El Gobierno proyecta regular mediante una ley un nuevo modelo de gestión del agua ante la escasez de recursos hídricos a la que se enfrenta España debido al cambio climático. La norma, denominada inicialmente de transición hidrológica, llegará inmediatamente después de la ley de cambio climático y “se regirá principalmente por criterios climáticos”, cuentan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica: trasvases limitados, más agua desalada y regenerada además de ajustar la demanda a los recursos y no al revés. Eso implica controlar la expansión del regadío en el campo español.
El aviso ha sido más que repetido: la falta de agua es uno de los principales efectos del cambio climático en la península ibérica, según constatan los científicos. Ahora el Gobierno ha cifrado la rebaja en un 20 o 30%, como indicó en una respuesta parlamentaria de 2 de noviembre. Eso supone entre 22.000 y 33.000 hectómetros cúbicos de agua menos respecto a los 111.200 que se contabilizan actualmente, según los datos recogidos por la FAO.
“Un nuevo modelo es necesario, sí o sí”, sentencia la doctora en Geografía y experta en gestión del agua Nuria Hernández-Mora. Hernández-Mora explica que “ya no se cuestiona la existencia del cambio climático, pero no se interioriza a la hora de hacer políticas”. Y ejemplifica cómo, una vez admitido el reto del calentamiento global, “se mantienen algunos mensajes del pasado que siguen muy vigentes: cómo satisfacer las demandas de agua y qué infraestructuras acometer para ello”. Una línea de actuación obsoleta, describe, porque “no hay agua suficiente”.
Una ley de gestión de agua afecta principalmente al mayor consumidor que, en España, es la agricultura. El consumo total es, aproximadamente, 20.500 hm3 de los que, prácticamente, el 70% se utiliza en los cultivos, según el Instituto Nacional de Estadística.
Ante la evidencia de que el calentamiento global modifica las reglas de juego, la nueva regulación aspira a cambiar el modelo de gestión ya que “el análisis científico” ofrece un “escenario de país diferente al que se ha venido utilizando hasta ahora”, dice el Gobierno, en el que se planificaba cómo satisfacer la creciente sed de agua que generada por la expansión agroindustrial.
Pero, con menos recursos, se complica la solución habitual de echar mano del agua de un sitio para llevarla a otro: “Será cada vez menos viable recurrir a las transferencias externas”, en palabras del Ejecutivo. Es decir, los trasvases, unos 16 en España, tendrán que responder a esos criterios climáticos.
Zonas áridas de regadío con alta demanda
La falta de recursos hídricos ataca especialmente en las zonas económicamente dependientes del agua donde se ha presionado de forma continuada –y poco sostenible– . El sureste de la península es la zona con mayor riesgo de escasez (también de desertificación, según las previsiones realizadas desde hace años por Medio Ambiente). Ese arco de territorio desde Alicante y Murcia a Almería es el núcleo de la agricultura intensiva de regadío. Es decir, se juntan las peores perspectivas climáticas con una alta demanda de agua de la que depende el motor económico.
La situación que dibuja la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos es la siguiente: la Región de Murcia es la líder en hectáreas dedicadas a hortalizas en el campo, de alta demanda de agua. Existen más de 47.000 ha, por delante de Castilla-La Mancha y Andalucía que multiplican varias veces la superficie total de tierra de labor respecto a la murciana.
Un poco más hacia el suroeste, Andalucía es, con mucho, la comunidad con más espacio dedicado al regadío en invernaderos: 48.509 hectáreas en 2016 por las 6.200 de la Región de Murcia. Es el 73% de todo el invernadero español que se extiende por Almería, pero también en Granada e incluso Málaga.
El regadío es económicamente más rentable como demuestra la proliferación de cultivos de fresas y frutos rojos alrededor de Doñana. 380 millones de kilos de fresas y 920 millones de euros de venta al exterior, según la Junta de Andalucía, la implantación de olivares de regadío en el desierto de Tabernas o la multiplicación de las explotaciones bajo plásticos: su superficie creció en más de 4.000 hectáreas en 2017, un 6% respecto al año anterior. Mientras los cultivos españoles se han mantenido bastante estables durante la última década entorno a los 50,5 millones de hectáreas, el regadío ha añadido 350.000, un crecimiento del 10%.
Y no ha parado ahí la cosa. Los últimos planes hidrológicos preveían la creación de otras 700.000 hectáreas de estas explotaciones cuando, a día de hoy, ya hay regadíos que no pueden satisfacerse. Los propios empresarios del Campo de Cartagena han asegurado que han tenido que producir hasta un 30% fuera de la región y las cooperativas murcianas calcularon que en 2017 hubo un 12% menos de empleos en el campo.
Munición política
El agua es munición de gran calibre en la lucha política. Nada más adelantarse la nueva idea de gestión hidrológica, en la Región de Murcia, gobernada por el Partido Popular, los dirigentes no tardaron en disparar. El presidente Fernando López Miras, acusó al Gobierno de querer “cerrar el trasvase. Un disparate”. Su consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Ángel Del Amor, continuó al decir que “el Gobierno central condena a la Región de Murcia a vivir en una sequía eterna”. En realidad, lo que había dicho el secretario de Estado, Hugo Morán, era que “la naturaleza decidirá la continuidad”. Morán ha tenido que hacer un periplo por estas comarcas para apelar a una nueva mentalidad.
De hecho, la sequía de 2017, no especialmente aguda, ya tuvo el trasvase Tajo-Segura cerrado 10 meses bordeando una crisis social. Los regantes murcianos han dicho que “es una irresponsabilidad poner en duda la continuidad del trasvase” y piden “abaratar costes” del agua desalada. Es decir, una subvención del recurso.
En Andalucía, la Federación de Regantes de Almería ha reclamado también “la prometida rebaja del precio del agua desalada a 0,30 euros/m3 recogidas en las medidas urgentes contra la sequía”. En este campo, la Junta de Andalucía de Susana Díaz (PSOE) también quiere mantener los trasportes de agua de una comarca a otra: ha apremiado al Gobierno para que amplíe la presa de La Concepción (en la Costa del Sol) para aportar líquido a la comarca malagueña de la Axarquía y satisfacer así las demandas de los agricultores de frutas tropicales (mango y aguacate).
De igual manera desea que se acelere el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras al Condado en el entorno de Doñana. El Parlamento Andaluz envió al Congreso una proposición de ley para que se autoricen envíos de hasta 19,9 hm “que persigue la conservación, protección y recuperación del acuífero de Doñana”, defendió el parlamentario andaluz socialista Julio Jesús Díaz Robledo. Se aprobó la toma en consideración en junio pasado. El diputado responsable de agua de Unidos-Podemos, Pedro Arrojo, ha considerado que este proyecto “incentiva una espiral de crecimiento del regadío” en lo que los técnicos llaman erosión del objetivo.
El objetivo es que el regadío no seque el acuífero de Doñana. Pero se deteriora al traducirse en la multiplicación de cultivos. “Te garantizo que pasará porque cuando llega el agua se multiplican las expectativas de un negocio muy rentable”, vaticina Nuria Hernández-Mora. Ya ha ocurrido con el célebre Tajo-Segura. “Las expectativas (...) alentaron la ampliación de regadíos más allá de los previstos, a pesar de lo cual fueron asumidos por la vía de los hechos” describieron en un estudio los investigadores Julia Martínez Hernández y Miguel Ángel Esteve . 20 años después de la inauguración del trasvase, el déficit hídrico se había duplicado.
Nuria Hernández-Mora concluye sobre la batalla política (y electoral) que gira alrededor del uso del agua: “Los regadíos se han fomentado desde el sector público que ha incentivado esa transformación agroambiental. Así que debería encargarse también el sector público de liderar una reconversión del sector”.