Javier Ramos, rector de la URJC: “Lo que pasó con Cifuentes tuvo un coste altísimo para nuestros estudiantes”

“Me mintieron”, admite el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos. Pero “hay cosas que volvería a hacer igual, aunque tuviesen un gran coste para mí, creo que hay que fiarse de los compañeros”, explica después. 

Este lunes, arranca el juicio a Cristina Cifuentes y los demás procesados por el Caso Máster. La expresidenta de Madrid será la única alumna que se sentará en el banquillo de los acusados, aunque no por el máster en sí, sino por la falsificación de un acta con la que Cifuentes intentó desmentir la investigación de elDiario.es sobre un título universitario que recibió de forma fraudulenta.

“Los periodistas os sujetasteis a la ley, pero también que hubo personas de dentro de la Universidad que incumplieron la Ley Orgánica de Protección de Datos”, asegura el rector Ramos al repasar con elDiario.es, el medio que destapó el Caso Máster, lo que pasó en el Instituto de Derecho Público de la URJC. 

La Universidad Rey Juan Carlos pide cuatro años de cárcel para Cristina Cifuentes por instigar el falseamiento de documentación académica. Usted declara como testigo, ¿cómo afronta el juicio y que esperan de él? 

Lo que espero del juicio es que se esclarezcan los hechos y, en la medida de lo posible, se recupere el buen nombre de la universidad y la reputación de todos los que trabajan o estudian en ella.

¿Cómo recuerda aquellas semanas de marzo de 2018 cuando elDiario.es destapó el escándalo Cifuentes y los másteres del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos?  

Recuerdo tres fases. La primera era de incredulidad. En el primer momento, me planteé que esto no podía ser verdad. No sé si lo llamaría negación, pero estaba convencido de que no era posible que un estudiante obtuviese un título sin ser experto en esa materia. En ninguna universidad, pero desde luego no en la Universidad Rey Juan Carlos.

Luego entré en una fase de duda. Ahora, visionando declaraciones de la fase de instrucción, recuerdo que la frase que más se repetía en el equipo de gobierno de la URJC era: '¿y si nos han mentido?'. La tercera etapa fue de frustración, cuando ya tuvimos pruebas o evidencias de que había sido así. En ese momento teníamos la declaración de una profesora diciendo: 'Yo no firmé ese acta'. La sensación ya era de frustración, rabia o enfado.

¿Cuándo se dio cuenta de que le habían mentido? 

Pediría que el lector se pusiera en mis zapatos. Llevaba muchos años haciendo una labor como profesor y ese trabajo siempre se hacía. Cuando alguien te dice que uno de tus compañeros no ha hecho ese trabajo, no te lo puedes creer. Me plantean unos hechos, los contrasto, llamo a los profesores y todo encaja. 

En la rueda de prensa del famoso 21 de marzo del 2018 a la una y media [el día en que elDiario.es publicó su primera información sobre el máster de Cristina Cifuentes], salgo absolutamente convencido de que me están contando la verdad. Ahí hay una pregunta de un periodista que me hace dudar: “¿Se ha podido defender un trabajo fin de máster sin tener todas las asignaturas aprobadas?” Ese es el primer momento en el que como docente –no como rector, sino como profesor que ha participado en situaciones parecidas– pienso que eso no debería haber ocurrido.

¿Qué no haría de la misma manera? Hubiese retrasado la rueda de prensa. Me tomaría más tiempo. No cedería a las presiones del ritmo de los medios de comunicación.

Es una irregularidad muy flagrante.

Más que irregularidad, lo que yo entendía en aquel momento es que era poco probable. Es perfectamente posible que se reúnan tres profesores y escuchen la defensa de un trabajo fin de máster y pongan una nota. Si las tres profesoras te declaran que eso ha ocurrido el 2 de julio del 2012 y estábamos en 2018, es posible. En el 2012 lo probable es que cualquiera de las personas involucradas hubiera detectado el error y hubiera llamado a Secretaría para que ese fallo hubiera quedado resuelto en el año 2012. Sin embargo, eso no ocurre así. ¿Posible? Es posible. ¿Probable? Es poco probable. 

Visto con perspectiva y con la experiencia que ahora tiene después de este proceso. ¿Qué hubiese hecho de otra forma? ¿Qué aprendió del caso Máster?

Hay cosas que volvería a hacer aunque tuviesen un gran coste para mí. Yo creo que hay que fiarse de los compañeros. 

¿Volvería a fiarse de la versión de estos profesores que le mintieron?

Creo que sí. Estadísticamente, la inmensa mayoría de empleados de las universidades españolas y de la Universidad Rey Juan Carlos realiza su trabajo. Gracias a la labor que se desarrolla en los campus, este país va evolucionando. Encontramos vacunas contra el Covid y tenemos una sociedad más crítica. No es razonable desconfiar sistemáticamente de tus compañeros. Ahí me volvería a equivocar. 

Con la experiencia que tengo ahora, ¿qué no haría de la misma manera? Hubiese retrasado la rueda de prensa. Me tomaría más tiempo. No cedería a las presiones del ritmo de los medios de comunicación que exigen una respuesta para ayer.

¿Usted se sintió presionado por el gobierno Cristina Cifuentes durante esos días en los que estaba en juego no solamente el prestigio de su universidad, sino también la carrera política de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid?

Estoy convencido de que no soy una persona fácilmente presionable. 

La pregunta no es si usted se dejó presionar, sino si lo intentaron.

Eso habría que preguntárselo a ellos. Sí que es cierto que algunas personas hicieron una estrategia centrada en aportarme una información presuntamente falsa con apariencia de ser verdadera. 

El juicio solo se va a centrar en si se manipularon documentos para hacer pasar por bueno un trabajo de fin de máster y unas notas de Cristina Cifuentes que nunca existieron. Sin embargo, debido a la evolución judicial del caso, la justicia no va a entrar en la otra parte de lo que ocurrió: en cuántos alumnos se beneficiaron de un sistema fraudulento o irregular con el que se entregaron títulos universitarios a personas que no lo merecían. Como rector, ¿no le parece un poco frustrante que la verdad judicial vaya a ser sólo sobre la falsificación documental y no sobre el entramado del Instituto de Derecho Público de la URJC?

Prefiero mirar la parte positiva. Todo aquello ha tenido una repercusión muy positiva en la Universidad. Hemos hecho todos los cambios necesarios para garantizar que eso nunca más vuelva a ocurrir en la Universidad Rey Juan Carlos. Lo sucedido tuvo un coste altísimo para nuestros estudiantes, que sufrieron bromas y desprestigio; para profesores, que hicieron frente a repercusiones y, por supuesto, sobre mi persona.  

Pongo algunos ejemplos, hemos puesto en marcha una transformación digital de los sistemas de la universidad, con doble autenticación, del estilo de lo que hacen los bancos. Ahora se sabe quién, en qué momento y desde qué terminal modifica un acta. Y conocemos si esa persona tiene autorización para para poder hacerlo o no. Hemos cerrado el Instituto de Derecho Público. Hemos realizado también una auditoría externa de nuestros procedimientos, que no ha hecho ninguna otra universidad, gracias a la que identificamos otras áreas en las que existían claros riesgos, como en el Centro Integral de Formación Permanente. [Ramos llevó a la Fiscalía en junio de 2019 las actividades de este centro asegurando que habían detectado irregularidades].

También hemos realizado cosas más ambiciosas, como la aprobación de un código ético o la puesta en funcionamiento de un nuevo Vicerrectorado de Ética, Buen Gobierno y Calidad. Gracias a aquel trabajo y gracias al vuestro, hemos conseguido que la universidad pase de no estar presente en los rankings de Transparencia y Buen Gobierno a ser la primera de toda España en la clasificación elaborada por la Fundación Compromiso y Transparencia. En el Índice Dinámico de Transparencia de Dyntra somos los primeros de la Comunidad de Madrid y los segundos de España. Esto ha tenido un coste muy alto para el equipo de gobierno. Han sido cuatro años muy difíciles.

Ustedes han reconocido que no existe acta de defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes. En el caso de la exministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitió después de que elDiario.es publicase que la concesión de su título también estuvo plagada de irregularidades. Finalmente, en el caso del líder del PP, Pablo Casado, una jueza de primera instancia reconoció que le regalaron el máster "a modo de prebenda" por su “relevancia política”. Los tres conservan el título. ¿Cómo es posible?

Nuestro trabajo ya está hecho. Ahora, es el turno de la judicatura. Como científico me gusta ir a los hechos de los tres casos. En relación al primero, el de Cristina Cifuentes, estos días se juzgará si ese acta es falsa o no. Eso lo tiene que dictar un tribunal. Tras el fallo judicial, nosotros actuaremos en consecuencia, pero no antes. El segundo caso, el de la exministra Carmen Montón, fue archivado por la judicatura. Y en el tercero, sobre el líder del PP Pablo Casado, nosotros analizamos los hechos y concluimos que se produjeron conforme al reglamento de convalidaciones que había en el curso 2008-2009. No se llegó a juzgar. Nosotros hicimos un análisis interno. Ahí sí que se disponen de todas las actas. En el caso de Pablo Casado, la documentación es correcta.

Pablo Casado sacó adelante su título por medio de convalidaciones y trabajos que nunca se hicieron públicos. El argumento fue que la convalidación de créditos se realizó porque tenía ya la Licenciatura de Derecho. Sin embargo, en ese mismo curso, en ese mismo máster y en ese mismo año había otros alumnos que habían cursado la misma carrera y que no pudieron acceder a esa vía rápida de las convalidaciones: tuvieron que acudir a clase y examinarse. ¿Es el mismo título el que recibe una persona por medio de convalidaciones que el que recibe alguien que se esfuerza, aprende, se examina y va a las clases?

Lo que me compete como rector es que abrimos con sosiego una información reservada y los instructores concluyeron que las convalidaciones de Pablo Casado eran conforme al reglamento.

En esa investigación judicial, que acabó cerrada por decisión del Supremo, hubo una alumna, María Dolores Cancio, que fue aprobada exactamente con el mismo proceso de convalidaciones que Pablo Casado. Esta estudiante reconoció en el juzgado que había recibido un trato de favor y que ella no había hecho nada. ¿No es eso un buen indicio de que tal vez ella no fue la única estudiante que recibió ese trato de favor por parte del Instituto de Derecho Público?

Nosotros estamos atados al imperio de la ley. Si el análisis de los hechos establece que la actuación fue conforme al reglamento vigente en aquel momento, no podemos ir más allá.

Cualquier acto falto de ética de cualquier miembro de la comunidad daña al resto de la comunidad. Eso es una tragedia

Si solo se puede retirar el título con una sentencia judicial, Cristina Cifuentes –y solo si es condenada– sería la única alumna que perderá su título de máster de todos los que se entregaron en esta trama. ¿Realmente cree que Cifuentes fue la única persona beneficiada por un máster fraudulento en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos?

Lo que crea Javier Ramos es irrelevante. 

Usted es el rector.

Sí, pero justamente por ser el rector tengo que cumplir los procedimientos.

¿No cree que el hecho de que los alumnos que recibieron tratos de favor mantengan su título de máster daña la reputación de los demás alumnos que sí se esforzaron, fueron a clase, aprobaron los exámenes y no recibieron convalidaciones extrañas? 

Por supuesto. Cualquier acto falto de ética de cualquier miembro de la comunidad daña al resto de la comunidad. Eso es una tragedia. Por eso hemos puesto en marcha un código ético, unos procedimientos para garantizar que no vuelva a ocurrir un acto falto de ética. 

Entiendo lo que quiere decir: que más allá de lo que sospeche que ocurrió, solo puede actuar legalmente con los alumnos con los que hay una sentencia judicial. 

En un Estado de derecho las opiniones deben ser mantenidas como opiniones. Lo relevante son los hechos probados y en este caso, estamos hablando de presuntos delitos, que tienen que ser probados en un juzgado. 

Con la excepción de Álvarez Conde que falleció en 2019, el resto de profesores que aprobaron a Cifuentes continúan en sus puestos, a pesar de que se ha demostrado que la concesión de ese título está plagada de irregularidades. ¿Por qué no ha actuado la Universidad contra estos trabajadores?

La universidad ha hecho todo lo posible, siempre dentro del respeto a los derechos individuales. Hemos abierto expedientes disciplinarios, hemos emitido una sanción contra una funcionaria [Amalia Calonge, la persona que cambió las notas de Cifuentes] por cometer un una falta administrativa. El rector no puede entrar a dirimir aspectos judiciales. Cuando he tenido sospechas o indicios de problemas penales, lo he puesto en conocimiento de la justicia o de la Fiscalía. 

En relación a la falta de ética que ha dañado la reputación de la universidad, si no es penal y no es administrativa, es un aspecto sobre el que el rector únicamente puede actuar promoviendo procedimientos o cambios de sistemas para fomentar que nadie de la comunidad busque atajos.

En el caso de la sanción que usted plantea, ¿por qué no se ha actuado también contra el profesor al que la funcionaria Amalia Calonge apuntó como la persona que le ordenó realizar la modificación en las notas de Cifuentes?

Porque la inspección de servicios no ha encontrado falta administrativa.

¿En qué punto se encuentra la denuncia presentada contra el Instituto de Derecho Público por un presunto delito de malversación de caudales públicos?

Se sobreseyó por el fallecimiento [de Enrique Álvarez Conde, el director de ese instituto y esos másters].

Diría que en la Comunidad de Madrid hay una falta de entendimiento de que la educación es la mejor inversión

Durante aquellos meses del Caso Máster la URJC fue protagonista de bromas, burlas, ataques, algunos de ellos tremendamente injustos, que cuestionaban su calidad académica. ¿Les ha perjudicado? ¿ha afectado a las matriculaciones? 

Ha preocupado a toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal y profesorado. No ha afectado a la tasa de empleabilidad. Insisto, la práctica totalidad de la Universidad Rey Juan Carlos hace un trabajo mejor que el resto de universidades, y no es pasión de rector. Además de la formación, la labor social de dinamización que realiza la URJC en determinadas zonas de la Comunidad de Madrid es un verdadero orgullo.

¿Incidió en las matriculaciones?

No. De hecho, están subiendo. El equipo de Gobierno las estamos restringiendo para no seguir creciendo hasta que la Comunidad de Madrid nos financie como corresponde a una universidad pública. Con todos los cambios y el esfuerzo que hemos hecho en los últimos cuatro años, estamos entre las 1.000 mejores universidades de todo el mundo. Hemos aparecido en el famoso ránking de Shanghái. Hace cuatro años no estábamos. Al final, ese trabajo se acaba conociendo, más allá de escándalos puntuales y muy desagradables. 

¿Les ha perjudicado este escándalo en su relación con la Comunidad de Madrid?

Creo que nos tratan igual que al resto de universidades. Diría que en la Comunidad de Madrid hay una falta de entendimiento de que la educación es la mejor inversión y, en particular, en las universidades. Se sigue percibiendo como un gasto y no como una inversión. Esto no es una cuestión opinable, no es una cuestión de rectores, es una cuestión de economistas. Cada euro que se destina a la Educación Superior en España revierte en 3,6 euros en el PIB. 

Manuel Castells, ministro de Universidades, ha propuesto una reforma para que todos los campus cumplan con una serie de requisitos si quieren recibir la denominación de universidad, ante la proliferación de pequeños centros y privados, en su mayoría, que se dedican a la enseñanza online. ¿Está de acuerdo con esa regulación que ha planteado el Ministerio?

No puedo entrar en detalle de lo que ha propuesto Castells porque no me lo he estudiado. Pero, en el espíritu, estoy totalmente de acuerdo. No tiene ningún sentido que un centro universitario sea un prescriptor de conocimiento realizado por otros. Ya no tiene ningún sentido que una universidad sea sólo un sitio donde se repiten avances científicos, sociales, tecnológicos, artísticos y humanísticos, que se han producido fuera de la universidad. En la sociedad en la que vivimos, esa labor la puede hacer prácticamente una página web. 

Lo que es razonable es contar con un grupo de personas organizadas, bien financiadas, con los medios necesarios, para que ese conocimiento se genere dentro de las universidades. Ahí es donde eres competitivo y donde tiene sentido que las facultades apostemos decididamente. Que se permita llamar universidades a una inversión pequeña centrada en formar con conocimientos desfasados, es engañar a la población. Una obligación del Ministerio es impedir que se confunda a la sociedad.

Este año hay elecciones al Rectorado, ¿se va a presentar a la reelección?

Sí. Sí, me voy a presentar. Creo que he demostrado que el equipo que tenemos es capaz de transformar una organización tan compleja como es la Universidad. Hemos pasado de no aparecer a estar en el ránking de Shanghái, de no tener transparencia a ser número uno en transparencia, en empleabilidad y en investigación. Hay que consolidarlo porque si no corremos el riesgo de volver a donde estábamos.

Con todo lo que sabemos hoy del rey Juan Carlos de Borbón, ¿cree que sería buena idea plantear un cambio en el nombre de su Universidad?

Qué difícil. Esa pregunta es difícil (silencio). Creo que tenemos que tener sosiego. No cometer el error de Cifuentes, no precipitarnos. Creo que la decisión de un cambio de nombre de Universidad es importante, supone una modificación de la identidad, en parte una pérdida del reconocimiento de los trabajos realizados con anterioridad. Creo que es una decisión que hay que abordar. En una universidad tenemos que ser capaces de debatir sobre todo; si no, no seríamos universidad. 

Este lunes empieza el juicio del Caso Cifuentes, pero existe todavía otro proceso judicial abierto, en el cual Raquel Ejerique, la periodista de elDiario.es que destapó el Caso Máster de la URJC, y yo, como director del medio, seguimos imputados, acusados del delito de revelación de secretos. ¿Usted cree que en elDiario.es cometimos un delito publicando esta información?

Todos tenemos que actuar conforme a la normativa vigente. Los periodistas os sujetasteis a la ley, pero también creo que hubo personas de dentro de la Universidad que incumplieron la Ley Orgánica de Protección de Datos.