Igualdad confía en aprobar las leyes trans y LGTBI la primera quincena de febrero tras una primera reunión de Montero y Calvo

La elaboración de las leyes Trans y LGTBI avanza. La ministra de Igualdad, Irene Montero, competente en la materia, y Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, han mantenido este lunes la primera reunión de trabajo con los textos de las normas, aún en fase de borrador, según confirman fuentes de ambos departamentos a elDiario.es. Las dos leyes forman parte del acuerdo de Gobierno que los dos socios se comprometieron a impulsar, pero han desatado un duro enfrentamiento entre las dos formaciones y también en el seno del movimiento feminista, que cuenta con posiciones encontradas.

La previsión de Igualdad, apuntan fuentes del departamento, es que las dos leyes sean aprobadas conjuntamente por el Consejo de Ministros durante la primera quincena de febrero, y se inicie así su trámite legislativo, pero desde la vicepresidencia primera no dan por cerrado ningún plazo para su impulso. “Se va a trabajar todo lo rápido que se pueda. Ha sido una primera reunión de trabajo”, señalan en el entorno de Calvo. Como responsable de Igualdad del PSOE, la vicepresidenta firmó un argumentario del PSOE hecho público en verano que era crítico con la autodeterminación de género de las personas trans, uno de los pilares de la norma que prepara Igualdad. Desde las filas socialistas se muestran a favor de la despatologización, pero insisten en la necesidad de dar garantías jurídicas al proceso de modificación del sexo en el Registro Civil.

Fuentes del ministerio dirigido por Montero se muestran “prudentes” y recalcan la “sintonía” que ha habido en este primer encuentro, al tiempo que destacan el consenso en “garantizar lo antes posible los derechos LGTBI y de las personas trans”, añaden sin entrar en detalles. Las normas, que prevén desplegar un abanico de medidas contra la discriminación LGTBIfóbica, “se han trabajado durante el último año con diversas expertas y expertos en la materia y con los colectivos implicados” y “cuentan con una nítida garantía jurídica”, recalcan.

Por su parte, en la vicepresidencia primera del Gobierno enmarcan la reunión en la normalidad de las relaciones en el seno del Ejecutivo –“es habitual que los ministros vean con ella los anteproyectos en su calidad de coordinadora de la acción legislativa”–, y aseguran que se ha tratado de “una primera reunión de trabajo”. Así, evitan pronunciarse sobre si ha habido un acercamiento en los principales puntos de desencuentro: “No han descendido a los detalles”. 

En el PSOE son conscientes del malestar que provoca en un importante sector del feminismo la propuesta, en concreto en lo que respecta a la autodeterminación de género, que implica eliminar los requisitos médicos que el Estado exige a las personas trans para modificar su sexo en el Registro Civil. Contra ello se posiciona una parte del feminismo, que argumenta, entre otras cosas, que autorizarlo supone la “pérdida de la protección de los derechos específicos contra la opresión por razón de sexo”. Algo que defendía también el argumentario firmado por Calvo y otros dirigentes socialistas. “La seguridad jurídica es importantísima”, avisan desde su departamento.

La ley que está trabajando Igualdad, por la que han peleado históricamente las personas trans, prevé modificar la actualmente vigente, de 2007. Esta les obliga a contar con un informe psicológico que les diagnostique “disforia de género” y a haber estado al menos dos años en hormonación para cambiar su mención registral. Un proceso que muchas califican de “patologizante” y un paradigma, el de considerar la transexualidad como una enfermedad, que varios organismos internacionales han pedido superar. Nueve comunidades en España, de hecho, han aprobado en los últimos años normas que eliminan estos requisitos para los ámbitos de su competencia. En todas las ocasiones, con el apoyo o impulso del PSOE.

El último capítulo del enfrentamiento en el espacio de Igualdad entre ambos socios de Gobierno se produjo hace escasos días al respecto de la Ley de Igualdad de Trato, que junto a la Ley Trans y LGTBI conforma el paquete de medidas legislativas contra la discriminación acordado por ambos. El PSOE registró en el Congreso la norma en forma de proposición de ley, pero lo hizo en solitario. Desde Unidas Podemos acusan a los socialistas de “no contar con el socio de Gobierno ni con el Ministerio de Igualdad”, mientras que los primeros lo niegan, aseguran que estaba pactado impulsarla ahora, y dicen que Unidas Podemos no ha trasladado “los motivos” por los que no la firman.