El Gobierno ha presentado en los juzgados de A Coruña una demanda contra la familia Franco en la que le exige la devolución del Pazo de Meirás. Se basa para ello en un documento de 1938 que se desconocía hasta ahora y que, según la Abogacía del Estado, confirma que la venta del inmueble al dictador fue “fraudulenta”, según ha publicado este miércoles El País.
Esta acta notarial demostraría que la residencia había sido comprada el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro Pazo a los herederos de la escritora Emilia Pardo Bazán. El dinero se adelantó en hipoteca por el Banco Pastor y se pagó con una cuestación popular que, cuando fracasó, se convirtió en forzosa, según informa El País. Así, la venta a Franco tres años después mediante un contrato de compraventa entre el dictador y la viuda del hijo de la escritora sería fraudulento porque ya no eran propietarios del recinto.
La Junta Pro-Pazo, en la que se integraban el Gobierno Civil, el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación, entregó en 1938 la propiedad a Franco. Este organismo cedía al general, en su condición de Jefe de Estado, el Pazo de Meirás que antes había sido adquirido a Manuela Esteban-Collantes y Sandoval, legítima heredera de la hija de Pardo Bazán, antigua propietaria de las Torres. Los abogados del Estado recuerdan que desde ese año se llevó a cabo una remodelación ejecutada “por la Diputación y por la Jefatura Provincial de Obras”.
El 24 de mayo de 1941, después de que se publicitara aquella donación y Franco ya hubiese utilizado el Pazo como residencia oficial, se otorgó en Madrid y ante notario una escritura de compraventa de la finca urbana Torres de Meirás, inscrita en el Registro Civil de Betanzos justo medio año después. En ella se refleja una compraventa directa del inmueble entre los herederos de la familia Pardo Bazán, como vendedores, y Francisco Franco Bahamonde, como comprador a título personal, representado por Pedro Barrié de la Maza, miembro de la Junta Pro-Pazo y posteriormente Conde de Fenosa.
Según informa este miércoles El País, el Gobierno defiende en el escrito que “es evidente” que se trata de “un negocio sin causa (negocio simulado), dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa había sido ya vendido años antes” y “entregado al Jefe del Estado” en un acto oficial en diciembre del 38. La demanda se ha presentado contra los nietos de Franco, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, además de la mercantil Prístina, SL.
En un informe histórico-jurídico encargado por la Diputación de A Coruña hace un año se recogía que quien en ese momento no era legítimo propietario del Pazo firmó en un documento que “fingió la existencia de una nueva compraventa” en la que el comprador fue representado “a título exclusivamente particular”.
El Parlamento gallego instó al Gobierno a actuar
El Parlamento gallego aprobó a finales de 2018 por unanimidad una iniciativa impulsada por el BNG en la que se reprobaban las “argucias” de la familia Franco para intentar “boicotear” el proceso de devolución del Pazo de Meirás, y se urgía al Gobierno central actuar para que el inmueble se incorpore al patrimonio público.
En concreto, el texto aprobado acordaba como resolución “reprobar las argucias de la familia Franco para intentar boicotear el proceso de devolución del Pazo de Meirás”, e instar al Ejecutivo que dirigía Pedro Sánchez -ahora en funciones- a “activar con urgencia la demanda legal” conforme “lo indicado en la conclusión final del informe de la comisión de expertos” que trabajó para buscar una vía con seguridad jurídica.
La propuesta jurídica de la comisión de expertos impulsada por la Xunta fue que el Estado presentase una acción reivindicatoria, a través de una demanda civil, en la que se argumentase que el Pazo de Meirás fue usado como espacio institucional durante más de 30 años y debe formar parte de la propia Administración.
La fórmula era apelar a la “demanialización”, término técnico que indica que un inmueble pasa a lo público por la “fuerza del uso”. Con este argumento pretendía esta comisión que la Administración General del Estado reclame judicialmente el Pazo, aunque la propuesta suponía también que los herederos pudieran ser compensados económicamente por posibles gastos de mantenimiento de las Torres desde la fecha en la que falleció Franco.