El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, tendrá que declarar investigado por un delito de prevaricación, contra la propiedad intelectual, malversación de caudales públicos y coacciones el próximo 16 de enero, como ha adelantado el diario Público.
El juez de instrucción lo cita en virtud de la querella penal que le han interpuesto los responsables del Instituto de Danza Alicia Alonso, un centro de una fundación privada que tenía un convenio con la URJC prácticamente desde su fundación. El centro recibía todos los años en torno a un millón de euros y lo gastaba y luego jutificaba en unas memorias. Las instalaciones las ponía la universidad pública, así como parte del profesorado. El centro Alicia Alonso, que además de titulaciones oficiales impartía títulos privados al margen de la universidad, decidió emprender acciones legales después de que el rector decidiera romper el convenio tras revisar diversa documentación.
Además, los responsables del centro, que pierden así su principal fuente de ingresos, interpusieron una denuncia por lo contencioso administrativo que también fue admitida y en la que se ha tomado la medida cautelar de anular la ruptura del convenio.