El Gobierno no llegará a los plazos para garantizar el derecho a la reproducción asistida de parejas de lesbianas y mujeres solas antes de las elecciones generales del próximo 28 de abril. A pesar de que prácticamente todas las comunidades autónomas han revertido la exclusión perpetrada por el PP en 2014, la idea del PSOE era homogeneizar la prestación a través de una orden ministerial anunciada el pasado mes de julio, con motivo del Orgullo LGTBI. El objetivo, blindar este derecho y evitar dejarlo a merced de las autonomías. Sin embargo, aún distan cinco meses de trámite estimado, según confirma el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a eldiario.es.
El pasado 15 de febrero el departamento dirigido por María Luisa Carcedo publicó el texto con el que pretende devolver este servicio a la sanidad pública “de manera que estas mujeres tengan acceso [a la reproducción asistida] de forma homogénea en toda España y en condiciones de igualdad al resto de mujeres”, detalla el proyecto. Hace cinco años, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, alteró a través de una orden ministerial que modificaba la cartera básica de servicios sanitarios los requisitos de acceso para reducirlos a problemas de fertilidad, lo que inevitablemente produjo la discriminación flagrante de las mujeres lesbianas y sin pareja.
“La falta de varón no es un problema médico”, justificó entonces la dirigente popular a través de una declaración que vino a decir que sin hombre al lado, no hay hijos. Desde el principio, algunas comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Extremadura o Euskadi decidieron no cumplir la norma y otras lo fueron haciendo con el tiempo. Actualmente, las mujeres siguen sin tener este derecho en Ceuta, Melilla y Murcia. En Asturias, por su parte, se hace de forma “oficiosa” a pesar de que la prestación no ha sido reconocida en la cartera de servicios.
Cabe destacar que en Murcia tampoco las parejas heterosexuales que lo necesiten pueden acceder a la donación de gametos –algo indispensable para mujeres sin pareja hombre–, pues según justifican fuentes del Servicio Murciano de Salud “mientras no exista el Registro Nacional de Gametos no puede haber fecundaciones con gametos donados”. Un argumento utilizado solo en Murcia, pues en el resto de autonomías, y a pesar de la ausencia de este registro actualmente en fase de implantación, sí se hacen las donaciones. Lo cierto es que en la comunidad no hay un banco de gametos público, algo que otras comunidades que tampoco tienen suelen concertar con clínicas privadas.
La norma no dejará finalmente de ser susceptible de los posibles vaivenes políticos que, de cara a las próximas autonómicas y municipales del 26 de mayo, pueden dar lugar a pactos gubernamentales que pongan en entredicho este tipo de derechos. El texto prevé la modificación del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establecen los servicios básicos sanitarios para facilitar el acceso a “mujeres que sin tener problemas de fertilidad, por su orientación sexual o situación personal requieren de estos tratamientos para lograr su deseo de maternidad”.
1.700 mujeres el año de entrada en vigor
El Gobierno hace en el proyecto una estimación del impacto de la ley, que de antemano califica de “compleja”. Así, tras varios cruces de datos y análisis de estudios, concluye que unas 1.700 mujeres lesbianas y/o sin pareja se someterían a técnicas de reproducción asistida el año de entrada en vigor de la norma. Calcula que, ateniendo a la situación de las comunidades a día de hoy, le costará al Sistema Nacional de Salud unos 123.272 euros, pues solo se añadirían Ceuta y Melilla. Por otro lado, el texto señala que la reforma “favorece la equidad” y hace un recorrido por estos cinco años de discriminación.
La orden ya fue anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez fijando como fecha prevista de implantación el primer trimestre de 2019 y, de hecho, el ministerio apunta a que no se ha dado ningún retraso injustificado. “En julio se anuncia y en agosto se inicia la consulta pública, primer paso del procedimiento administrativo. Un proceso que lleva su tiempo porque estamos hablando de la inclusión de una nueva prestación en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud”, apuntan fuentes del mismo.
El último paso dado por Sanidad el pasado 15 de febrero es la apertura de la audiencia pública, que recibirá aportaciones hasta el próximo 7 de marzo. Una vez concluya, aún deberán emitir sus propios informes varios organismos más: los ministerios afectados, las comunidades, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tras ser analizadas sus observaciones, se deberá someter al dictamen del Consejo de Estado y a su aprobación por parte de la ministra para su posterior remisión al Consejo de Ministros.
Sentencias condenatorias
El proyecto también nombra las sentencias judiciales que han marcado estos últimos años de discriminación. Y es que se han dado casos de parejas de mujeres a las que la sanidad pública interrumpía sus tratamientos. Fue el caso de Lourdes y Mariella, a las que en 2015 la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), y tras tres intentos de inseminación artificial sin éxito, les comunicó que no podían seguir con el tratamiento.
El mismo centro hospitalario fue el protagonista del caso de Verónica y Tania (nombres ficticios), a las que también había interrumpido el proceso un año antes. Ellas decidieron iniciar un proceso judicial de la mano de la organización Women's Link que acabaron ganado. El Juzgado de lo Social nº18 de Madrid condenó a la Comunidad de Madrid y al hospital por “vulnerar el principio de no discriminación por razón de orientación sexual”.
El caso sentó precedente y reconoció que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida, que establece la independencia de la orientación sexual, es de rango superior a la orden. Aunque el Gobierno desoyó a la justicia y no retiró la norma discriminatoria, sí sirvió para que algunas autonomías revirtieran la exclusión. Dos días después de que la sentencia se hiciera pública, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció que dejaría sin efecto la orden del PP. Además, los cambios de gobierno autonómicos que se dieron en mayo de 2015 motivaron la aprobación de normativas en el mismo sentido. Ese año lo hicieron algunas como Baleares o Valencia. Castilla-La Mancha lo hizo en 2016 y Navarra un año después.