El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática, que sustituirá a la aprobada en 2007 por Jose Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno impulsa así algunas de las demandas históricas de asociaciones memorialistas y organismos internacionales, que han exigido a España avances en la materia, y supone una nueva hoja de ruta para corregir y reparar las violaciones de derechos humanos del franquismo. El texto prevé, entre otras cosas, la activación de un plan estatal de exhumaciones de fosas, la creación de una Fiscalía para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura o la “resignificación” del Valle de los Caídos que se estudiará, pero que “de momento” se convertirá en un “cementerio civil”.
La ley, que consta de 66 artículos, es un paso “importante para este Gobierno”, ha dicho la vicepresidencia y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero sobre todo “importante para la democracia española”. Se trata de una batería de medidas dirigidas a paliar los vacíos de nuestro país en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y que lleva años señalando Naciones Unidas. Por eso, supone un “compromiso de homologación de nuestra democracia con la defensa estricta de los derechos humanos”, ha añadido Calvo. No obstante, al texto ahora le queda un largo camino por delante: debe ser enviado a los órganos consultivos antes de regresar de nuevo al Gobierno e iniciar su andadura en el Congreso.
El plan es tocar una buena parte de los puntos que en 2007 se dejaron de lado, entre otras cosas, la asunción de oficio por parte del Estado de la apertura de miles de tumbas e identificación de restos de víctimas mediante la puesta en marcha de un plan estatal de exhumaciones. Es decir, será la Administración la responsable de buscar a los restos de miles de personas represaliadas, la mayoría aún sin identificar, lo que convierte a España en uno de los países con más desaparecidos forzados del mundo. También se creará un Banco Nacional de ADN, al estilo de los que ya existen en algunas comunidades autónomas, y un “censo” de víctimas. Según el texto, adelantado por InfoLibre y El Periódico, el Estado se responsabilizará de las pruebas genéticas para identificar los restos exhumados y participará en su entrega a los familiares. Y así lo ha resaltado Calvo: “Reconocemos a quienes están todavía sin identificar en fosas comunes y el enorme sufrimiento que ha provocado durante la dictadura y la democracia esta situación injusta e impropia de la democracia”.
El objetivo de la norma, ha especificado la vicepresidenta, es doble: por un lado, “la defensa y el conocimiento de nuestro pasado democrático” y, por otro, el “reconocimiento, reparación, justicia y dignidad para las víctimas; para nuestros compatriotas que lucharon contra el fascismo y muchos perdieron su vida de manera ignominiosia y que la democracia no puede olvidar”. La vicepresidenta ha llamado a que sea una norma “respaldada por todos” porque “es una ley para encontrarnos” y ha anunciado que en el proceso de desarrollo contará “de manera muy principal” con las familias y las asociaciones de memoria histórica.
Calvo ha resaltado la intención “pedagógica” con la que cuenta la norma, ya que prevé la inclusión de la misma en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y la formación del profesorado bajo el paradigma del “nunca más”, ha ilustrado. “Nunca más España debe perder sus libertades. Ahora nos toca profundizar en la democracia, mejorarla en todo lo posible y trasladarla a las generaciones futuras”. La ley “tiene que ver con el pasado”, ha remarcado, pero también “tiene mucho que ver con el futuro”. El Gobierno ha reconocido en la rueda de prensa que tras su aprobación definitiva, su implantación será larga y compleja, para lo que se harán planes cuatrienales.
La “resignificación” del Valle de los Caídos
La creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos producidos en la Guerra Civil y la dictadura hasta la entrada en vigor de la Constitución y que constituyan violaciones de derechos humanos es otra de las patas de la nueva norma. Esta Fiscalía se encargará asimismo de impulsar los procesos de búsqueda de las víctimas y promoverá las inscripciones en el Registro Civil de sus defunciones. Sobre su convivencia con la Ley de Amnistía, que en la práctica ha servido de obstáculo para investigar los crímenes del franquismo, Calvo ha zanjado que “no hay garantía más grande para la investigación que la creación de una Fiscalía de Sala” y ha manifestado que “el Estado garantizará siempre que se puede investigar sobre esas violaciones de derechos humanos”.
La reparación de las personas que realizaron trabajos forzados o la realización de una auditoría de los bienes incautados por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la guerra y la dictadura son otros dos de los elementos que afrontará la nueva regulación. También la supresión de títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura que tengan “connotaciones” y vinculación política con el Golpe de Estado y la imposición del franquismo y de medallas y reconocimientos policiales y militares como los del expolicía acusado de torturas 'Billy el Niño', fallecido el pasado mayo.
La ley, además, declara “ilegítimos” los tribunales formados durante la Guerra Civil responsables de las persecuciones y represalias por motivos religiosos, políticos o ideológicos, anula las condenas y sanciones dictadas por estas mismas razones durante la dictadura y declara “nulos de pleno derecho” los juicios porque la democracia, ha explicado Carmen Calvo, “no puede reconocer de ninguna manera” estos juicios “al margen de la legalidad propia de cualquier estado de derecho” y que acabaron en condenas y ejecuciones “de manera vil”. Entre otras novedades, el texto incorpora un régimen sancionador, a diferencia de la de 2007, con multas que pueden alcanzar un máximo de 150.000 euros, y permite el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de brigadistas internacionales que combatieron en la Guerra Civil en el bando franquista.
La norma también servirá para ilegalizar fundaciones o asociaciones que hacen apología del franquismo, una medida que podría tener consecuencias para la Fundación Francisco Franco, y pasará a considerar el Valle de los Caídos, de donde fue exhumado el dictador hace casi un año, “un lugar de memoria”, lo que implicará su “resignificación”. Calvo no ha explicado detalles concretos sobre el proceso, aunque sí ha deslizado que el Ejecutivo lo “estudiará” como “un cementerio civil” en el que en el que las “30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto”. No obstante, en él están aún enterrados los restos de víctimas de la dictadura a las que sus familiares pelean por exhumar después de que hace un año fueran autorizados los trabajos, pero que todavía no se han llevado a cabo. Además, se suprimirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y acabará con el poder que los benedictinos tienen sobre Cuelgamuros y, por consiguiente, con su asignación económica anual de parte de Patrimonio.
La vicepresidenta primera del Gobierno también ha explicado que la ley incorpora perspectiva de género, “contempla a las mujeres” y tiene en cuenta la especial represión que sufrieron durante la guerra y la dictadura por el hecho de serlo; también a los gitanos y gitanas y a las personas LGTBI, que “fueron represaliadas por un orden político dictatorial que no entendía las libertades y el desarrollo íntegro” de las personas. No obstante, no ha especificado de qué forma se incluyen en el texto. La ley declara, además, el 31 de octubre (cuando en 1978 se aprobó la Constitución) día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas, y el 8 de mayo Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Exilio.