Las tres principales compañías cárnicas brasileñas, JBS, Marfrig y Minerva, compraron miles de reses vinculadas a la deforestación en la Amazonía, según un informe divulgado este jueves por Greenpeace.
La organización revela cómo ganado criado en ocupaciones ilegales situadas en el interior de parques naturales del mayor bosque tropical del planeta es trasladado a haciendas licenciadas para esconder su origen.
La ganadería es la última etapa de un proceso de destrucción de la cobertura vegetal amazónica que comienza con la ocupación del terreno y sigue con la tala de los árboles y la quema del área en la época seca para finalmente destinar el área a actividades agropecuarias.
Según estimaciones oficiales basadas en imágenes por satélite, alrededor del 62 % de las zonas taladas durante los últimos años en la Amazonía están ocupadas actualmente por pastos.
El informe de Greenpeace analiza el caso específico del parque natural Serra Ricardo Franco, localizado en el estado de Mato Grosso (centro-oeste), fronterizo con Bolivia.
En su interior hay cerca de 140 haciendas que nunca fueron expropiadas desde que el área fue declarada unidad de conservación ambiental, en 1997, estatus que prohibía la producción agropecuaria, si bien la deforestación ha seguido al alza en la región.
Greenpeace estudió en profundidad una hacienda en particular, Paredao, propiedad de Marcos Antonio Assi Tozzatti, que también tiene registrado a su nombre otra hacienda cercana a la primera llamada Barra Mansa.
Barra Mansa es un gran proveedor de las tres principales cárnicas brasileñas mencionadas.
Entre 2018 y 2019, JBS compró 6.000 bovinos, Minerva adquirió 2.000 animales y Marfrig cerca de 300 procedentes de esa hacienda, según la investigación de Greenpeace.
Sin embargo, la ONG constató que, entre abril 2018 y junio de 2019, al menos 4.000 reses de Barra Mansa llegaron desde Paredao, la hacienda situada ilegalmente en el interior del parque natural.
“Toda esta operación ilegal de cría y venta de ganado alimenta el fuego y la deforestación que consumen la región, poniendo en riesgo especies únicas”, denunció Greenpeace.
La entidad recordó que en 2009 las tres empresas firmaron un acuerdo con el Ministerio Público Federal mediante el cual se comprometían a excluir de su lista de proveedores a aquellos que practicaban la deforestación, empleaban en condiciones análogas a la esclavitud o hubieran invadido tierras indígenas.
Pero “hasta el momento nada se ha hecho en esa dirección”, lamentó la organización.
Asimismo, destacó que JBS, Marfrig y Minerva, durante el periodo estudiado, exportaron 53.256 toneladas de carne valoradas en 267 millones de dólares y procedentes de sus plantas próximas al parque natural de Mato Grosso, según Greenpeace.
Los principales destino de la carga fueron Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
La deforestación en la selva amazónica brasileña aumentó un 51,4 % en los tres primeros meses de este año con respecto al mismo periodo de 2019 y solo en abril creció un 64 % en la comparación anual.
En 2019 se disparó un 85 % hasta 9.165 kilómetros cuadrados, su mayor nivel desde 2016, según datos oficiales.
Las organizaciones de la sociedad civil culpan de ese incremento al discurso “antiecologista” del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía y poner fin a la demarcación de nuevas tierras indígenas.
“Tenemos un sistema problemático de ocupación y producción en la Amazonía que destruye la selva, comete crímenes ambientales, invade áreas protegidas y se apropia de áreas” que “son patrimonio de todos los brasileños”, concluyó Greenpeace.
“Mercados y Gobiernos precisan romper relaciones con aquellos que destruyen la selva, y nosotros, como sociedad, precisamos repensar nuestra relación con la naturaleza”, completó.