Tras la aprobación del Real Decreto-ley 7/2018 con el que el Gobierno pretendía recuperar la sanidad universal en España, no dejaron de producirse casos de exclusión sanitaria en diferentes comunidades autónomas. Aunque este reconocía el derecho de las personas en situación irregular a la asistencia a cargo de fondos públicos, su redacción dejó algunas grietas por donde, en la práctica, diferentes gobiernos autonómicos imponen trabas administrativas al acceso a la atención. El Ministerio de Sanidad ha reconocido este martes las deficiencias de su propia normativa y pretende corregirlas en un nuevo proyecto de ley “para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud y la homogeneidad” en su aplicación.
Sanidad ha lanzado a consulta pública el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del sistema nacional de salud, con el objetivo de incorporar las recomendaciones de la ciudadanía y organizaciones especializadas. La futura normativa tiene como objetivo, explican desde el Ministerio, “garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población que actualmente no está incluida”. Según asume Sanidad, aunque el Real Decreto-Ley 7/2018 devolvió el derecho a la asistencia sanitaria a las personas sin papeles, “la experiencia acumulada en la aplicación de dicha norma muestra que es necesario realizar las modificaciones pertinentes para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud”.
Durante el primer año de aplicación de la normativa que pretendía recuperar la sanidad universal, la Plataforma REDER (que aglutina a más de 300 organizaciones en defensa de la Sanidad Universal, como Médicos del Mundo), Amnistía Internacional y el colectivo Yo Sí Sanidad Universal han tenido que apoyar a 1.358 ciudadanos que veían impedido su acceso al Sistema Nacional de Salud.
En 2020, la pandemia no ha frenado las trabas administrativas impuestas al acceso sanitario de personas sin papeles. La Comunidad de Madrid y Galicia son las regiones donde Médicos del Mundo ha detectado más episodios de exclusión. En Madrid, Yo Sí Sanidad Universal ha acompañado a cientos de personas sin papeles, incluidas embarazadas, menores, casos de urgencias o enfermas de cáncer y COVID-19, que no eran atendidos de manera gratuita.
Prohibir los nuevos copagos
La futura norma también quiere prohibir la aprobación de nuevos copagos sanitarios, como el transporte sanitario no urgente, los productos dietoterápicos y los productos ortoprotésicos. “Estos incrementarían las cargas financieras de las familias y aumentarían las desigualdades sociales en salud, afectando especialmente a la población en riesgo de pobreza que, además, ha sido duramente afectada por la pandemia de Covid-19”, sostienen desde el Ministerio.
El Anteproyecto de Ley busca también incorporar “el enfoque de la salud en todas las políticas públicas, por lo que las memorias de impacto normativo de las futuras iniciativas legislativas ”deberán recoger de forma preceptiva un apartado relativo“ al impacto en la salud de la población, apuntan desde el Ministerio. ”Esta medida materializa de forma efectiva el enfoque de Salud en todas las políticas, de tal forma que, en la definición de las políticas públicas, en todos los sectores y de manera sistemática, se tendrá que tener en cuenta las implicaciones en la salud que conllevan las decisiones que se toman“, defienden.