El Gobierno central y las comunidades autónomas han alcanzado una serie de acuerdos para mejorar el desarrollo del curso escolar, que ha comenzado de manera “correcta”, según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una reunión entre su cartera, la de Educación y los Gobiernos regionales. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado las medidas tomadas, entre las que destacan que se va a flexibilizar la prueba de acceso a la Universidad ante las dificultades para desarrollar los temarios íntegros en este curso convulso y que se facilitará la contratación de docentes rebajando los requisitos para ejercer para que las comunidades puedan rebajar el máximo de alumnos por aula.
Creen el Gobierno y las comunidades que el inicio del curso, desde el punto de vista de la Salud Pública, ha empezado bien. Los últimos datos sobre aulas clausuradas, ofrecidos por Celaá en rueda de prensa tras la reunión, hablan de 2.852 unidades (clases) cerradas sobre un total de 380.000, lo que supone un 0,73% del total. El objetivo del Gobierno, ha insistido la ministra varias veces, “es mantener los centros abiertos y garantizar la presencialidad”.
Las administraciones son conscientes de las dificultades que puede suponer para los 2º de Bachillerato cumplir con los temarios en un curso con tanta incertidumbre y docencia online, de manera que lleguen correctamente preparados a la Ebau (en su acrónimo más común, también se utilizan Evau o PAU). Los profesores estaban exigiendo ya medidas para poder programar y tener certidumbres en un curso que no da tregua y va muy justo de tiempo. Han sido escuchados. “El modelo será similar al del año pasado, se adaptará a las circunstancias extraordinarias y lo haremos con carácter inmediato”, ha explicado la ministra Celaá.
También se va a facilitar la contratación de docentes ante las dificultades que están encontrando algunas comunidades, ha explicado Celaá, para encontrar docentes que cumplan las condiciones necesarias para ejercer la docencia. Así, “de manera excepcional y limitada y hasta que concluya el curso académico de la pandemia”, los Gobiernos regionales podrán contratar profesores que no hayan cursado el máster de Secundaria, obligatorio en circunstancias normales, si se han agotado las bolsas de interinos habituales. “Siempre que cumplan el resto de requisitos para ejercer la docencia”, ha matizado Celaá. El agotamiento de las bolsas de interinas, ha comentado la ministra, se está dando en algunas comunidades autónomas, agravada también por la suspensión de las oposiciones docentes el pasado verano por la pandemia.
No son las únicas medidas adoptadas. La ministra Celaá ha informado de que en total se han adoptado ocho acuerdos, incluidos los dos mencionados. Además de estos, Gobierno y comunidades autónomas han pactado flexibilizar los currículos, en la línea de la propuesta de modificación de la Selectividad. “Vamos a adaptar las programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles, competenciales, que no adoptaron el año pasado”, ha explicado la ministra. “Muchas comunidades y centros han manifestado su dificultad para hacerlo debido a la rigidez del sistema”.
Además, Gobierno y comunidades han acordado adaptar las prácticas de la Formación Profesional (FP), como se hizo el pasado curso. Se reducirá la duración de los módulos de formación en los centros de trabajo, ha informado la ministra, al mínimo de las horas contempladas en la ley.
Por último, las administraciones educativas también quieren “conseguir la presencialidad al 100% en los centros educativos”, que en este momento no se está dando porque a partir de 3º de la ESO se está impartiendo docencia semipresencial en diferentes formas según las comunidades autónomas. Respecto a la presencialidad, la ministra ha informado de que las comunidades, con carácter general, no están reportando problemas relevantes por una alta incidencia con el absentismo causado por el temor de algunas familias a llevar a sus hijos a los centros educativos. La ministra sí ha señalado, sin embargo, que “hay grupos minoritarios culturales que sí persisten en la no asistencia a clase”, según han informado tres Gobiernos regionales, y ha recordado que la abogacía del Estado acaba de concluir un informe sobre la cuestión que ratifica –ya se había dicho– “que la pandemia per se no exonera de la obligación de asistir al centro en la enseñanza obligatoria, pero que los centros son los que han de identificar las causas objetivas de no asistencia”.