La portada de mañana
Acceder
El Supremo amplía la investigación de los correos de la pareja de Ayuso
La Generalitat reconoció por escrito que el seguimiento de ríos es su responsabilidad
Opinión - Lobato, en su laberinto. Por Esther Palomera

El Gobierno tendrá que contestar sobre la agresión de un guardia civil a un activista antitaurino

El grupo en el Senado de Podemos-En Comú- Compromís- En Marea ha registrado por escrito una pregunta parlamentaria para que el Ejecutivo explique el caso de presunta agresión de un guardia civil a un activista antitaurino. La senadora Vanessa Angustia firma las cuestiones dirigidas al Gobierno: “¿Piensa tomar alguna medida disciplinaria contra el agente? ” y “¿tiene conocimiento de más situaciones como la grabada el pasado 6 de febrero?”

En el texto de la pregunta, la senadora Angustia expone que “la intimidación de un agente que se presupone autoridad pública, las amenazas los golpes y las vejaciones que se pueden comprobar en la grabación evidencian un sintomático problema de control entre algunos miembros de este cuerpo armado”. El vídeo recoge gritos como “te voy a reventar la cabeza, hijo de puta” o “ me cago en tus muertos, te voy a reventar, vas a rezar”.

A la senadora le parece “muy fuerte la reacción del agente. Es alucinante. Y más hacia un activista que se está dirigiendo de manera pacífica”. Vanessa Angustia entiende que “al Gobierno le parecerá intolerable. Eso es lo que presupongo”. El Ejecutivo tiene 20 días para contestar (ampliables a otros 20). “No pueden hacerse los sordos”, asegura Angustia “aunque puedan dilatar para que pierda actualidad”.

Luego añade que a su grupo le “preocupa que ciudadanos anónimos que se manifiestan de forma libre y pacífica puedan sufrir esta clase de represión física y verbal que supera cualquier límite de educación y respeto que merece cualquier persona”. 

La demanda al Ejecutivo concluye que “las amenazas de una agresión física, tan duras y explícitas como se muestran en las imágenes advierten la necesidad de instaurar medidas para proteger a la ciudadanía de los potenciales abusos de los agentes de policía”.  La Guardia Civil ha abierto una investigación interna para recabar la información sobre el caso.