Enrique Díez siempre cuenta dos momentos para él definitorios en lo que se refiere a la enseñanza de la memoria histórica (democrática se llama ahora) en España. El primero, que le hizo volcarse de lleno con el tema, explica este profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, sucedió cuando colaboraba en el rodaje del documental Los Campos del Silencio y fue a una clase del instituto de Fabero, al norte de Ponferrada, en León, a explicar que allí había habido un campo de concentración de la dictadura. “Ninguno lo sabía, y muchos habían tenido allí abuelos trabajando como esclavos”, recuerda atónito.
El segundo momento cuando llevó a su clase de universitarios de 1º a ver el premiado documental El Silencio de los Otros, también sobre la dictadura y la lucha de las familias por recuperar a sus seres queridos enterrados en fosas, y la respuesta mayoritaria del estudiantado, que ya había pasado por toda la educación obligatoria, fue: “Nadie nos había explicado nada de esto”. Díez, especializado en educación en memoria histórica, resumen con estas dos anécdotas el estado de la cuestión en España, que estudió en el informe La memoria democrática en la escuela.
El Gobierno se ha propuesto cambiar esta realidad a través de la Ley de la Memoria, cuyo proyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. La ley recoge sus intenciones en el artículo 45, sobre medidas en materia educativa y de formación del profesorado, que en su punto 1 dice que “el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, para lo que estipula un cambio de currículos para la ESO y Bachillerato. El momento para hacerlo es idóneo: el Ministerio de Educación está justamente inmerso en un cambio del currículo a nivel estatal que debería facilitar esta labor.
El punto 2 complementa al primero y establece que “las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática”.
Estas disposiciones vienen a complementar las pequeñas menciones a la cuestión que ya recogía la recientemente aprobada Lomloe. La ley Celaá menciona la cuestión en el preámbulo (“la necesidad de que la comunidad educativa tenga un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad. El estudio y análisis de nuestra memoria democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico”) y lo desarrolla (casi de pasada) en la disposición adicional cuadragésima primera, que nombra el tema en genérico (“se recogerá asimismo el conocimiento de la historia de la democracia en España desde sus orígenes a la actualidad y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española”), pero sin embargo luego baja a especificidades con otros asuntos: “Se atenderá también al conocimiento de hechos históricos y conflictos que han atentado gravemente contra los derechos humanos, como el Holocausto judío y la historia de lucha por los derechos de las mujeres”.
Fuentes del ministerio señalan que la intención no es limitarse a modificar el currículum de la asignatura de Historia. La idea, explican, es que sea una formación más transversal que entre en Ética, por ejemplo, y quizá otras materias. Reconocen estas fuentes que un problema es que estos temas de la Guerra Civil y el franquismo quedan muy atrás en los currículums y que, debido a lo inabarcable de estos, muchas veces no se llega a completar el temario y esta parte de la historia de España se queda fuera, un problema que hay que solucionar. Las fuentes no entran en detalles porque el trabajo está desarrollándose, pero insisten en la idea de reordenar los tiempos y los contenidos de la(s) materia(s).
Díez se muestra escéptico con el impacto que tendrá la ley. “Bien podría pasar que suceda lo mismo que en las comunidades”, explica. Varias autonomías tienen su propia ley de memoria que apostaba también por incluir estas enseñanzas en la escuela. Nunca pasaron del papel, según un análisis realizado por él mismo. “Muchas no han pasado de la mera declaración de intenciones y en otras donde se llegó a poner algo en marcha la llegada de la ultraderecha, como Vox, las ha cercenado”.
Esto sucedió en Andalucía, que aprobó la suya en 2017. “Lo único que se ha plasmado de forma efectiva de esta iniciativa son materiales didácticos de apoyo, para que aquel profesorado que tiene mayor sensibilidad o disposición a introducir estos temas, los pueda introducir, de forma voluntaria”. En Aragón la respuesta a Vox ha sido un mayor apoyo a la ley de memoria, pero el artículo 28, que habla del ámbito educativo, sigue esperando. Algo similar ha ocurrido en Asturias, con su ley de 2019, Euskadi, la Comunitat Valenciana o Castilla y León. Todas ellas sacaron sus propias normativas, todas o la mayoría aludían a incluir estas enseñanzas en el currículo, ninguna lo ha hecho con impacto, resume Díez.
Este especialista se extraña de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática enmendara la Lomloe para acabar metiendo una disposición adicional tan “vaga”. “Son términos genéricos e interpretables que no concretan nada”, se sorprende, “pero luego sí citan el holocausto judío. ¿Y el español?”.
El problema actual, que esta ley viene a intentar resolver, es que ahora en la escuelas e institutos o no se enseña nada sobre memoria histórica, o se hace de un modo aséptico, explica Díez. Sócrates Quintanar Díaz, profesor de Historia en un centro madrileño, lo confirma. “Desde que murió Educación para la Ciudadanía [la asignatura que creó Zapatero y eliminó la Lomce de Wert] ha sido muy difícil meter nada en clase”, explica. “En cuanto te pasas la más mínima línea puedes recibir un toque de atención de alguna familia”, añade, aunque admite que la situación es particularmente tensa en su municipio, un pequeño feudo de la derecha en Madrid. En el mejor de los casos, sostiene este profesor, queda al albur de la buena voluntad del profesorado.
Díez lo explica en su estudio sobre memoria democrática y educación. Los alumnos enfrentan “la equiparación entre golpistas y demócratas” con expresiones como “de uno y otro lado provocaron las mismas víctimas”. O que la guerra fue “un conflicto entre hermanos producido por el caos de la Segunda República”, recogía en su informe. “Si un solo alumno acaba la educación obligatoria sin conocer esto es una tragedia del SXXI, algo estamos haciendo muy mal. Hay que tener en cuenta que para la mayoría de las personas la escuela es el único momento de sus vidas en el que tienen contacto con la historia académica”, reflexiona.
La Fundación Cives coincide en que hay “deficiencias latentes” en la asignatura de Historia y el tratamiento de la Guerra Civil, la represión y el franquismo. “Están al final de los temarios y en ocasiones no se tratan porque no da tiempo durante el curso escolar”, escriben. Y añaden: “Durante 40 años de régimen democrático no ha habido un tratamiento de la memoria en nuestro país. Se ha originado un vacío que ha sido ocupado por un tratamiento de la memoria democrática desde la equidistancia y la neutralidad, persistiendo aún elementos de la memoria franquista”.
Proponen desde Cives “poner fin a la equidistancia” que equipara la democracia con un régimen dictatorial, y para ello reclaman una Memoria Histórica en la escuela “que pueda ser compartida por toda la ciudadanía y que no sea una cuestión de partidos, ni de confesión religiosa, ni de nacionalidad, ni de región. Es decir, una memoria democrática que no pueda ser rechazada por ningún demócrata, sea conservador, de centro o progresista, sin traicionar los valores del régimen democrático que defiende”, y subrayan la necesidad de que trascienda la asignatura de Historia para imbricarse también en Valores cívicos y Éticos o Filosofía y ser tratada como una cuestión transversal, tal y como parece ser la intención del Gobierno.
Los profesores consultados son escépticos respecto al recorrido que pueda tener esta medida. Díez alude a lo sucedido en las comunidades autónomas y alude a la dificultad de crear estos contenidos tan delicados. Explica el profesor el proceso que se dio en Castilla y León cuando se aprobó la ley y se trató de meter contenidos en el currículo. “Se hizo una comisión donde estaban representadas las asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica y un representante de cada universidad pública de Castilla y León, coordinados por el Consejero. Hubo reuniones, se debatió el tema. Las asociaciones y los profesores de universidad dijeron que había unidades para la recuperación de la memoria histórica hechas desde la Universidad, con la colaboración de los departamentos de Didáctica (la parte educativa) e Historia (el contenido). Bastaba con mandar este material a los centros educativos. El consejero dijo que no, que lo querían controlar ellos y que se lo encargaría a la consejería de Educación. Las asociaciones y los expertos dijeron que no estaban de acuerdo y al final todo quedó en nada”.
El profesor Quintanar introduce el tema de las editoriales de libros de texto, que al final tienen el poder de decidir qué meten y cómo en sus libros, que marcan en buena medida lo que se hace en clase. “No les interesa enemistarse con nadie. Vicens Vives, que es la que pasa por ser un poco más de izquierdas, le dedica una página al asunto en su temario. Se suelen centrar más en la recuperación económica de España en esa época”, ilustra. La vigilancia sobre el profesorado (“la libertad de cátedra murió con las clases por videoconferencia y la posibilidad de que te graben todo lo que dices y te metas en un lío”) también hace, asegura, que muchos se autocensuren.
En cualquier caso, el proceso está en una fase muy incipiente y de momento genera más preguntas que respuestas devuelve. Una certeza sí puede tener el Gobierno: si el PP se hace con el poder, derogará todas las leyes de la memoria, tal y como ha asegurado Pablo Casado.
Sócrates Quintanar Díaz señala este hecho, resignado, y cierra: “En cualquier caso, la ley de la memoria se hace día a día. Pero en las calles hay miedo, y en las aulas, pánico”.
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