El Gobierno tramita por fin la petición argentina de interrogar a Martín Villa y a otros 18 cargos franquistas
El Ministerio de Justicia ha enviado a diferentes juzgados españoles los exhortos remitidos por la jueza Servini en la denominada Querella Argentina. El Gobierno de España paralizó los pedidos pero no ha podido saltar el acuerdo en materia penal suscrito entre ambos países. Las declaraciones llegarán “en octubre”, según impulsores de la demanda.
La pelota de la impunidad del franquismo pasa así a los juzgados de residencia de los acusados, entre ellos siete exministros franquistas –como Martín Villa o el suegro de Gallardón, Utrera Molina–, jueces, mandos policiales e incluso un médico. A los acusados se les imputan delitos de homicidio, torturas y robos de bebés. “Es un pedido importante que suma para neutralizar lo que el Gobierno español intentó impedir”, afirma el abogado de la querella, Carlos Slepoy.
Aún “no hay fecha determinada”, aunque la titular del Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires, María Servini de Cubria, ha marcado en rojo el mes de octubre. Ahí deben citar los tribunales –el grueso está en Madrid– para cumplir el calendario previsto. No hay respuesta sobre este asunto desde fuentes ministeriales, a preguntas de eldiario.es.
Con una clave: “la jueza estará presente en los interrogatorios”, anuncia Slepoy. Con viaje previsto entre el próximo 8 y 21 de enero (juzgados españoles cuadran agenda con el bonaerense para esos días), Servini estará en España cuando los altos cargos del franquismo acusados de crímenes contra la humanidad sean llamados a prestar declaración indagatoria.
La impunidad franquista, en manos de los jueces
La iniciativa “supone un avance sustancial y un nuevo impulso en la causa criminal 4951/2010” que se tramita desde Buenos Aires “en aplicación del principio de Justicia Universal”, informa la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA). Tras los testimonios, la jueza decidirá sobre el procesamiento de los imputados solicitado por las acusaciones en la causa.
El Ministerio de Justicia cumple de este modo el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España. La paralización anterior de las autoridades españolas constituía una “manifiesta vulneración de las normas internacionales”, según los demandantes. Servini, entonces, solicitó interrogarlos en juzgados territoriales.
El pasado 29 de agosto la jueza argentina reiteraba los exhortos para tomar declaración en su presencia a los 19 imputados por crímenes contra la humanidad. Ahí quedó. Hasta el pasado viernes 9 de septiembre, cuando el Ministerio de Justicia cedía el testigo. “Los imputados deberán ser debidamente citados por dichos órganos jurisdiccionales para prestar declaración indagatoria”, sostiene CeAQUA.
“Confiamos en que los diferentes jueces españoles que deben ejecutar el exhorto colaboren adecuada y activamente con las autoridades judiciales argentinas en la toma de declaración a los imputados”, reiteran. El lento discurrir del proceso certifica “las numerosas quejas de diferentes organismos internacionales –caso de la ONU o la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa– que piden a España que termine con la impunidad del franquismo”, subraya Carlos Slepoy.
De los 19 imputados, 17 declararán por primera vez ante tribunales de justicia acusados de la comisión de crímenes contra la humanidad. Con anterioridad, otros como los expolicías Antonio González Pacheco Billy el niño y Jesús Muñecas Aguilar ya lo hicieron ante la Audiencia Nacional. Una situación que ejemplifica “la intolerable política de impunidad mantenida por el Estado español respecto a la investigación y enjuiciamiento de dichos crímenes”.
El abogado destaca además “la simultaneidad” entre varias iniciativas “que demuestran que la querella está funcionando”. Como “otros exhortos que están siendo atendidos y que están llevando a varios jueces españoles a tomar declaración a víctimas del franquismo en distintos lugares del Estado, las exhumaciones que pidió la jueza Servini y que están en trámites de verificarse o la petición judicial para que los obispados informen sobre la relación de la iglesia con el franquismo en los 40 años de dictadura”.
