La guerra contra la memoria: demandas contra investigadores e impunidad para crímenes franquistas

¿Cómo puede afectar a un historiador una demanda por publicar datos documentados? ¿Y a un familiar de una víctima del franquismo que haya investigado, recogido indicios y publicado testimonios de testigos? La demanda presentada contra el historiador Fernando Mikelarena, de la que informó esta semana elDiario.es, ha causado revuelo en círculos de historiadores, memorialistas y familiares de víctimas del franquismo.

En ella Arturo del Burgo, hijo del exdiputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo, denuncia a Mikelarena por publicar que su abuelo Jaime del Burgo era jefe de requetés cuando se produjo la saca de Tafalla, la mayor matanza de republicanos en Navarra. Dicha información fue extraída por Mikelarena de varios documentos, entre ellos el diario Pensamiento Navarro.

“Es evidente que este tipo de hechos pueden suponer una pesadilla para el demandado”, señala el historiador Francisco Espinosa, autor del libro Callar al mensajero, publicado en 2009, donde recoge una docena de casos de personas que han sido demandadas desde el año 1980. “Algunos fueron terribles, los denunciados lo pasaron muy mal”.

“Es lógico que ante este tipo de denuncias la gente opte por no incluir todos los nombres que la documentación ofrece, o por expresar un cuidado especial, conduciendo a cierta autocensura”, explica Espinosa. “Aunque la demanda quede en nada, los años de pesadilla hasta que se archive el caso están ahí”, añade.

“Los que ganaron la guerra quieren seguir escribiendo la historia”, señalaba este jueves en Twitter la escritora Edurne Portela, al hilo de la denuncia contra Mikelarena. Integrantes del Ateneo Basilio Lacort y profesores de la Universidad Pública de Navarra han expresado en dos comunicados su apoyo al historiador.

En ellos rechazan “la judicialización del quehacer historiográfico cuando los hechos investigados por Mikelarena se produjeron hace 85 años. No es un caso aislado. En días pasados se ha conocido que el Gobierno polaco ha condenado a dos prestigiosos historiadores por sus investigaciones en torno al Holocausto. Este es un camino peligroso para la libertad intelectual”.

La condena en Polonia contra esos investigadores de la represión contra los judíos y el interrogatorio a una periodista en ese país han encendido las alarmas y están presente en las palabras de investigadores, historiadores y familiares de víctimas consultados por elDiario.es. Advierten del riesgo que este tipo de demandas conllevan en un país como España, donde los crímenes del franquismo siguen sin ser investigados por la justicia, a pesar de las peticiones de Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.

La demanda de la familia Franco

Uno de los casos que ha levantado ampollas en los últimos tiempos es la denuncia presentada por la familia Franco contra Carlos Babío, coautor del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio, por presunta vulneración del derecho al honor y la intimidad de la familia Franco, que le acusa de difamación por su intervención en un programa de televisión. También están denunciados varios periodistas.

“En estos momentos tengo dos demandas por injurias y calumnias contra Franco, una por lo civil y otra por la vía penal en dos juzgados diferentes”, relata a elDiario.es.

“Es como si yo atraco un banco y no valen los indicios, ni los testimonios, ni las pruebas que recopila la policía, y el juez me pide el acta del atraco. Si tengo que demostrar que a mi abuela o a otras personas les tomaron las propiedades, y para ello me piden entregar un documento firmado por Franco o por su gente reconociendo que abusaron de las personas colindantes, evidentemente ese documento no existe”, explica.

Y añade: “Los Franco pueden demandar a todo el mundo y pasearse por los platós de televisión diciendo lo que no les gusta. Volvemos a la impunidad de la presunción de veracidad que tiene el franquismo. Franco construye un relato que es propaganda, y cuando intentas demostrar que solo era propaganda, afrontas acusación de injurias y calumnias. Las víctimas están sometidas al acoso y los Franco siguen gozando de impunidad”.

La demanda del hijo de Baena Tocón

Otra demanda llamativa es la que afecta al catedrático de Literatura Juan Antonio Ríos Carratalá, denunciado por el hijo de Antonio Luis Baena Tocón por haber contado que su padre participó en el juicio contra Miguel Hernández. Esa querella señala también a un número tan elevado de periodistas, medios de comunicación -entre ellos, elDiario.es- y editoriales, que sus nombres ocupan una página entera, sin puntos y aparte.

Cuando Baena presentó su denuncia la Universidad de Alicante decidió en un primer momento borrar de dos artículos digitales el nombre de Baena Tocón. Poco después rectificó, entendiendo que “los fines de la investigación histórica, la consideración de autoridad pública y el concepto de investigación” prevalecen sobre la ley de protección de datos. 

La propia Agencia de Protección de Datos rechazó que se borrara del buscador Google el nombre de Baena Tocón por tratarse de documentos para “mantener informada a la sociedad” y estableció que “no hay injerencia” con el respeto a la vida privada.

“Hay un avance de la extrema derecha”

Sin embargo, Ríos Carratalá está aún pendiente de la demanda. “La experiencia es traumática porque creo haber realizado un trabajo correcto y, desde el principio, me puse en contacto con el hijo del alférez para recabar cualquier documento o testimonio que me pudiera facilitar y que fuera susceptible de modificar mis conclusiones”, indica Ríos Carratalá en conversación con elDiario.es.

“El caso del hijo de Baena Tocón en Alicante es escandaloso, dice que se acoge al derecho al olvido, pidió que apareciesen solo las siglas de su padre, la Universidad accedió en un primer momento, lo cual da la medida de cómo estaba el ambiente. Ríos Carratalá contó algo que puede comprobar cualquiera, y es que el padre de Baena Tocón formó parte del juzgado de instrucción que llevó adelante la causa de Miguel Hernández. Y no solo esa causa, otras más”, señala el historiador Espinosa.

“Este tipo de demandas pretenden detener el tipo de trabajo que llevamos haciendo los historiadores que investigamos estos asuntos. Ahora se sienten envalentonados con el avance de la extrema derecha dada la situación española, europea y mundial. Y piden el derecho al olvido”, añade.

Otros casos

El listado de personas afectadas por denuncias de este tipo incluye al historiador Dionisio Pereira, que en 2007 fue denunciado por la familia de un alcalde falangista. Trescientos cincuenta historiadores y académicos salieron en su defensa, pidiendo protección al Tribunal Contitucional.

También fueron víctimas de estas demandas la periodista Dolors Genovés, denunciada por los hijos del falangista Trías Beltrán, Carmen García, hija de un fusilado, demandada en 2019, con 90 años de edad, por el que fuera alcalde de su pueblo por acusarle de robar tierras, o Fernando Ruiz Vergara, condenado en 1982 a no poder exhibir su documental Rocío, por incluir el testimonio de un vecino que identificaba con nombres y apellidos al presunto cabecilla de la represión en Almonte.

La historiadora Ana Martínez Rus teme que “estas dinámicas de demandas afecten sobre todo a la gente joven a la hora de elegir un tema para una tesis, por ejemplo, valorando que es un riesgo que no les compensa porque aún no cuentan con los mecanismos de protección o con el salario precisos. En mi caso concreto no me siento achantada, seguiré haciendo mi trabajo como siempre, pero evidentemente abre una senda peligrosa porque se cuestiona la investigación histórica, se judicializa”.

¿No podemos investigar el franquismo hasta dentro de tres generaciones?

“El riesgo es que haya una sentencia perjudicial para la investigación histórica y que siente jurisprudencia. En ese caso ¿qué hacemos? ¿No podemos estudiar el franquismo hasta dentro de tres generaciones? Este es un problema de los descendientes con su pasado”, indica Martínez Ruz en conversación con elDiario.es.

El historiador y archivero Sergio Gálvez comparte la misma advertencia. “Estamos en un momento de ofensiva de la extrema derecha y nos arriesgamos a que el revisionismo y el negacionismo franquista puedan causar estragos”, alerta.

Hay una hiperinflación del derecho al honor de los muertos, que suelen ser los que tienen responsabilidad en la represión

El profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla, Bartolomé Clavero señala que “la jurisprudencia ha tendido a ponderar en favor del derecho al honor para personas que ya no están vivas, por encima del derecho a la información. Hay una hiperinflación del derecho al honor de los muertos, que casualmente suelen ser los que tienen responsabilidades directas o indirectas en la represión de la dictadura”.

El jurista explica que en este apartado la Constitución española -los artículos 18 y 20- es prácticamente igual a la alemana, pero que “a nadie en Alemania se le ocurriría emplear el derecho al honor para proteger el pasado nazi de alguien. No ha habido ningún caso que haya trascendido en Alemania en el que la justicia haya amparado la memoria antidemocrática del nazismo”, indica en conversación con elDiario.es.

Un franquismo sin franquistas

Ríos Carratalá es autor de un libro titulado Un franquismo con franquistas, en el que señala que en realidad en España se nos ha presentado a menudo un franquismo sin franquistas, salvo unas pocas figuras históricas:

“Hemos asumido, con dificultades, un pasado dictatorial, pero va a ser mucho más difícil aceptar una obviedad: ese pasado tiene numerosos protagonistas más allá de las grandes figuras históricas. La presencia de sus nombres en las investigaciones históricas, aunque sean rigurosas y cuenten con pruebas, todavía incomoda en unos sectores sociales incapaces de observar esa época como una materia histórica”, señala.

El historiador Mikelarena comparte la idea de que este tipo de demandas, como la que él mismo ha recibido, “intentan fomentar que no se investiguen estos temas”.

El presidente de la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, considera que “este problema surge del vacío de un Estado que no trabaja para que se relate y conozca la verdad de lo que pasó durante el franquismo, y delega su responsabilidad en investigadores que están expuestos a la judicialización de sus intentos por difundir quiénes fueron los responsables de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura”.

“Cuando el Estado no combate la impunidad del franquismo es la sociedad civil la que se enfrenta, desprotegida, a quienes se escudan en el honor para esconder la verdad”, añade Silva.

Fuera del ámbito de los historiadores y de los familiares de víctimas del franquismo también se han producido demandas, como la recibida por la diputada andaluza Teresa Rodríguez, quien fue condenada por un tuit contra el ministro franquista Utrera Molina en el que le atribuía responsabilidad en el asesinato de Puig Antich.

El denunciante se arriesga a que el pasado que quiere esconder o cuestionar sea divulgado mucho más

Rodríguez ha llevado su caso al Supremo, alegando “que la negativa de Utrera Molina a conceder el perdón a Puig Antich, bajo la forma de ”enterado de la sentencia“ que firmó el propio Utrera Molina”, es una forma de responsabilidad.

Esa condena a Rodríguez contrasta con la decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella contra el diputado de Vox Ortega Smith, por mentir al decir que las Trece Rosas “torturaban, asesinaban y violaban”.

En todo caso, estas demandas también pueden tener un efecto bumerán y lograr que el pasado que el denunciante pretende esconder o cuestionar termine siendo divulgado mucho más, al convertirse en noticia el motivo de la misma.