La presión mediática y, sobre todo, de las víctimas de la pederastia clerical logró este mediodía una pequeña victoria. Por primera vez, la Iglesia española, con el aval de Roma, ha dado cifras de los casos registrados, y juzgados, de abusos sexuales de clérigos de nuestro país. Y entonó un 'mea culpa'. “Reconocemos que en algún tiempo hemos podido caminar demasiado despacio, en otra época, incluso, mirar hacia otro lado y lavar los trapos sucios en casa”, señaló el portavoz de la CEE, Luis Argüello, tras ofrecer las primeras cifras oficiales que salen de la boca de la Iglesia acerca de esta lacra.
Según datos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, remitidas a los obispos de nuestro país el pasado 20 de abril, Roma ha recibido –y ha abierto expediente– 220 casos de abusos por parte de clérigos españoles en las últimas dos décadas. De ellos, 144 pertenecen al clero diocesano (de los que se han resuelto 101), y 76 del clero perteneciente a la vida religiosa (resueltos 50). El resto, “siguen abiertos”.
El Vaticano no ha informado a la Iglesia española de la cifra de víctimas, ni de qué castigos han recibido los culpables. Tampoco, de su procedencia o profesión. En la información no aparecen los casos de depredadores sexuales laicos, o religiosos no sacerdotes. ¿Los conoceremos en el futuro?. “La CEE no tiene, hoy por hoy, intención de abrir ninguna investigación”, apuntó Argüello quien por primera vez dejó la puerta abierta a que, tras un debate que al fin se ha abierto en el episcopado, pueda iniciarse una investigación independiente, con acceso a los archivos, al estilo de lo que ya sucede en el resto de países de nuestro entorno.
“Cualquier dato de víctima es un rostro, y desde el victimario, es grave”, admitió Argüello, quien se encargó de rebajar la importancia del número de denuncias en la Iglesia comparándolas con las cifras de todas las denuncias del Estado español a lo largo de estas dos décadas: “En España ha habido más de 220.000 denuncias”, sostuvo. A ello contrapuso en el ámbito de la Iglesia han sido 220, mientras “han ejercido el ministerio 31.000 sacerdotes”. Tampoco perdió ocasión el portavoz de calificar de “doloroso, injusto y no adecuado poner todo el foco de los abusos en la Iglesia”, lo que consideró “un escándalo”, a raíz de la polémica con la ministra Ione Belarra.
“Tenemos un verdadero problema social, una problemática que se da en toda la sociedad española, en el ámbito familiar, educativo, deportivo, en muchos ámbitos”, recalcó Argüello, volviendo a admitir que “hemos ido despacio, pero no me cabe duda de que la Iglesia española quiere colaborar, y agradecemos la ayuda, aunque sea crítica, desde asociaciones y medios de comunicación”.
Éste fue no de los temas clave en la plenaria en la que los obispos acordaron la creación de “un servicio de comunión, asesoramiento y ayuda a las oficinas para la protección de menores”, para mejorar el trabajo de las mismas, “del apoyo que tenemos que prestarnos unos a otros” y los “servicios comunes que nos podemos hacer”.
“Preocupante discrepancia” con el Gobierno
En cuanto a las relaciones con el Gobierno, el portavoz episcopal indicó que, en el ámbito formal, “son normales, constructivas”, aunque recalcó que, en lo tocante con las cuestiones legislativas, “nuestra relación con el Gobierno es de preocupante discrepancia”, a cuenta de “una propuesta antropológica” que se ve en leyes como la de la protección del menor, eutanasia, Lomloe, género, aborto o transexualidad, “que nos preocupa”.
“En el día a día queremos colaborar, y lo hacemos, en temas como las inmatriculaciones o aspectos fiscales… donde la relación es adecuada. Desde el punto de vista del programa legislativo, nuestra relación es de preocupante discrepancia”. No quiso entrar Argüello en las polémicas sobre VOX o las elecciones de Madrid, y apenas recalcó que “no nos parece adecuado hacer homenajes (a Franco) o actos de significado político”.
Los obispos también presentaron su 'Testamento Vital' de cara a la entrada en vigor de la ley de Eutanasia. En el texto, se apunta el deseo del firmante de que “si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica; que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el ”suicidio médicamente asistido“, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte”.
También pide “ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren los sacramentos pertinentes”. “En caso de estar embarazada, pido que se respete la vida de mi hijo”, se incluye en el texto, que ofrecemos a continuación. Una decisión que, recordó Argüello, se debe plantear formalmente. “No basta con tenerla en la cartera”.
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