El Gobierno, tras aprobarlo en el Consejo de Ministros de este martes, envía su proyecto de ley para primar la gestión pública sanitaria, eliminar copagos a grupos vulnerables y cerrar vías burocráticas para excluir del sistema a inmigrantes.
El texto se denomina de equidad, cohesión y universalidad y aborda diferentes aspectos. Por un lado planea que sea prioritario la gestión directa y pública del sistema sanitario. Eso afecta a los conciertos con entidades privadas a los que las comunidades autónomas –que tienen las competencias para dar el servicio a los ciudadanos– recurren para atender a los ciudadanos en diferentes grados.
Entre conciertos, concesiones de gestión de centros y mutualismo, el 10% del dinero destinado por las administraciones a la sanidad va a estos modelos, según la Fundación Idis que aglutina a las empresas sanitarias privadas. En Catalunya los conciertos suponen un 24% del presupuesto público sanitario, en la Comunidad de Madrid un 9%, en Baleares un 9,2%, en Canarias un 7% o en Andalucía un 4%.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que la ley “blinda la sanidad pública”. El articulado, según Darias, “establece las excepciones para la gestión indirecta que será complementaria y de apoyo”. La ministra ha indicado que esa posibilidad deberá ser aplicada “solo cuando no sea posible la gestión directa”. Y para utilizarla, la administración responsable “deberá cumplir una serie de requisitos como es la utilización óptima de sus recursos, la insuficiencia para poder llevar a cabo la asistencia y la necesidad de recurrir a fórmulas indirectas”. El Consejo Interterritorial de Salud deberá gestar una serie de indicadores para cumplir estos criterios, ha añadido Darias.
Otra de las patas del proyecto es eliminar ciertos copagos a grupos vulnerables. Se trataría de quitar la obligación de abonar parte del traslado no urgente y prótesis para personas que perciban el ingreso mínimo vital, menores con discapacidad, pensionistas con bajos ingresos o personas con renta escueta e hijos a su cuidado. El copago se eliminaría al incorporar un listado de productos en la cartera básica a cargo de los presupuestos públicos.
La tercera área que modificará la futura ley es el acceso a la sanidad de colectivos de inmigrantes. El articulado, según el Ministerio de Sanidad, busca “garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población actualmente no incluida”. Eso debería incluir a las personas extranjeras independientemente de si están en situación administrativa regular o irregular en España. El decreto que aprobó el Gobierno en 2018 para revertir la exclusión establecida en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy dejó puertas de atrás abiertas.
La redacción de ese texto permitió algunas grietas por donde, en la práctica, diferentes gobiernos autonómicos han impuesto trabas administrativas al acceso a la atención.
Unidas Podemos reclama límites claros a la privatización
Unidas Podemos Podemos ya avanzó cuando se presentó el anteproyecto de ley en noviembre de 2021 que pretendía enmendar el texto en su trámite parlamentario porque, consideraban, que el texto no elimina la privatización de la sanidad. Este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha advertido al PSOE que de no producirse cambios, la ley corre el riesgo de no salir adelante. Aunque ha reconocido que el texto supone avances en la eliminación de algunos copagos aún vigentes o en la “consecución efectiva de la universidad de la sanidad”, Echenique ha señalado que su formación se encuentra aún “muy lejos” del PSOE en lo relativo a la gestión privatizada de la sanidad pública.
En ese sentido, Unidas Podemos quiere derogar de forma efectiva la ley 15/1997 de José María Aznar que abrió las puertas a la gestión indirecta de los servicios sanitarios públicos más allá del texto actual que la formación considera un “avance retórico”. “Los expertos nos dicen que la redacción actual no tendrá efectos”, ha ahondado Echenique, que ha señalado que la definición de “excepcionalidad” que lleva a cabo la ley para permitir las privatizaciones “es lo suficientemente laxa como para que cualquier gobierno de derechas pueda seguir privatizando lo que le dé la gana”.