El Gobierno propone que la máxima de “si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no” inspire la reforma de los delitos sexuales que se estudia desde la sentencia que condena por abuso sexual a los cinco miembros de 'la manada'. Así lo ha especificado la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, que ha comparecido en la Comisión de Igualdad del Congreso para perfilar las líneas de actuación en esta materia consideradas prioritarias para el Ejecutivo. Entre ellas, un refuerzo presupuestario para los ayuntamientos en materia de violencia machista o encargar un informe a la RAE para adaptar la Constitución a lenguaje inclusivo.
Calvo ha hecho hincapié en que es necesaria una revisión del Código Penal, algo que ya está haciendo una comisión de expertos y expertas que ya han propuesto eliminar el delito de abuso sexual, para “asegurar mucho mejor en términos de garantías los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación lo que son gravisimos delitos contra las mujeres”. En este sentido, ha nombrado las recientes modificaciones de Suecia y Alemania y ha instado a que “el lema sustantivo” de ambas reformas “sea el que seamos capaces de sacar aquí adelante”. Algo, ha dicho, “tan rotundo y tan perfecto como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”.
Calvo, que ha iniciado su intervención recordando a las cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los últimos cuatro días, ha anunciado que el Gobierno va a contabilizar las víctimas por violencia machista de forma global desde que hay estadísticas y sin poner el contador a cero cada 1 de enero. “La sociedad necesita saber que el cómputo es enorme, tremendo. Con una sola ya es un tragedia, pero son 945 desde que tenemos estadísticas”.
En este sentido, la ministra ha comenzado detallando las medidas relativas a la violencia de género y ha asegurado que el Gobierno pretende “sacar adelante” todas las contenidas en el pacto, entre ellas, ha nombrado como prioritaria la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya está tramitando el Congreso. La iniciativa, presentada por el PSOE, dio su primer paso en la cámara a principios de junio y pretende reforzar la especialización de los jueces en violencia de género; una norma “acorde con con una democracia que se tiene que alejar del patriarcado y de una mirada sexista cuando se interpretan las normas”, ha explicado Calvo.
La ministra ha hecho hincapié en el papel que juegan los ayuntamientos en la prevención y protección de las mujeres víctimas, que en muchos casos se erigen como el primer filtro al que acuden. Por ello, ha afirmado que devolverá las competencias a los consistorios que les fueron recortadas durante la crisis y que el Gobierno hará un “esfuerzo presupuestario mayor del que ya tenía el pacto” porque los 20 millones contemplados “son escasos si queremos que nuestros municipios se conviertan en lugares que amparen rápidamente a las mujeres”.
En la financiación del pacto se destinan 120 millones: 80 gestionados por la Administración Central, 100 por las comunidades autónomas y 20 por los ayuntamientos que finalmente serán transferencias directas por parte del Ejecutivo después de que la oposición lograra que el PP diera marcha atrás para no supeditar este dinero al sistema de financiación autonómica.
“Esto significa trabajar en la prevención. Cuando una mujer es asesinada y había denunciado, es evidente que las medidas habían fallado. Otras mujeres no denuncian, y estas son más difíciles de proteger. Tenemos que prevenir, educar para que todas ellas sepan que deben dar un paso al frente porque la solidaridad de un país como el nuestro las está esperando para ayudarlas”, ha añadido la ministra.
Ley contra la trata
Calvo ha recordado que en el ámbito educativo se trabaja “en la dirección de alcanzar” una asignatura de valores cívicos en la que incluir la igualdad de género y la diversidad afectivo sexual. En este sentido, ha nombrado a los menores trans y al colectivo LGTBI en general como “otras desigualdades” más allá de la de género que “también tiene que amparar este ministerio”.
“Este Gobierno y el Ministerio de Igualdad no hará eso que al patriarcado le conviene tanto que es mujeres haciendo política para mujeres. Este es un Gobierno que hará políticas feministas, propuestas de tranformación de la agenda política”, ha especificado.
Calvo también ha detallado que el Gobierno trabaja en una ley contra la trata –aunque no ha especificado, se ha referido a mujeres, niños y niñas dando a entender que se circunscribirá a trata con fines de explotación sexual– de la que apenas ha dado detalles y ha incidido en que el Ejecutivo “está reflexionando cómo acompañar mejor a las mujeres víctimas en sus defensas” después de que el Consejo de Ministras anunciara que el Gobierno estudiará si personarse en los casos de violencia sexual.
Corresponsabilidad y usos del tiempo
En cuanto a las medidas en el ámbito económico, la ministra de Igualdad ha iniciado resaltando el papel fundamental de “la independencia económica” de las mujeres y denunciando cómo la maternidad penaliza a las mujeres en lo laboral, donde ha asegurado que se debe “poner un foco importante”. “No solo en cuanto a la brecha salarial y la discriminación en las pensiones, si no en cómo acontece todo el espacio laboral de las mujeres: cifras de desempleo, trabajos precarios, feminización de la pobreza...”.
“Ser mujer joven, trabajadora, profesional e intentar ser madre con pareja o sin ella es prácticamente un imposible. Y todas sabemos cómo se resuelve: en el ámbito privado y en el ámbito de la solidaridad privada. Donde el ámbito privado sustituye las responsabilidades de los poderes públicos”, ha sostenido.
Calvo ha asegurado que el Gobierno hará modificaciones en el Estatuto de Trabajadores y otras leyes relativas al ámbito laboral para reconocer la corresponsabilidad como un derecho y no como algo dependiente de la sensibilidad de las empresas. Además, ha especificado que el Ejecutivo trabaja en una ley “de usos del tiempo, de racionalización de los horarios y corresponsabilidad de la vida familiar y personal” y pretende poner en marcha una Ley de Familias, de la que no ha detallado ningún contenido.
Por último, ha destacado algunos ámbitos en los que, según ha afirmado, pondrá el foco su Ministerio: las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, la discriminación en el deporte, el papel que juega la cultura en la ruptura de estereotipos o prejuicios machistas o el lenguaje inclusivo. En este sentido, ha señalado que ha encargado un estudio a la Real Academia Española para adecuar la Constitución a la perspectiva de género en cuanto al lenguaje.