El proceso administrativo para la exhumación de Franco ha acabado, se han incorporado las alegaciones de la familia, los estudios e informes y el Gobierno, seis meses después de anunciarlo, va a ordenar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.
Tal y como ha podido saber eldiario.es, será este viernes cuando el Ejecutivo dé la orden de sacar el cuerpo embalsamado del dictador. Lo hará contra la opinión de los Franco, la Abadía de los monjes benedictinos y la Iglesia porque, según justifica en un escrito el Gobierno, “la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco no depende ni de la autorización de los familiares ni de la autorización de la Iglesia sino de un mandato legal.”
Respecto al lugar en el que se va a enterrar a Franco una vez salga del Valle, el Ejecutivo deja claro que no va a ir a la cripta de la catedral de la Almudena, donde tiene dos tumbas la familia. Aunque ese ha sido el deseo expresado por los nietos en las alegaciones, el Gobierno justifica su negativa en problemas de seguridad y aporta un documento que así lo relata, elaborado por la Delegación de Gobierno de Madrid: “La reinhumación en dicho lugar supondría evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad tanto en la propia Catedral como en el entorno de la misma, implicando una amenaza seria y significativa para los derechos y libertades de los ciudadanos, una amenaza que el Gobierno no puede asumir al igual que la exaltación que supone mantener nuevamente la tumba de Francisco Franco en un lugar accesible y abierto al público y de las características de la Catedral De la Almudena”.
Para intentar llegar a un acuerdo, “se estudiará conceder un nuevo plazo de 15 días a la familia para que señalen un nuevo lugar de reinhumación que cumpla con los requisitos que permitan garantizar el orden público y la seguridad ciudadana para el necesario respeto a los derechos y libertades”. Es decir, en la Almudena, no. En caso de que los Franco no cambien de parecer, “corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo, lo que hará con máximo respeto a la dignidad de la familia y el decoro y respeto propios de una actuación como la prevista como se ha hecho durante todo el procedimiento”. Lo más probable es que opten por el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde están los restos de su mujer, Carmen Polo.
El Ejecutivo también se pronuncia sobre la negativa del prior del Valle a abrir la puerta a los técnicos que tienen que exhumar a Franco. Si bien reconoce la “inviolabilidad” de las iglesias, recogida en los acuerdos Iglesia-Estado, la autorización “no puede ser negada cuando se refiere al cumplimiento de una resolución legal como es el caso”. “En última instancia, la solicitud y consecución de la autorización eclesiástica en tales términos será efectuada en fase de ejecución por el Consejo de Ministros”, dice el Gobierno.
En el escrito, relata que se han puesto muchos impedimentos a la decisión, convalidada por el Congreso con la abstención del PP y Ciudadanos, pero relata que el proceso “ha sido instruido con escrupuloso respeto y seguimiento de las normas aplicables, con el fin de mantener las máximas garantías legales a la familia Franco y al resto de interesados en el procedimiento”.
Uno de esos obstáculos ha sido el contencioso-administrativo que han puesto los Franco ante el Tribunal Supremo. Consideran que se ha lesionado su derecho a decidir dónde está enterrado su abuelo y, sobre todo, aducen que Pedro Sánchez ha usado una “ley de caso único”, es decir, con apariencia de una norma general (que impide que haya enterrados en el Valle que no murieran en la guerra civil) pero que se ha querido aplicar solo a una persona: su abuelo.
El Supremo admitió a trámite la demanda y hasta que se dicte sentencia pueden pasar meses. Sin embargo, tal y como hicieron los nietos de Franco en diciembre, volverán a acudir ahora a la justicia para pedir que se apliquen medidas cautelares. En aquella ocasión el tribunal no dio ninguna señal respecto al contenido, simplemente les dijo que volvieran a pedirlas cuando la exhumación se hubiera ordenado, cosa que pasará este viernes. Ahí está la clave sobre si se exhumará al dictador. Si el Supremo rechaza paralizar cautelarmente la exhumación, la familia no tendrá más opciones legales hasta una sentencia y la Iglesia, como ya anunció, no podrá oponerse.
Si el alto tribunal decide parar provisionalmente la exhumación al considerar que se podrían lesionar derechos hasta un fallo definitivo, el Gobierno tendrá que acatar y, si no ha hecho los trabajos de exhumación, tendría que suspenderlos. Expertos en derecho administrativo explican a eldiario.es que si el gobierno exhuma antes de que se pronuncie el tribunal sobre las cautelares “ya no hay marcha atrás, aunque se expone a una condena o a indemnizaciones o lo que contemple el futuro fallo”, aunque explican que lo habitual, sabiendo que hay un proceso abierto, es que espere a que el Supremo se pronuncie sobre las cautelares.