La Junta de Andalucía justifica el récord de derivaciones a la sanidad privada para “mantener plazos de demora razonable”

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha cifrado este jueves en 858.529 los pacientes que, en total, fueron derivados en Andalucía a centros sanitarios concertados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el pasado año 2021, como ya informó elDiario.es Andalucía. Así lo ha detallado el consejero en el transcurso de una comparecencia en el Pleno del Parlamento a solicitud del PSOE-A en la que ha defendido estas derivaciones a centros de la sanidad privada de pacientes para “aliviar las listas de espera” de la red pública y también reducir la demora en la atención de estas personas.

Además, Jesús Aguirre ha subrayado lo “excepcional” de la situación que ha vivido la sanidad andaluza, al igual que la del conjunto del mundo, en los dos últimos años como consecuencia de la pandemia de Covid-19, y ha defendido que el objetivo de su Consejería ha sido siempre en este tiempo el de “garantizar a los pacientes los cuidados que precisan y una cama de hospital cuando lo han necesitado”.

El consejero ha detallado que, en 2020, la Consejería aprobó tres expedientes administrativos de contratación de emergencia; en concreto, uno para la prestación de asistencia sanitaria médica a usuarios del SAS por un importe de 33 millones de euros; otro para la prestación de asistencia sanitaria diagnóstica y/o terapéutica a usuarios del SAS por valor de tres millones de euros de “gasto devengado”, y un tercero para la prestación del servicio de asistencia complementaria a usuarios del SAS “para estancias médicas por sobrecarga de la red propia” por valor también de tres millones.

El consejero ha explicado que si se trasladan “estos contratos a la actividad sanitaria” se observa “un incremento de la actividad concertada durante este periodo, pasando de 3.453 salidas --de la sanidad pública a centros concertados-- por intervenciones en diciembre de 2019 a 8.308 salidas por intervenciones en diciembre de 2020”, cuando ya estaban “en vigencia” los contratos “de alerta sanitaria”, y a 5.471 en diciembre de 2021, según ha abundado Aguirre, que ha indicado que su departamento se centró en “poder dar salida a procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que no podían ser atendidos”.

Por ello, según ha continuado, tras dichos contratos se acordó “la contratación de emergencia de dos nuevos expedientes administrativos con vigencia mediante aprobación de una prórroga de nueve meses, hasta diciembre de 2022”.

En concreto, el primero de dichos dos expedientes fue para la contratación de emergencia de la prestación de asistencia quirúrgica por valor de 113 millones de euros, y el segundo para estancias médicas y a usuarios del SAS por estancias médicas, por sobrecarga de la red propia, de tres millones de euros, según ha detallado el consejero.

Gasto en conciertos

Ha especificado además, en relación al “importe económico público del total de las derivaciones de pacientes”, que, en 2020, “el gasto total de conciertos ordinarios más los contratos de alerta sanitaria fue de 175,9 millones”, y “el gasto devengado de 2021 a 24 de enero de 2022 correspondiente a contratos de alerta sanitaria más el de conciertos fue de 201 millones de euros”.

De estas cifras totales, según ha especificado el consejero, aproximadamente el 10% corresponde a contratos de pruebas diagnósticas; el 83% a conciertos con entidades hospitalarias para servicios como la realización de ingresos de pacientes o intervenciones con ingresos, y un 7% al epígrafe de “conciertos otros”, que incluye, entre otros, “servicios de rehabilitación o terapéutica quirúrgicas”.

Tras subrayar que todos estos datos están publicados “con la máxima transparencia” por parte de la Junta, el consejero ha puesto de relieve que, “gracias a la actividad contratada, sólo durante 2021 más de 850.000 pacientes fueron atendidos en centros contratados, permitiendo” así “aliviar las listas de espera y mantener unos plazos de demora razonable”.

En esa línea, ha subrayado que, “sin la actividad realizada por los contratos de alerta sanitaria, añadida a la que se realiza habitualmente con contratos ordinarios, la lista de espera actual al sistema sanitario público sería mucho mayor en número de pacientes y tiempo de demora”, y ha preguntado a los grupos parlamentarios que digan, si ellos estuvieran gobernando, si “dejarían a más de 850.000 pacientes en 2021 sin atender” o “en los cajones de las listas de espera”.

“Privatizar” la sanidad pública

El parlamentario del PSOE-A Javier Carnero le ha respondido que los socialistas “no dejaríamos a 850.000 pacientes” sin atender, “pero lo haríamos con contratos sujetos a la legalidad”, y en esa línea ha aseverado que “la contratación de emergencia realizada por el Gobierno andaluz está en cuestión por las formas y el fondo” con la que la han llevado a cabo, y se realizó para “privatizar la sanidad pública andaluza” de forma “encubierta”, y “no para la compra de suministro, medicación o material”.

En esa línea, el diputado socialista ha señalado que “no había nada que justificara la emergencia” en dichas contrataciones de la Junta, que, en vez de eso, debería haber optado por “contratos con concurrencia y publicidad, con procedimiento ordinario”, según ha sostenido Carnero.

Ha aseverado en esa línea que “legalmente no tenían soporte jurídico ninguno” las derivaciones a la sanidad privada realizadas por la Junta, a la que ha reprochado que siguiera recurriendo al procedimiento de la contratación de emergencia más de un año y medio después de que, en junio de 2020, decayera el primer estado de alarma decretado por el Gobierno central frente a la pandemia.

De igual modo, el parlamentario del PSOE-A ha afeado al consejero de Salud que en 2021 superara “el récord de derivaciones de pacientes de centros sanitarios públicos a privados”, a lo que Aguirre le ha replicado señalando que tenía “la impresión” de que el diputado socialista no era “consciente de que llevamos dos años en pandemia, con gran tensión en el sistema sanitario en todo el mundo”.

Además, el consejero ha defendido que las administraciones públicas sumen recursos de la pública y la privada para “solucionar el problema de los pacientes”, como así han hecho “todas las comunidades autónomas, independientemente del signo político”, según ha sostenido, y ha criticado que Carnero diga “que los contratos son ilegales” pero sin dar “ninguna prueba”.

Frente a ello, ha defendido que “cualquier actuación” que ha llevado a cabo su equipo de la Consejería y cualquier contrato suscrito ha sido “con el mayor rigor jurídico, viendo la necesidad e intentando solventar el problema sanitario de todos los andaluces”. “Y si para eso tengo que sumar recursos de la pública y la privada, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo”, ha advertido Aguirre antes de concluir acusando al PSOE-A de haberse comportado durante “todo el tiempo de pandemia de manera desleal con el Gobierno” de la Junta “y los andaluces”.