Las bebidas azucaradas están desde hoy sujetas a un nuevo impuesto en la República de Irlanda, una medida encaminada a la reducción de la obesidad y la lucha contra otras enfermedades ligadas al edulcorante.
De acuerdo con la nueva política sanitaria del Gobierno de Dublín, el llamado “Impuesto de Bebidas Endulzadas con Azúcar” eleva el precio de cualquier producto con base de agua o zumo que contenga más de cinco gramos de azúcar por 100 mililitros.
Aunque su principal objetivo es mejorar la salud de la ciudadanía, el Ministerio de Finanzas también prevé elevar sus ingresos fiscales en unos 40 millones de euros durante los próximos doce meses gracias a esta tasa.
Esa cifra, apuntan los expertos, menguará a medida que la industria alimentaria vaya reduciendo el contenido de azúcar en las bebidas y las sustituya por otros edulcorantes.
Desde hoy, el consumidor en Irlanda pagará 20 céntimos más por las bebidas que contengan entre cinco y ocho gramos de azúcar por litro, mientras que las que superen ese límite se encarecerán en 30 céntimos.
Además de los clásicos refrescos gaseosos, el impuesto también afectará a algunas aguas aromatizadas o carbonatadas, bebidas energéticas y deportivas y a zumos elaborados a partir de concentrados.
Por contra, están exentos los zumos de frutas puros y las bebidas lácteas, siempre y cuando no contengan azúcar añadido, así como las versiones “cero” o “bajas en calorías” de refrescos, que suelen contener otro tipos de edulcorantes.
El Grupo de Política Sanitaria sobre Obesidad del Colegio Real de Médicos de Dublín destacó hoy que el Gobierno irlandés ha dado con esta medida un primer “paso firme y concreto” en la lucha contra la “epidemia de obesidad” que afecta al país.
Su presidente, Donal O'Shea, recordó a la cadena pública RTE que hasta 40.000 personas han fallecido durante los últimos diez años por enfermedades relacionadas con el exceso de peso.
Celebró, asimismo, que el nuevo impuesto haya dado ya resultados, pues ha obligado a la industria a reducir los niveles de azuzar en las bebidas.
La Comisión Europea (CE) también dio luz verde a este proyecto el pasado mes, tras concluir que la tasa no es ayuda de Estado y que su diseño y alcance son “consistentes” con los objetivos de salud perseguidos.
Para el Ejecutivo comunitario, corresponde a los Estados miembros decidir el propósito de sus impuestos, pero, al mismo tiempo, subraya que los países deben diseñar tasas que no sean “discriminatorias” o distorsionen “indebidamente la competencia”.