Cuando José Mateos vio la puntuación que había obtenido en una convocatoria para una plaza en la Universidad de Murcia (UMU) decidió que iba a denunciar. Mateos llevaba años como profesor asociado en el departamento de Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional de esa misma universidad cuando salió la plaza, en 2020, como profesor ayudante de Derecho Constitucional. Se presentó. Una vez resuelta, llegó la sorpresa: su puntuación era menor de la que esperaba en función a lo que pedía la convocatoria.
El juzgado de lo Contencioso y Administrativo número 5 de Murcia le dio la razón. En la sentencia, consultada por elDiario.es, el juez acuerda conceder unas calificaciones superiores a las que dio en un inicio la UMU por los méritos y le recuerda a la universidad que las puntuaciones de un concurso de méritos tienen poco (aunque siempre hay algo) de subjetivo y que están muy normativizadas. “El ámbito reglado, controlable por la jurisdicción, no es el mismo en una oposición que en un concurso de méritos, como es el aquí revisado. Así, mientras en los ejercicios de una oposición existe un amplio margen de discrecionalidad técnica, sin perjuicio de los elementos reglados determinados en la convocatoria, en un concurso de méritos, en cuanto se supone mero cotejo o verificación (...) es un ámbito fuertemente reglado”.
Bajo esta premisa, el tribunal revisó las puntuaciones otorgadas a Mateos, corrigió varias de ellas y le acabó dando 95,66 puntos, una puntuación que le hacía superar al otro solicitante de la plaza. Por lo tanto, siguiendo el veredicto, se anularon “por ser contrarias a Derecho” todas las resoluciones anteriores, además de “los derechos económicos y administrativos generados desde la fecha de la resolución impugnada”. Parecía que el puesto finalmente era suyo.
Pero a menos de 24 horas de la convocatoria del juicio, en febrero de 2022, la Universidad de Murcia ofertó una plaza de contratado doctor para el departamento, una posición superior que de facto “invalida” el puesto de profesor ayudante, de manera que la universidad amortiza el puesto que Mateos ganó en los tribunales. Es habitual en la Universidad que una plaza de ayudante doctor se sustituya, con el tiempo, por una de contratado doctor. “Pero lo normal es que pasen varios años entre una y otra y en este caso pasó apenas uno”, recuerda Mateos, que asegura que se trata de una plaza creada para colocar al candidato al que él superó tras la revisión judicial: “Es muy común que se hagan plazas a medida para los favoritos de las universidades”, asegura.
En cualquier caso, Mateos decidió presentarse también a esta nueva plaza, pero el resultado de esta segunda convocatoria fue aún más chocante para él: sacó la puntuación mínima (2,5 sobre 10) y en la evaluación se consideraba que no contaba con méritos en Derecho Constitucional. Ante esta situación, ha decido recurrir judicialmente la convocatoria y la adjudicación de la plaza, ambas a espera de fecha de juicio. Por ahora, continúa como profesor asociado.
La Universidad de Murcia y el departamento correspondiente han preferido no hacer declaraciones sobre el caso ante las preguntas de este periódico.
Una mala relación desde los inicios
Para Mateos, la última plaza ha sido creada y facilitada a una persona más próxima al departamento para cubrir el puesto que él ganó vía judicial. “Hay una clara corriente conservadora predominante”, asegura. Además, al igual que organizaciones de investigadores como FJI, ve estas prácticas como “un problema estructural y endogámico de las universidades españolas”. El profesor universitario lamenta que, en su caso, le hayan puesto “mil trabas” y que como profesor asociado le hayan dado “las horas docencia mínima que correspondían”, además de estar “excluido de cualquier proyecto investigador”.
Con la idea de acabar con estos problemas, las organizaciones de investigadoras piden independencia en el proceso de selección. En este sentido la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que está tramitando el Ministerio de Universidades contempla que los tribunales de selección deban tener una mayoría de miembros de fuera de la universidad, que además se elegirán por sorteo. Pero la ley sigue en trámite y de momento “las plazas las reciben siempre los favoritos de la gente de la casa y así no es posible tener un sistema universitario docente de calidad”, critica Mateos.
El docente demandante ya había tenido problemas judiciales antes con la universidad. En 2007, durante el contexto de la implantación del plan Bolonia, Mateos era becario. Participaba en un movimiento estudiantil y tenía un blog en el que criticaba las actuaciones del rector de la UMU, al que considera próximo al PP de la región. El presidente del Consejo de Estudiantes le abrió un expediente disciplinario y lo expulsaron un año de la universidad.
El que fue presidente del Consejo de Estudiantes denunció a Mateos por una vulneración al derecho al honor en las críticas de su blog y pidió una compensación económica. La Audiencia Provincial de Murcia anuló la denuncia bajo una sentencia fechada en 2013, dando prevalencia al derecho a la libertad de expresión. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia anuló la expulsión de Mateos de la UMU por sus críticas al rector y al Consejo de Estudiantes. En el acta, consultada por este diario, la sustituyen por una amonestación por falta leve.