Bajas por reglas incapacitantes pagadas al 100% por la Seguridad Social y desde el primer día. Se trata de lo consensuado por el Ministerio de Igualdad y el de la Seguridad Social este jueves, según fuentes gubernamentales, después de la filtración del borrador de la nueva Ley del Aborto que lidera la ministra Irene Montero. La medida aún se está debatiendo en el seno del conjunto del Gobierno, por lo que aún puede modificarse, explican estas fuentes.
El acuerdo se produce pocas horas después de que varios ministros del ala socialista del Ejecutivo enfriaran la posibilidad de que este tipo de bajas acabaran formando parte de la norma. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, del que depende el reconocimiento de las bajas laborales, matizó que la medida aún estaba “en discusión”, mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dio un paso más allá al asegurar que el Gobierno no aceptaría ninguna medida que “estigmatice a las mujeres”.
Fuentes del Gobierno aseguran que este texto pactado se alcanzó este jueves, cuando se reúne la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que prepara los temas que irán al siguiente Consejo de Ministros. La intención es que el Ejecutivo dé luz verde al Anteproyecto para la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo, que reformará la ley del aborto aprobada hace doce años, el próximo martes 17 de mayo.
No obstante, lo previsible es que las negociaciones se alarguen hasta el martes. La medida aún no está cerrada del todo en el seno del Gobierno, confirman varias fuentes del Ejecutivo a este medio. Desde Hacienda, a la que se había señalado en los últimos días como una de las figuras resistentes a la medida por su coste económico, niegan a elDiario.es su rechazo y apuntan de hecho que la medida cuenta con su visto bueno.
Desde la vicepresidencia económica precisan que “aún no se ha terminado de cerrar el texto” y recuerdan que esto se “hace de forma colegiada por parte de todo el Gobierno”. La intención es cerrarlo “en los próximos días”, apuntan desde el departamento de Nadia Calviño, “para avanzar en las políticas de igualdad de género que promueve todo el Gobierno en su conjunto”.
Bajas pagadas desde el primer día
Las bajas específicas acordadas por la Seguridad Social e Igualdad se configuran como un tipo de incapacidad temporal que, al igual que cualquier otra baja, debe ser otorgada y estar bajo supervisión médica.
No llevará asociada ningún mínimo ni máximo de días, al contrario de la propuesta inicial del Ministerio de Igualdad, que apostaba por que fuera de tres días ampliables a cinco.
Además, serán bajas financiadas desde el primer día por la Seguridad Social y no requerirán periodo mínimo de cotización a diferencia de las enfermedades comunes, que exigen un periodo mínimo de 180 días en los cinco años previos, informan las mismas fuentes.
Protección social reforzada
Este texto, de salir adelante, supondría una protección social especial para estas bajas por reglas dolorosas, ya que en general la prestación por una baja de incapacidad común no se paga desde el primer día, ni la abona el Estado a través de la Seguridad Social.
La prestación por incapacidad común, que se reconoce cuando existe una baja médica por enfermedad común, cubre el 60% de la base reguladora (similar al salario) desde el cuarto día de baja. El abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja, ambos inclusive, se atribuye al empresario y es a partir del día 16 de baja cuando la responsabilidad del abono incumbe al INSS, ISM o a la Mutua, como explica aquí la Seguridad Social.
Por tanto, en general, los tres primeros días de baja por contingencias comunes el trabajador no tiene garantizado el salario, aunque en un gran número de convenios y empresas las empresas sufragan el salario a sus plantillas.