Apenas dos semanas después de ser investido presidente, Pedro Sánchez desveló su intención de reformar la Ley de Memoria Histórica, lo que incluía la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El día 18 de junio trató el tema la Ejecutiva Federal de los socialistas y se arrancó una carrera de encajes jurídicos, declaraciones públicas, pequeños avances y anuncios políticos que iban a acabar con la “inminente” salida del cuerpo del dictador del espacio público: Franco está enterrado en una basílica que es un edificio de la iglesia, pero el suelo es público y todo el Valle está gestionado y financiado por Patrimonio Nacional, incluidas las misas.
A la familia Franco no le pilló de sorpresa casi nada y a cada declaración pública tomaban nota y movían ficha. Desde junio saben que Pedro Sánchez quiere cambiar de sitio los restos de su abuelo, que convive con las de más de 33.000 personas enterradas en los subsuelos y capillas de la misma iglesia, 12.000 de ellos sin nombre y en fosas comunes y entre los que hay víctimas republicanas del propio dictador. Desde entonces, los Franco están marcando el paso a las decisiones del Ejecutivo y el Congreso y complicando el proceso.
Desde el primer momento mostraron su negativa y dijeron que iban a intentar boicotear la medida. Desde el Gobierno se envió a un emisario para hablar con ellos e intentar convencerles de que se haría con respeto y podrían enterrar el cuerpo, por ejemplo, en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), donde reposa la mujer del dictador (la hija está en La Almudena). Entre los siete nietos de Franco, cuya portavocía ejerce el mayor, Francis Franco, la respuesta fue muy clara: “No”. También dijo “no” la actual duquesa de Franco, Carmen Martínez-Bordiu, y la nieta que vive en el extranjero y que el Gobierno tuvo dificultades para localizar.
Mientras el Gobierno decidía cómo proceder, los nietos se pusieron en marcha y, en julio, apenas un mes después de conocer las intenciones de Sánchez, se reunieron con el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, y le entregaron un poder notarial en el que manifestaban su oposición a la exhumación. Aseguraban que no se harían cargo del cuerpo si era finalmente desenterrado, como una medida de presión.
Cantera se aferró a ese papel y avisó de que haría cumplir la voluntad de la familia, contra la intención del gobierno e incluso del arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal. El cardenal Osoro intentó convencerle de que no se opusiera (el hombre del Papa en España es consciente del coste de ponerse de parte de los Franco de nuevo, tras la alianza durante la dictadura). La Iglesia española mandó el mensaje de que estaban con la legalidad y acatarían la decisión del Gobierno.
Cantera, que fue candidato de Falange durante su juventud y oficia misas en honor a los “caídos por España”, fue llamado a Francia por su superior, el abad de Solesmes, que también le pidió rebajar la tensión con la decisión del Gobierno. Pero no sirvió de mucho, dado que ha presentado finalmente un escrito a Justicia por el que se niega a dar acceso a la iglesia a los técnicos que tendrían que llevar a cabo la exhumación. Al ser un templo, aunque en suelo público y financiado con fondos públicos, los Acuerdos Iglesia-Estado consagran que los templos en España son inviolables salvo autorización de la propia Iglesia. En una nota, fuentes del Gobierno han dicho que el prior no va a ser un impedimento y se dirigirán a sus superiores, sin especificar si se refieren al abad de Solesmes o al mismo Vaticano (el arzobispo de Madrid no es su jerárquico superior al tratarse de una orden benedictina).
Un decreto garantista
Al inicio del proceso, el Ejecutivo, a sabiendas de la complicación que suponía el “no” de la familia y el prior y pese a que la exhumación del dictador estaba avalada por el Congreso desde 2017, intentó blindarse legalmente y amarrar todas las vías jurídico-administrativas de escape para cuando empezara la contienda. El decreto de exhumación, publicado el 25 de agosto a través de una modificación de la ya existente Ley de Memoria Histórica, intenta justificar la “urgencia” de la medida, el “interés público” para hacerlo y establece de nuevas, añadiendo un epígrafe, que “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”, que no es el caso de Franco, que murió en la cama tras 40 años de dictadura.
El mismo día que se publicaba en el BOE este decreto, Francis Franco anunciaba que sí se harían cargo del cuerpo, pero que no lo enterrarían en Mingorrubio, un cementerio alejado y medio vacío en El Pardo: “Ahí no hay seguridad”. Lo que no dijo es que el plan era enterrarlo en las tumbas que había comprado la hija de Franco en la catedral de la Almudena en 1987, otro problema añadido que se conocería un mes después y pondría de nuevo en aprietos al gobierno y al cardenal Osoro.
El decreto del Gobierno, muy garantista ante la previsión de demandas y oposiciones que pudieran dar al traste con su medida estrella, establece que todo empieza con la incoación del expediente. Ahí se le daba oportunidad de hacer alegaciones a los “interesados”. Mientras tanto, Sánchez convalidó el decreto en el Congreso con la abstención de PP y Ciudadanos, con la convicción de que la aprobación parlamentaria blindaría aún más la ejecución de la medida.
Pero los Franco, como se podía prever, alegaron por primera vez el 29 de septiembre, con el requisito del Parlamento ya pasado, por “la inexistencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara el uso del Real Decreto Ley, dado que su abuelo lleva 43 años enterrado en el Valle. También decían que el Gobierno vulnera “el derecho fundamental a la intimidad personal” porque debería ser la familia la que decidiera sobre el enterramiento e incluso hablaban de “profanación” de tumbas.
Como el Gobierno creó de nuevas la condición de que en el Valle solo estén enterradas víctimas de la guerra civil, la familia entiende que ha hecho una ley de “caso único, afectada por tanto de un vicio de inconstitucionalidad, al infringir el principio de igualdad”, ya que solo su abuelo va a ser exhumado pese a que la instrucción afectaría a un colectivo, todos los que no murieron en la guerra civil y acabaron allí, justifican.
En ese primer documento entregado al Ministerio de Justicia es en el que los Franco explicitaron por primera vez que quieren que su abuelo sea enterrado en La Almudena, lo que podría convertir la cripta del centro de Madrid en un lugar de exaltación franquista, otro problema añadido en el proceso. El Gobierno entonces se vio obligado a iniciar una ronda de contactos y planes B sobre cómo impedirlo. Se establecieron contactos con Osoro, que manifestó pública y privadamente que no podían hacer nada porque las tumbas pertenecen a la familia. Tras varias semanas de pasarse la pelota y después de la reunión Calvo-Parolin, el Gobierno ha decidido impedirlo alegando motivos de orden público.
Recurso ante la justicia
Pero el camino de obstáculos aún se iba a complicar más. Cuando el Gobierno desestimó las alegaciones de la familia y siguió adelante con el proceso, los Franco presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo con motivos parecidos a los de las alegaciones. Un recurso que ha sido admitido a trámite y que pone en duda si el dictador, que iba a salir del Valle en verano según Pedro Sánchez, llegará a salir, ya que el alto tribunal puede frenar el proceso.
En el proceso administrativo falta la segunda ronda de alegaciones, un proceso que se abrirá la próxima semana y para las que se ha establecido un plazo de diez días (la Fundación Franco acaba de solicitar a Justicia que ponga en pausa este segundo proceso hasta que decida el Supremo). A partir de ahí, el Gobierno contestará y cerrará el expediente incluyendo toda la documentación y el informe de Delegación de Gobierno que refiere problemas de seguridad si el cuerpo acaba en la catedral de Madrid. El Consejo de Ministros, al cierre del expediente, informará de si se traslada el cuerpo y a dónde finalmente.
Es previsible que no se atiendan las alegaciones de los Franco y que se acabe decretando que el dictador salga de su tumba hacia un cementerio privado: Mingorrubio. Esos son los planes de Moncloa, pero los flecos judiciales por un decreto ley que va a ser estudiado en el Supremo (puede fallar después de que se haya trasladado el cadáver), las amenazas de más recursos interpuestos por la Fundación Franco y la negativa de la autoridad competente de la basílica a abrir la puerta para que se desentierre al dictador han convertido la propuesta más simbólica y barata del Gobierno de Sánchez en el asunto más enrevesado.