galicia-Costa–. más de 2,5 millones de personas viven en zonas inundables en esos territorios, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica.
Este riesgo alcanza a más de medio millón de personas tanto en la demarcación del río Guadalquivir como en la del Segura y otras 495.000 en la del río Júcar. En el Ebro y el Duero superan las 250.000 personas en riesgo. En el Cantábrico occidental suman 149.000 habitantes, en el Guadiana 73.000, en el Tajo 52.000, en Galicia 42.000 y en el Miño-Sil otras 29.000. El cálculo culmina con 9.900 personas en Melilla y 958 en Ceuta.
Los planes deben lidiar con esta nueva realidad climática que ha exacerbado uno de los desastres naturales con víctimas que más afectan a España. “Se prioriza la profundización del estudio del impacto del cambio climático para prepararse para sus peores impactos”.
Hace una semana, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera hacía hincapié en que la planificación hidrológica debía ya tener en cuenta estos patrones: “Tenemos que estar preparados para sequías extremas e inundaciones duras”. La Agencia Estatal de Meteorología ha constatado en sus registros cómo las lluvias en España se están volviendo más torrenciales.
De hecho, las precipitaciones muy intensas de diciembre de 2022 dejaron en diez días casi tanta agua como lo habitual para los treinta días de ese mes, pero conllevó un buen puñado de estragos materiales por inundaciones en Extremadura o Andalucía y, lo que es peor, una victima mortal en Salamanca.
En este sentido, los planes asignan 55 millones de euros a la Agencia para desarrollar una red de observación por radar para intentar responder “con la máxima precisión posible a las necesidades de predicción de fenómenos meteorológicos extremos”, dice Transición Ecológica.
Otra idea que desarrollan es utilizar la propia naturaleza como colchón de protección a base de incrementar el espacio fluvial, es decir, dar espacio a los ríos, recuperación de hábitat, como los bosques de ribera que sujetan el terreno al paso del agua, o la creación de llanuras de inundación –por donde el agua desborde de manera más suave y controlada para evitar daños–.
España, debido a la erosión que padece, la deforestación y la ocupación del suelo es especialmente vulnerable a las avenidas. Eso hace que incluso a igual cantidad de lluvia haga más daño. Los tramos en peligro de inundaciones suman casi 12.000 kilómetros.
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