En los últimos 25 años, la evolución de los precios de las tasas universitarias han modelado un panorama educativo superior de desigualdades regionales que parecen haber llegado para quedarse. La diferencia entre el coste de estudiar una carrera se ha disparado entre comunidades autónomas y el esfuerzo que tienen que hacer las familias para pagar los estudios (medido en gasto sobre la renta) se duplica, por ejemplo, de Bilbao a Barcelona.
Al Ejecutivo no le agrada esta circunstancia. O, al menos, eso dice. El secretario de Estado de Universidad, José Manuel Pingarrón, comentó la semana pasada su preocupación por la disparidad del coste de estudiar un grado universitario en función de la comunidad autónoma en la que se haga: “No puede ser que cueste el triple estudiar en Catalunya que en Galicia”.
Porque diferencias en el coste de los estudios universitarios entre las regiones siempre ha habido, pero desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio libertad a los campus para establecer el precio de las tasas universitarias (hasta un máximo del 25% del coste real de los estudios), la desigualdad se ha multiplicado.
Así, en el curso 1992/93 la diferencia entre estudiar en la comunidad con los precios más altos y la que tenía los precios más bajos oscilaba entre el 32% en el caso de las carreras con mayor experimentalidad (las de ciencias) y el 20% en las que menos, según datos (sin desagregar) de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Hasta el curso 2010/11 estas variaciones se mantuvieron relativamente estables. Ese año no llegaban al 50%.
Pero la apertura de mano de Rajoy con los precios para compensar mediante los ingresos provenientes de los alumnos el desplome en la financiación pública disparó las diferencias entre regiones porque algunas aprovecharon al máximo el margen de maniobra que les daba el Gobierno central (como Catalunya o Madrid) para encarecer los estudios, mientras otras hicieron caso omiso y no tocaron los precios. Esta variedad de aproximaciones llevó a que, hoy en día, la diferencia entre estudiar en la más cara (Catalunya) y la más barata (Andalucía) sea de hasta el 216% (más del triple).
Traducido a cifras: en apenas dos años, para el curso 2012/13, estudiar el mismo grado de máxima experimentalidad costaba en Catalunya 2.371 euros un curso estándar (60 créditos) y en Andalucía 749 euros. En las de experimentalidad mínima, la más barata es Galicia (591 euros por año) y los precios más caros los sigue teniendo la Generalitat catalana (1.516 euros por curso). Este último curso, tanto Catalunya como Madrid, las dos regiones más caras, bajaron algo sus tasas, pero la diferencia, de media, sigue siendo de más del doble (en las de experimentalidad máxima se acerca al triple).
Para solventar esta situación, el Gobierno ha expresado su deseo de “eliminar del todo” las horquillas de precios de las tasas, el rango en el que se permite moverse a las comunidades autónomas, que actualmente configuran el coste de los estudios universitarios y son la fuente de esta gran desigualdad.
Estas horquillas tienen un máximo, el citado 25% del coste real de los estudios (aunque ninguna universidad pueda cuantificar con precisión cuál es este, pero eso es otra cuestión), pero no un mínimo. El Ministerio recuerda que los Gobiernos regionales son libres de poner las tasas a coste cero, como ha hecho Andalucía, que bonifica el 99% del precio de la 1ª matrícula, una medida que le ha costó 37,8 millones de euros para 92.000 alumnos en el curso 2017/18.
Las diferencias del coste de los estudios universitarios entre regiones tienen un reflejo directo en el esfuerzo que han de hacer las familias para afrontar estos gastos. Según la CRUE, estudiadas la renta per cápita de cada región y el coste de los estudios superiores, un estudiante catalán debe dedicar el 7% de su renta per cápita a la Universidad, mientras que a uno vasco gastará el 3,18%. En esta estadística destacan casos como el de Extremadura, cuyos estudiantes gastan el 5,4% de su renta en la universidad cuando esta es la mitad que la de un vasco, por ejemplo (unos 16.000 euros anuales frente a 32.000).
Adecuar el coste a la renta
A este respecto, los rectores destacan que “la equidad que debe darse en el acceso a un servicio educativo prestado por instituciones de carácter público y financiado muy mayoritariamente con recursos fiscales demanda de actuaciones que corrijan estas diferencias que cuestionan el principio de igualdad de oportunidades”. La CRUE aboga, “en todo caso”, por adecuar el coste “atendiendo al nivel de renta de cada uno de los demandantes de este servicio universitario”.
Pero no se han quedado ahí los rectores. Eliminar estas diferencias regionales mediante la práctica gratuidad de la universidad le supondría al Estado 488 millones de euros al año, según el cálculo de la Conferencia. Es el coste de bonificar el 99% de la primera matrícula universitaria, al estilo de la medida ya instaurada en Andalucía.
A modo de referencia, el gasto público total de todas las administraciones en todas las etapas educativas fue de 47.576 millones de euros en 2016, último ejercicio del que el Ministerio de Educación ofrece datos consolidados. De esta cifra, nueve mil millones corresponden a gasto universitario.
A este cálculo de los rectores se ha unido el Ministerio de Ciencia y Universidad con su propia cifra, aunque ampliando la cuestión a los másteres: un informe interno que maneja la cartera que dirige Pedro Duque calcula en mil millones el coste de bonificar la primera matrícula de un grado o máster, según ha explicado el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.
Añadió rápidamente el número dos del ministerio que esta cuenta no quiere decir “ni muchísimo menos” que la existencia de este informe signifique que el Gobierno planee tomar esta medida.