El Ministerio de Igualdad insiste en la idea de llevar al Consejo de Ministros la Ley Trans y LGTBI, cuyos borradores se conocieron ayer, en la primera quincena de febrero. Y mantener, pese a lo que propone el PSOE, las dos legislaciones por separado, que es lo que recoge el acuerdo del Gobierno de coalición. Así lo han trasladado fuentes del departamento dirigido por Irene Montero este miércoles, que han apelado “al consenso parlamentario” que se dio en 2019 para defender su propuesta en lo que respecta a la autodeterminación de género de las personas trans. Un contenido que genera discrepancias con los socialistas, que se han desmarcado del borrador apelando a que “no es un texto del Gobierno” y que ya enfriaron la semana pasada el plazo propuesto por Irene Montero y no dan por cerrada ninguna fecha.
Preguntadas sobre si es realista la propuesta de aprobar los proyectos antes de dos semanas, las mismas fuentes han asegurado que “hay negociaciones muchísimo más complejas que se han resuelto antes, estamos hablando de pocos días, pero quedan de sobra” y confían en “llegar a un acuerdo” con su socio de Gobierno, y en concreto con la vicepresidencia primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. 
Desde el Ministerio de Igualdad encuadran las reticencias de su socio, que prefieren calificar de “matices”, en “el marco habitual que se da en cualquier negociación de cualquier texto” y apelan “a seguir negociando con vicepresidencia y el resto de ministerios”. “Tendremos debates, tendremos que aportar consideraciones que desde cualquier lugar se nos quieran hacer”, añaden las mismas fuentes, que rechazan detallar qué puntos están actualmente negociándose y apelan a “la cautela” en las negociaciones, aún abiertas. El PSOE, por su parte, alude a que los textos deben contar con “garantías jurídicas”, pero no llega a concretar una alternativa.
Con respecto a las apreciaciones que ha hecho Moncloa sobre que el borrador no responde a todo el Ejecutivo, sino a la posición de Unidas Podemos, las fuentes responden que no tienen “constancia de que el Ministerio de Igualdad no forme parte del Gobierno”, y añaden que a la norma “todavía la queda muchísimo trabajo por delante”, incluso una vez se apruebe en primera vuelta en el Consejo de Ministros.
La autodeterminación es “una cuestión central”
Lo que sí recalca Igualdad es que la libre determinación de la identidad de género, es decir, que una persona pueda modificar su sexo legal sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, es una de “las cuestiones centrales que tienen que aparecer” en el proyecto, en parte, razona, porque “vienen avaladas por el consenso del Parlamento”. La propuesta de Igualdad, tal y como llevan años reivindicando las personas trans y en la línea de lo que ya legislan varias comunidades en el ámbito de sus competencias, es que solo haga falta la “declaración expresa”, en contra de los criterios “patologizantes”, denuncia el colectivo, que actualmente se exigen: contar con un informe psicológico que les diagnostique “disforia de género” y a haber estado al menos dos años en hormonación.
Este cambio se traslada prácticamente literal de la ponencia que estuvo a punto de ser aprobada en el Congreso hace dos años, a instancias de una iniciativa para reformar la ley presentada por el PSOE. Un “mandato”, explican fuentes de Igualdad, “al que nos debemos todo el Gobierno”. Preguntada por este viraje, la entonces portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha admitido que el PSOE “se cayó del caballo en 2017 cuando tomó conciencia de las consecuencias prácticas de legislar la autodeterminación”. La iniciativa, no obstante, contó con el apoyo de los socialistas al menos hasta 2019, que fue cuando al dictamen de la reforma solo le quedaba un último paso que no dio tiempo a completar.