La ministra de Igualdad, Irene Montero, responsabiliza a los jueces de las rebajas de penas a abusadores sexuales conocidas esta semana tras la aplicación del nuevo abanico penal de la “ley del solo sí es sí”. “Lo que está ocurriendo es que hay jueces que no están cumpliendo la ley”, ha dicho Montero este miércoles a preguntas de los periodistas. Siguiendo con el mensaje que el ministerio trasladó ayer, cuando se conocieron los casos, la titular de Igualdad considera que se trata de un problema de “machismo” que “puede hacer que haya jueces que interpreten erróneamente una ley o la apliquen de forma defectuosa”.
“La ONU ya nos alerta de esta situación, nos dice que los estereotipos y el machismo pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia”, ha insistido Montero, que ha llamado a “fortalecer la formación obligatoria” en perspectiva de género de los operadores jurídicos.
La petición de revisión de penas conforme a la nueva legislación le ha estallado al Gobierno poco más de un mes después de su entrada en vigor y tras conocerse dos sentencias que revisan la pena impuesta en su momento y la rebajan. Una se refiere a un pederasta que abusó de la hija menor de su pareja. Los jueces estiman que en su momento se le impuso la pena mínima (ocho años) y que la nueva norma obliga, por tanto, a imponerle la nueva condena mínima de seis. El otro caso es el de un profesor de inglés condenado por abusar de varios alumnos, para el que la pena queda rebajada porque los jueces consideran que el nuevo Código Penal despenaliza dos de los episodios por los que fue condenado.
Horas después de las palabras vertidas por Montero, ha reaccionado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, que muestra “su más firme repulsa” a los “intolerables ataques” por parte de “algunos responsables políticos”. El organismo afirma que la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal y que las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la ley resultan de la aplicación estricta de estos preceptos.
El mismo martes, tras hacerse públicos los fallos, la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, se abrió a revisar la norma. Sin embargo este miércoles Pedro Sánchez ha rebajado esa intención y confía en esperar a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para dar los próximos pasos. El presidente ha respaldado la norma y ha asegurado que su “propósito” es “proteger a las mujeres” al “convertir cualquier tipo de delito sexual en agresión sexual”. “Corresponde a los tribunales y a la Fiscalía el unificar esa doctrina. Esperemos a que los tribunales unifiquen la doctrina para extraer conclusiones”, ha apostillado.
A preguntas de los medios, Irene Montero también ha apuntado a esa misma dirección y se ha mostrado “complemente de acuerdo” con lo manifestado por Sánchez. “Confiamos en que los tribunales unifiquen su criterio para garantizar los derechos de las mujeres y que no hay impunidad para los agresores, que es lo que el legislativo y ejecutivo pretenden con esta ley”, ha añadido.
También la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, achaca las rebajas al “incumplimiento de la ley” por parte de los jueces. “No es la primera vez que los jueces aplican con un sesgo de género el Código Penal. España tiene una gran tradición de sentencias machistas”, ha afirmado. Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha referido a la norma como una ley “que vamos a seguir defendiendo juntas porque las mujeres, y especialmente el movimiento feminista de este país, se lo merece”, ha dicho dirigiéndose a la titular de Igualdad, informa Laura Galaup.
Rosell: “El problema no existe”
Una férrea defensa de la legislación ha hecho también la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha insistido en el mensaje de la interpretación jurídica. “El problema no existe, la ley está clara, el legislativo y el Ejecutivo han hecho los deberes y falta que el judicial interprete la ley y se forme conforme a los estándares internacionales”, ha manifestado poco antes de comparecer en la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso.
Además, Rosell asegura que “ya hay jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Supremo” y una doctrina “de la Fiscalía General del Estado” de 2015. “Ha habido muchísimas reformas en las que se han reducido las penas mínimas y, sin reducir las máximas, no ha pasado esto”, ha manifestado la delegada.
La nueva ley hace desaparecer el delito de abuso sexual, de tal forma que cualquier acto sin consentimiento es considerado agresión e impone una horquilla de penas diferente, que en su momento Igualdad defendió por considerarla menos punitiva, por la que las penas mínimas de algunos delitos descienden y algunas otras, al unir abuso sexual y agresión, aumentan.
Distintas fuentes jurídicas no ponían en duda que una rebaja de los límites de las condenas por estos delitos se iba a traducir en este tipo de rebajas, aunque no siempre. El Código Penal recoge varias posibilidades para revisar una condena si una nueva ley puede ser más favorable al condenado, pero desde Igualdad insisten en defender que el Supremo “establece que si la pena impuesta es también imponible con la nueva ley, no se revisan”, en palabras de Rosell.