Nuevo paso en la cruzada del Ministerio de Consumo para mejorar la alimentación de los menores. El departamento que dirige Alberto Garzón ha sacado a audiencia pública en la mañana de este jueves el proyecto de Real Decreto sobre las condiciones que deben cumplir los comedores escolares no universitarios. El texto fomentará una alimentación de calidad, saludable y sostenible y propone unos mínimos de fruta y verdura en los menús, la disponibilidad de alternativas alimentarias para ciertos diagnósticos médicos y un fomento de la dieta mediterránea, entre otras medidas.
El proyecto de Real Decreto desarrolla los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. El texto trata de unificar a nivel estatal un sector que por el momento se rige por normativa autonómica y que no tiende a fijar unos mínimos de calidad. La de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, habla de un menú “variado, equilibrado y adaptado a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad”, sin entrar en detalles.
El texto que Consumo pone hoy en audiencia pública –quien quiera puede presentar sugerencias durante 15 días– es susceptible de ser modificado, primero tras este trámite y después durante su paso por el Parlamento, que deberá validarlo. La previsión del ministerio es que el Real Decreto se apruebe durante el segundo semestre de 2023 (tendrá que ser antes de que el presidente disuelva las cámaras por la convocatoria electoral que toca ese otoño), de modo que entraría en vigor para el curso 2024-2025.
Consumo quiere fomentar la dieta mediterránea en los centros educativos, que se utilicen alimentos frescos y de proximidad y que se prioricen técnicas culinarias saludables, como puede ser la comida al horno, al vapor o a la plancha, frente a los fritos o rebozados. España tiene un 40% de obesidad y sobrepeso infantil, datos que solo crecen entre los adultos.
Más comida de proximidad
Para ello, propone en su normativa que los menús escolares incluyan al menos un 45% de frutas y verduras de temporada y proximidad. También que se aumenten, al menos hasta un 5%, los alimentos de producción ecológica y se dé prioridad a aquellos cuya producción sea respetuosa con el medio ambiente y el bienestar animal. El texto también especifica que se deberá utilizar aceite de oliva virgen extra para los aliños y de oliva o de girasol alto oleico para freír y cocinar. Apuesta además por la reducción de sal, concentrados, potenciadores del sabor, salsas y azúcar en las preparaciones, además de especificar que deberá haber jarras de agua del grifo en las mesas de los comedores.
Este Real Decreto, que llega tras haber superado el trámite de información pública (previo y similar a este, pero a partir de un texto mucho más genérico), ha sido pactado con las comunidades autónomas, por lo que se le presupone un cierto respaldo político.
La normativa supone un paso más del ministerio que dirige Alberto Garzón para fomentar hábitos alimentarios saludables. Ya lo hizo regulando la publicidad dirigida a menores de productos de confitería, bebidas energéticas o dulces, entre otros, o fomentando una reducción en el consumo de carne roja, medidas en general recomendadas por entidades como UNICEF o la OMS y aplaudidas por los nutricionistas. Si la tramitación de este sigue la línea de las anteriores iniciativas del dirigente, habrá ruido. Incluso entre aquellos que tienen entre sus líneas de actuación exactamente los objetivos que Garzón quiere alcanzar.