La Guardia costera libia desembarcó anoche por la fuerza a 77 migrantes rescatados por un buque con bandera panameña en el Mediterráneo y que se negaban a abandonarar la embarcación en el puerto de Misrata por miedo a volver a ser torturados en los centros de detención de Libia.
“Unidades libias armadas han entrado en el buque y han sacado a los migrantes por la fuerza. Ha habido enfrentamientos e incluso lanzamiento de gases lacrimógenos. Algunos han resultado heridos”, dijo a Efe un testigo en Misrata.
Fuentes de Seguridad explicaron a Efe que los migrantes fueron trasladados anoche a esos centros de reclusión pese a la demanda de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que advirtieron de que supondría una nueva violación de los derechos humanos.
La coordinadora humanitaria de la ONU para Libia, María Ribeiro, denunció el asalto al buque, en un comunicado difundido en las redes sociales.
“La comunidad humanitaria está triste por como han sucedido los hechos. Los refugiados y migrantes que estaban a bordo procedían de Etiopía, Eritrea, el sur de Sudán, Pakistán, Bangladesh y Somalia”, afirmó.
“No querer abandonar un barco relativamente seguro que les había rescatado del peligro en el mar es una reacción comprensible. Es rechazable que los esfuerzos de mediación no hayan permitido una solución pacífica”, resaltó.
El pasado 16 de octubre, AI pidió a las autoridades europeas y panameñas que evitaran que los migrantes, entre los que se hayan varios menores, fueran llevados por la fuerza en un país que no está considerado un puerto seguro.
La organización advirtió, asimismo, de que el hecho de que el carguero “Nivin” fuera obligado a navegar rumbo a Libia tras realizar el rescate suponía una violación en sí misma de la ley internacional, que impide desembarcar personas en países donde no se respetan los derechos humanos.
“La protesta a bordo del barco ahora atrapado en Misrata es una clara muestra de las horribles condiciones a las que hacen frente los migrantes y solicitantes de asilo en los centros de detención de Libia”, señaló Heba Morayef, directora de AI en Oriente Medio y el norte de África.
“Los gobiernos europeos y el panameño deben trabajar con las autoridades libias y encontrar una solución para estar personas que garantice que no van a ser detenidos de forma indefinida en Libia, donde se practica la tortura”, alertó.
Los migrantes, un total de 91, fueron rescatados el pasado 9 de noviembre cuando navegaban a la deriva en un bote neumático precario que había salido de las costas de Libia con la intención de llegar a Italia.
Tras llegar al puerto de la ciudad estado de Misrata, 14 de ellos aceptaron desembarcar, pero el resto se negó, asegurando que preferían “morir a bordo” que volver a un país donde aseguraban que ya habían sufrido torturas.
Libia es un estado fallido, víctima del caos y de la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los distintos grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.
Desde 2014 tiene dos gobiernos, uno en Trípoli fruto de un acuerdo fallido forzado por la ONU y otra en el este del país, bajo tutela del mariscal Hafter, ambos carentes de legitimidad política y popular.
Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), más de 22.500 migrantes y solicitantes de asilo han logrado este año cruzar el Mediterráneo y llegar a Libia a través de la ruta central, la más mortífera del mundo, con más de 1.200 muertes este año.