Habemus plan de inicio de curso, al menos de momento. Gobierno y comunidades autónomas han acordado este miércoles cómo será el próximo año académico, que parece diseñado en base a un escenario en el que el coronavirus contagiará menos. Pero el curso arrancará con la posibilidad de volver a las clases más grandes (hasta 25 en Infantil y Primaria), romper los grupos burbuja en 4º y 5º de Primaria y menos distancia de seguridad, que se permitirá bajar de 1,5 metros a 1,2 metros. Varias comunidades querían rebajar aún más esta distancia, aunque finalmente no se ha considerado. “No conozco a nadie que quiera 1,5 metros de distancia, algunos querrían bajar a un metro”, ha explicado la ministra Isabel Celáa tras la reunión. Un documento de Sanidad y Educación explica que “se recomienda que en espacios cerrados con gente donde las personas pasan periodos de tiempos más largos la distancia sea mayor a un metro cuadrado”.
Además, también se ha acordado apostar por la presencialidad absoluta en todas las etapas (solo cuatro comunidades han aguantado el curso entero con todo el alumnado a diario en los centros) en función de los indicadores de incidencia del coronavirus. La suma de grupos más grandes y apuesta por la presencialidad apunta a que se prescindirá el próximo curso de, al menos, una buena parte de los 35.000 profesores de refuerzo contratados durante 2020-2021 para bajar la densidad de estudiantes por aula.
Sí se mantienen los llamados grupos burbuja en Infantil y los primeros cursos de Primaria (hasta 4º, incluido), en los que el alumnado no necesita mantener distancia de seguridad entre sí, aunque no se puede mezclar en los espacios comunes con otros grupos. En los últimos cursos de Primaria, 5º y 6º, se permite a las comunidades elegir si mantener los grupos burbuja (aislados y sin distancia) o tratarlos como a la ESO o el Bachillerato y la FP (al menos 1,2 metros de distancia y todos los alumnos que quepan en un aula hasta el máximo de 25 que marca la normativa estatal). Se mantiene, como este año, el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los seis años (1º de Primaria), la toma de temperatura y la higiene de manos obligatorias al entrar al centro y la obligatoriedad de que cada colegio tenga un responsable COVID.
Las medidas pactadas no han tenido demasiada buena acogida entre los profesionales de la educación. Los principales sindicatos educativos, las federaciones de directivos y profesores de toda España a través de las redes sociales han expresado su rechazo a título personal a la ampliación de las ratios y la disminución de la distancia de seguridad. La primera medida, por ser educativamente regresiva, aducen. La segunda, por no estar sostenida por ningún criterio científico. ¿El virus contagiará menos en septiembre?, se preguntan.
Además, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud de que los adolescentes de 12 a 16 años podrían ser vacunados antes de que empiece el curso escolar. Darias ha explicado que si la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba la solicitud de Pfizer para poder vacunar a los jóvenes, se trasladará la posibilidad de inmunizar a este grupo de estudiantes al Consejo Interterritorial de Salud. Si este lo aprueba, ha afirmado la ministra, se procederá a vacunar a esta población, idealmente antes de que empiece el curso escolar en septiembre. Quede por ver cómo afectará este hecho, si se produce, a la programación del curso escolar.
Ratio pre-pandemia
Uno de los principales cambios de lo acordado este miércoles y la propuesta que realizó el Gobierno a las comunidades autónomas la semana pasada, sobre la que los gobiernos autonómicos han realizado sus aportaciones, es el aumento del tamaño de las clases, que en la primera versión estaba fijado en 20 alumnos por clase para Infantil y 25 para Primaria y ahora se amplía a 25 para todos. El curso que acaba ahora se pactó que se realizara con unos máximos (teóricos, no se han respetado en todas las comunidades) de 20 alumnos por clase en los grupos burbuja, aunque legalmente las ratios nunca se llegaron a cambiar. El nuevo plan supone permitir, de facto, la vuelta al número de alumnos reales prepandemia (25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, con carácter general).
Educación recomienda a las comunidades que mantenga las ratios bajas, pero su postura no pasa de la recomendación. “Es una medida sanitaria”, ha afirmado la ministra Celáa, que ha descargado en el Ministerio de Sanidad esta decisión. La responsable de Educación ha defendido la importancia de esta medida, aunque el ministerio ha evitado bajarlas por ley. “La pandemia ha puesto de manifiesto las fortalezas de nuestro sistema educativo. Como en todas las crisis, también en esta situación sin precedentes hemos de ver una oportunidad para que el sistema avance. Algunas de las medidas adoptadas con carácter extraordinario deben permanecer para consolidar el gran cambio que estamos impulsando en nuestro sistema educativo”, ha solicitado. Este curso se han contratado entre todas las comunidades más de 35.000 docentes para reforzar las clases.
El plan aprobado también plantea distintas medidas en función de cómo evolucione la pandemia. Así, se plantea mantener la máxima presencialidad y la distancia de 1,2 metros entre el alumnado en aquellas comunidades en un escenario de riesgo 1 o 2 (una IA a 14 días máxima de 150 y una tasa de ocupación de las UCI de un 15%), pero se podrá pasar a semipresencialidad a partir de 3º de la ESO y ampliar la distancia a 1,5 metros si se superan esas cifras.
Los sindicatos docentes y las asociaciones de directivos de centros públicos han aireado su disgusto por la vuelta a la era prepandémica en cuanto a las ratios. El curso, con todas sus dificultades y sin entrar a valorar otras cuestiones, ha funcionado bastante bien con ratios reducidas desde el punto de vista meramente educativo, explican, y desandar ese camino es perder una oportunidad. CCOO ha mostrado “su más absoluto desacuerdo con las rebajas de esta medidas: volver a las ratios anteriores (...), disminuir la distancia de seguridad (...), prescindir del profesorado Covid (...), sobre todo cuando la pandemia no está superada”, lamentan en una nota. El sindicato calcula que haría falta prorrogar las 35.312 contrataciones de este curso y sumarles otras 30.000 incorporaciones “para garantizar la educación presencial en todos los niveles”. Según CCOO, garantizar esta presencialidad manteniendo un bajo nivel de ratios le costaría al Estado 2.654 millones de euros (el 0,24% del PIB).