Los contratos para jóvenes investigadores –denominados FPU– retrasarán su resolución este año, como mínimo, hasta septiembre. La primera lista que saldrá será de los 850 estudiantes seleccionados de los 2.500 que están ahora mismo en espera. Sin embargo, la lista será provisional, lo que significa que, hasta finales de octubre, en el mejor de los escenarios, no comenzarán la investigaciones por las que han sido matriculados y que debe culminar en una tesis doctoral.
El retraso en la publicación de la lista fue comunicado al colectivo de FPU Investiga a través de un correo el 8 de julio. El Ministerio de Universidades, organismo competente, tiene un canal de comunicación con esta agrupación desde hace unos meses, donde les trasladan la información y les resuelven dudas. Sin embargo, desde la misma asociación aseguran que la comunicación del atraso se hizo oficial a los perjudicados unos días más tarde.
“Tenemos la sensación de que desde el Ministerio desconocen o de que ignoran las realidades de quien se encuentra en esta situación: muchos son jóvenes precarios a la espera de esta resolución para poder organizar sus vidas”, indica Lucas Taoro, de la Coordinadora Marea Roja de la Investigación. “Hay gente que sin financiación económica no puede realizar la tesis, estamos perdiendo personal investigador por este problema”, puntualiza por su parte Isabel Ezquerra, del colectivo FPU Investiga.
Los dos meses en Barcelona son 830 euros de alquiler que he de pagar, con la posibilidad de que no me hagan el contrato. Si no me incorporo perderé el dinero
Para solicitar la financiación FPU, los doctorandos deben estar admitidos o prematriculados en su tesis en la universidad que la haya admitido. Por lo tanto, se vuelve su prioridad. “No me he podido inscribir en la bolsa de Empleo de la Generalitat para profesorado porque estoy pendiente de esta resolución”, lamenta Joan Antoni, admitido en una tesis doctoral de Filología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Además, este atraso le afecta a nivel económico: “en septiembre y octubre ya no voy a poder trabajar de otra cosa porque estaré pendiente de esto. Es un problema muy grande teniendo en cuenta el contrato de alquiler. Los dos meses en Barcelona son 830 euros que he de pagar, con la posibilidad de que no me hagan el contrato. Si no me incorporo perderé el dinero”.
El caso de Jorge Muñoz, matriculado en estudios avanzados de humanidades (Filosofía) por la Universidad de Málaga, es parecido: “Estoy sin cobrar. He empezado a hacer la tesis durante los fines de semana, en mi tiempo libre, pero trabajo de profesor de idiomas en una escuela a jornada completa para poder mantenerme”. “Si quiero hacer una tesis decente, necesito que me la remuneren, es casi imposible compaginar mi trabajo con la tesis”, añade. Jorge defiende que es también un problema “de clases sociales”, “muy pocos pueden permitirse no cobrar nada durante los cuatro años de tesis”.
Estoy sin cobrar. He empezado a hacer la tesis durante los fines de semana, en mi tiempo libre, pero trabajo de profesor de idiomas en una escuela a jornada completa para poder mantenerme
“La espera es un suplicio. Hay un gran desajuste para poder organizar mi vida, la idea inicial era que a día de hoy yo ya sabría si puedo comenzar a investigar de verdad o no”, insiste Jorge Muñoz. Además, lamenta que le ha tenido que rechazar otra oferta del Ministerio para ser profesor auxiliar de francés, en Francia. “Era para septiembre y si me llamasen estando allí tendría que volverme. Si la resolución hubiese sido en junio y no me cogiesen me hubiese ido. Ahora corro el riesgo de quedarme sin nada”, explica Jorge, quien ya tiene una carrera y dos másters relacionados con los estudios filosóficos. “Es una situación muy precaria y muy estresante, tengo la suerte de poder ir a terapia y demás para gestionarlo, pero es duro no saber qué va a ser de ti en el futuro”, censura.
Daniel Fernández, matriculado en la tesis doctoral en Ciencias del Mar en el grupo de Oceanografía biológica de la Universidade de Vigo, la situación la situación la califica de “hartazgo”. “Llevamos esperando desde principios de diciembre —cuando se inician los trámites— y va a ser ya casi un año de espera”, critica. Cuenta que tuvo la suerte de haber estado contratado durante los pasados noviembre y diciembre en un grupo de investigación en el mismo departamento. “Eso también me motivó a continuar”, explica a este diario.
No tengo que pagar un alquiler, me llevo muy bien con mis padres y sé que hay quien está mucho peor, pero tengo 25 años y uno empieza a querer independizarse
Daniel considera “ser afortunado” por realizar la tesis en el lugar donde residen sus padres, en Vigo. No obstante, “sé que no tengo que pagar un alquiler, me llevo muy bien con mis padres y hay quien está mucho peor, pero tengo 25 años y uno empieza a querer independizarse”. Este investigador ha estado trabajando en el Institute of Marine Research, en el grupo de Oceanografía e Clima y después para la Universidad de Tromsø, en Noruega. Aun así, él no quiere tener que volver a irse al extranjero. “Me gustaría poder quedarme en Galicia”. Pero, de quedarse, “no sería justo que tuviese hacer el mismo trabajo que otra persona, pero sin cobrar”, confiesa.
Efectos colaterales de la pandemia
Tampoco los criterios de selección están actualizados al presente. “Están obsoletos”, critica Joan Antoni. Piden a personas que hayan acabado el grado que hayan hecho años de docencia universitaria o que tenga un premio nacional de Fin de Carrera, “cuando estos premios a día de hoy se dan a los 4 años desde que se acaba la carrera”, subraya Joan Antoni. “Estos requisitos puntúan muchísimo, pero al estar desfasados son inaccesibles para quien se presenta por primera vez”. Además, también se valora con hasta 5 puntos tener un premio del certamen Arquímedes de investigación, pero, “el año pasado no se convocó”, indica.
Por todo ello, desde los diferentes colectivos, reivindican la necesidad de “establecer un calendario fijo para las distintas convocatorias dependientes del Ministerio de Universidades, que permita a las personas solicitantes y beneficiarias planificar su vida laboral y personal, junto a un compromiso firme de cumplimiento del mismo”. Insisten desde FPU Investiga en “la urgencia” de dignificar la carrera científica e investigadora en su etapa inicial, “permitiendo que pase de ser una continua carrera de obstáculos a transformarse en una verdadera alternativa profesional que contribuya al crecimiento científico, económico y social de nuestro país”.
Desde el Ministerio de Universidades, preguntados por elDiario.es, explican que la convocatoria de ayudas FPU20 se ha visto afectada “singularmente” por “los efectos colaterales de la situación de crisis causada por la COVID-19”. Así, las fechas significativas en los “hitos relevantes” de su tramitación “presentan un desfase proporcional en fechas con respecto a las convocatorias FPU precedentes. Concretamente, el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria FPU20 en tramitación terminó el 11 de diciembre mientras que en convocatorias anteriores ese mismo plazo terminó prácticamente un mes antes (14 de noviembre en 2019 y 29 de octubre en 2018)”, reconocen desde el organismo.
“Estamos haciendo un enorme esfuerzo gestor para intentar que la concesión definitiva de esta convocatoria FPU20 tenga lugar en el mes de octubre”, aseguran desde el Ministerio y añaden que de ser así, “coincidiría con la fecha de la concesión de FPU19”.
Sin embargo, para Isabell Ezquerra de FPU investiga, “se está convirtiendo en ordinario atrasar un contrato, algo que debería ser extraordinario”, y destaca que “es un gran problema. Además, recuerda que también ha habido un retraso en las ayudas a la movilidad, que se conceden a quien ya tiene contrato y este año se han dado el pasado 30 de julio. ”Solían salir en mayo, pero este año se han retasado dos meses“, asegura. ”Esto es una faena para los implicados, sobre todo por el papeleo entre universidades, el alojamiento en el extranjero… Al final parece que en todas las etapas nos encontramos baches“, lamenta.
La investigación en España, “en serios problemas”
El atraso en la resolución de la financiación no es el único problema con el que se encuentra quien quiere dedicarse a la investigación. De las 2.500 personas seleccionas en un primer cribado, ahora solo obtendrán el contrato 850. Pero el salario mínimo de un FPU —y el de cualquier investigador predoctoral— se reguló con la publicación del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación en marzo de 2019.
En base a ello, el personal investigador recibe durante los dos primeros años 14 pagas de 1.188,55 euros brutos mensuales. No ven aumentado considerablemente su salario hasta el cuarto año de tesis, donde alcanzarían los 1.591,81 euros brutos mensuales. Pese a ello, “como muchos se ven obligados a empezar la tesis el primer año sin financiación, no llegan a cobrar ese último año, porque una vez entregada la tesis se deja de cobrar”, indica Lucas Taoro de la Coordinadora Marea Roja de la Investigación.
Otro problema con el que se encuentran los doctorandos es con “el cuello de botella”, con la financiación posdoctoral tras acabar la tesis. De las 850 personas que obtienen la FPU, solo se ofertan 200 plazas para realizar el posdoctorado. Es decir, solo una cuarta parte de los investigadores pueden quedarse en el España para continuar el desarrollo de su investigación. “Se destroza así el sistema de investigación; la mayor parte del personal investigador lo deja o se va a otros país donde sí le financien su trabajo”, destaca Taoro.
Es lamentable, pero a medida que se avanza en la carrera de investigación, esta es más precaria
Opina este portavoz que “da la sensación de lo que pretenden es intentar reducir la financiación de funcionarios investigadores y aumentar la temporalidad y precariedad”. “Es lamentable, pero a medida que se avanza en la carrera de investigación, esta es más precaria”, critica Isabell Ezquerra de FPU Investiga. “El hecho de estar investigando exige una vocación que cierra otras puertas, se trata de gente que quiere contribuir positivamente a la sociedad”, insiste Ezquerra.
Actualmente, la inversión del PIB del Estado español en Investigación y desarrollo es del 1,25% en 2020, según el INE. Está muy lejos del 2,27% de media mundial. “Pedimos subirlo, ya ni siquiera a la media mundial, con un 0,5% más la situación mejoraría considerablemente”, asegura Isabell Ezquerra. “Invertir en ciencia es invertir en futuro, es extraño, pero cuesta que la gente lo vea”, señala Lucas Taoro. “Parecía que con el aumento presupuestario la situación iba a mejorar, pero no ha sido así”, censura.
Desde los diferentes colectivos, han organizado una campaña general de quejas al Ministerio de Universidades por el registro general. Reconocen plantearse movilizaciones sociales “parecidas a las de los MIR”, pero “ser 2.500, la COVID-19 y ser cada uno de un lugar diferente lo complica bastante”, expone Isabel Ezquerra, “aunque si esto sigue así habrá que hacer más ruido”, reconoce.