Guerra de los médicos de la privada contra las aseguradoras: “Nos quedan entre cinco y diez euros por consulta”

En la sanidad privada se está librando una guerra poco visible para los pacientes. Un enfrentamiento soterrado que tiene que ver con el dinero que pagan las aseguradoras a los médicos y médicas autónomos que trabajan para ellas. Los facultativos se han organizado en torno a la Unión Médica Profesional (Unipromel), una especie de patronal de la privada creada hace año y medio, y acusan a las aseguradoras de hundir sus tarifas y retribuirles con condiciones “leoninas” por cada consulta, prueba diagnóstica o cirugía que practican y que se carga en la tarjeta del seguro al paciente.

“Los gastos sanitarios han ido subiendo y costeamos para las aseguradoras su buena cara frente a los pacientes. Somos el escaparate publicitario y tienen beneficios millonarios a nuestra costa”, asegura Rafael Arriaza, traumatólogo propietario de una clínica privada en A Coruña y presidente de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte.

El quid de la cuestión tiene que ver con unos baremos fijados en los años noventa por cada una de las intervenciones y consultas a través de un acuerdo entre las aseguradoras y la Organización Médica Colegial que, según Unipromel, no se han actualizado. Los colegios de médicos tienen prohibido desde 2009 participar en estas cuestiones relacionadas con los honorarios y las compañías aseguradoras siguen pagando precios muy similares a los de hace 30 años. En aquel documento bautizado como convenio igualatorio, estaban aún en pesetas. elDiario.es ha contactado con varias compañías aseguradoras para recabar su postura sin obtener respuesta. La patronal, Unespa, contesta por escrito que “la relación entre aseguradoras y sus proveedores es de carácter bilateral”.

La mayoría de pacientes que acuden a la sanidad privada ya lo hacen a través de un seguro. El crecimiento de las pólizas es imparable desde hace años, aunque el mayor impulso en la última década se registró en 2020, el año que estalló el coronavirus. Una de cada cuatro personas en España pagan a una aseguradora privada para servicios sanitarios, según los últimos datos de Unespa, y el sector tiene una facturación superior a los 9.000 millones de euros al año mientras la sanidad pública sigue sufriendo un problema crónico de listas de espera, agudizado por la crisis. Compañías como Sanitas, la segunda aseguradora del ramo sanitario con más de un 20% del mercado, hablan en su último balance de un “récord de ventas en el negocio asegurador” que ha impulsado hacia arriba sus beneficios anuales.

Un mercado de clientes

“Las compañías se han quedado con millones de potenciales clientes. Si quieres trabajar en la privada, debes tragar con las aseguradoras o con un determinado grupo hospitalario”, se queja el presidente de Unipromel, el oftalmólogo Ignacio Guerrero, que lamenta que la capacidad negociadora a nivel individual es nula y advierte que ya “hasta el más rico de Sevilla” paga a una aseguradora privada. La organización que lidera Guerrero agrupa a 4.000 médicos, aunque según Unipromel hay unos 30.000 en España en esta misma situación.

Algunos médicos reconocen que empiezan a apretar las agendas para meter a más pacientes y sumar más honorarios. Guerrero justifica que “para cubrir gastos” se dedica menos tiempo y se trabaja “a destajo”. “Nos fuerzan a eso por el fraude de los seguros baratos”, insiste. Las tarifas varían un poco según la compañía, sostiene Manuel Carmona, vocal de los médicos de ejercicio privado de la Organización Médica Colegial. Tampoco han cambiado con la COVID-19.

El radiólogo pone el ejemplo de una ecografía de hombro, por la que Sanitas le paga nueve euros y DKV, unos 30. “Estamos en negociaciones tensas y me he planteado dejar algunas compañías. El criterio de las aseguradoras es económico, pero el médico no puede atender mal al paciente, trato igual por el que me pagan nueve que por el que recibo 30”, expone Carmona, que por las mañanas trabaja en la sanidad pública.

¿Cuánto vale una consulta?

La petición de Unipromel es elevar los precios de las consultas de medicina general de los siete euros, en los peores casos, a los 25 o 30 euros; y en medicina especializada hasta 40. Actualmente se pagan unos 16, según la organización. “Todo el mundo sabe que en Madrid la consulta privada está a 100 euros y a nosotros nos quedan entre 5 y 10 euros netos por consulta”, justifica Guerrero. Asisa, compañía a la que varios médicos consultados se refiere por sus bajas tarifas, responde, preguntada por elDiario.es, que no suelen hacer comentarios sobre este asunto. Sanitas tampoco ha ofrecido una contestación a la consulta.

“Comprendemos que esto tiene una parte de negocio, pero si lo hacemos bien permite hacer la medicina que quieres. Si pierdes esa parte puede traer problemas graves de calidad asistencial. Si la presión de los costes obliga a ajustar mucho los límites es fácil caer al lado oscuro”, admite Arriaza poniendo como ejemplo a compañías de prótesis que vendieron productos de calidad cuestionable. Hay casos juzgados: la justicia francesa condenó a la empresa PIP (Poly Implant Prothèse) el año pasado tras vender un millón de prótesis mamarias entre 2001 y 2010 fabricadas con rellenos industriales baratos que con el tiempo se rompieron en el interior del cuerpo de muchas mujeres. Entre las compañías y la OMC hay abierta negociación lenta para actualizar el nomenclátor, el listado de actos médicos, pero no de las tarifas, según Arriaza.