El ahora arrestado por su gestión del Canal de Isabel II y expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, pusieron en marcha en 2012 el mayor proceso de privatización sanitaria de España: adjudicaron la gestión médica de seis hospitales a tres contratistas. Un contrato global de 4.600 millones euros para diez años. Solo las trabas judiciales les hicieron parar –habían hecho oídos sordos a la multitudinaria movilización social–.
Nada más llegar a la presidencia regional tras la renuncia de Esperanza Aguirre, González y Lasquetty anunciaron que subastarían la atención sanitaria especializada de más de un millón de ciudadanos. Seis hospitales –que sumaban 1.149 camas y 5.128 profesionales– pasarían a estar en manos de empresas privadas. Para ello, se modificó la ley, se redactaron contratos, se buscaron contratistas y hasta se modificaron las condiciones de adjudicación a última hora para hacer más atractivo el encargo.
Mientras el Gobierno de González iba firmando documentos, se iban sucediendo las huelgas de médicos, las manifestaciones de ciudadanos y las acciones judiciales contra el proceso: nació la marea blanca. No pareció hacer mella en los planes de privatización.
Empeñado en sacar adelante el proyecto, el Ejecutivo de Madrid rebajó de golpe la fianza que los aspirantes debían depositar para optar al concurso. Pasó de suponer el 10% del contrato total de diez años, a una décima parte. Lo hizo solo cuatro días antes de conocerse las ofertas y fue el error principal porque varios jueces vieron más tarde en esto una posible causa de nulidad. Pero, hacía falta endulzar el negocio.
El principal gestor privado de hospitales públicos en España (entonces Capio Sanidad) no había entrado en el proceso. De manera que tres de los seis hospitales no tenían contratrista en el horizonte. Finalmente sí que apareció una aspirante sorpresa. Llegó desde el Caribe una desconocida empresa puertorriqueña llamada HIMA-San Pablo. Hasta entonces, esta sociedad se había estado expandiendo a base de ofrecer turismo sanitario a ciudadanos de EE UU.
El consejero de Sanidad nunca ofreció datos exhaustivos sobre la rentabilidad de la operación –el plan ocupaba 11 folios– . Ni siquiera hubo competencia entre las empresas ya que cada uno de los aspirante pujó por hospitales diferentes. Para agosto de 2013 se firmaron las adjudicaciones. Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo (que obtuvo sin contrincantes tres hospitales) serían los gestores médicos.
El frente judicial
El frente que no pudo controlar ni ignorar Ignacio González fue el judicial. Y lo intentó. Los magistrados paralizaron el proceso cautelarmente en julio de 2013 a petición de unos senadores del PSOE. En cuanto esa suspensión se levantó (porque los recurrente no tenían “interés legítimo”), la Comunidad de Madrid se apresuró a formalizar las privatizaciones.
Pero en septiembre otro magistrado volvió a detener las adjudicaciones de manera provisional. Ante la proliferación de recursos, el presidente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Gerardo Martínez Tristán, dictó que 50 magistrados decidieran si unían los procesos. Martínez Tristán es marido de una entonces consejera de Castilla-La Mancha gobernada por María Dolores de Cospedal (PP). La súpersala se lavó las manos y mandó cada recurso a su juzgado correspondiente para decepción del Ejecutivo de González.
Eso ocurrió a comienzos de enero de 2014. Para el día 27 de ese mes, cuatro magistrados rechazaron la petición de permitir avanzar en el traspaso a manos privadas de los hospitales. Ignacio González salió a anunciar que dejaba morir el proyecto: las empresas no podían seguir esperando. Lasquetty dimitó. González siguió en su cargo hasta que el Partido Popular escogió como candidata electoral a Cristina Cifuentes. Tras asentarse en la Puerta el Sol (sede de la presidencia), la nueva jefa de Gobierno enviaba meses después la documentación sobre la gestión del Canal de Isabel II a la Fiscalía. ¿El gestor? Ignacio González.