El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 600.000 euros Ángela González, la mujer cuya expareja asesinó en 2003 a su hija durante una visita parental y luego se suicidó, informa Efe. El suceso ocurrió después de que un Juzgado de Navalcarnero (Madrid) modificase las visitas del padre a la menor de vigiladas a no vigiladas.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) condenó a España por actuar negligentemente y proteger adecuadamente a una víctima de violencia machista en 2014. Ahora, fuentes del alto tribunal han informado de que es la primera vez que se condena al Estado español por no cumplir un dictamen del Comité de la ONU al no atender la reclamación indemnizatoria de la mujer, que alegó que si la visita hubiera sido vigilada no se habría producido el crimen, el 24 de abril de 2003.
El Supremo explica que la mujer denunció en 47 ocasiones por malos tratos y otras causas a su expareja, quien tras la separación la llegó a decir que le iba a quitar lo que más quería, en relación a su hija.
Inicialmente el Juzgado de Navalcarnero estableció que las visitas fueran vigiladas pero tras más de un año las cambió a no vigiladas. “Nadie vio ningún error. Yo me atrevería a decir que a esta justicia no le importó la muerte de mi hija”, contaba la madre poco después de conocer el dictamen de la ONU en 2014.