Censura a toda una manera de entender la asistencia a dependientes. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha anulado la orden con la que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha venido aplicando la Ley de Autonomía Personal. La regulación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se inspiraba en el decreto de 2012 del Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”.
La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, está firmada por cinco magistrados el 9 de marzo de 2015 y, además de estimar el recurso que presentó la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, condena a la Junta expresamente a abonar las costas. Según sus razonamientos, la manera de gobernar de Cospedal es la que ha terminado por dejar la orden en papel mojado. Para los jueces, la omisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es lo que conlleva la nulidad, ya que se trataba de un “acto normativo” que afectaba “a derechos e intereses legítimos de las personas dependientes”.
Los demandantes pedían específicamente que se eliminasen algunas cortapisas para que la familia y los cuidadores no profesionales pudieran acceder a una ayuda económica. Siendo su carácter “excepcional”, la Junta había dado una vuelta de tuerca al colocar más filtros antes de permitir la liberación de fondos como el informe de un Equipo Regional de Valoraciones. También exigía que los cuidados del dependiente los estuvieran realizando ese “entorno familiar” antes de que se pidiera la evaluación de la situación de dependencia de los interesados.
En esa línea de constreñir la aportación de dinero, la orden ahora anulada especificaba que los “beneficiarios que fallecieran antes de la formalización de la resolución, aunque tuvieran reconocido el grado de dependencia, no tienen la condición de beneficiarios de la prestación económica y, por lo tanto, no puede incorporarse a la herencia”.
También se solicitaba expresamente que se anularan los puntos que hacían referencia a los plazos para abonar las ayudas e incluso a la suspensión por dos años de algunas categorías de prestaciones económicas en virtud del decreto redactado por el Gobierno central.
Más de mil millones de recorte
Otro de los aspectos más polémicos que se han derivado de la manera de entender este derecho por parte del equipo de María Dolores de Cospedal ha sido la revisión de oficio de las situaciones de los dependientes. Se basaban en la disposición adicional primera de la norma ahora anulada por los magistrados del TSJCLM: todas las personas que estaban disfrutando de alguna ayuda o servicio antes del decreto estatal vieron “modificada su resolución del programa individual de atención de oficio, por parte del órgano competente, para dar cumplimiento al artículo 25 bis de dicho Real Decreto-Ley”, redactó la Consejería de Asuntos Sociales.
Durante esta legislatura, los dependientes han estado denunciando el deterioro de este servicio en la región. Desde la incompatibilidad de ayudas como el transporte y la asistencia a un centro escolar especializado hasta la revisión a la baja de los grados de dependencia para esquivar la prestación.
El recorte presupuestario en este ámbito ha sumado más de mil millones de euros, según un informe del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. La plataforma de defensa ha calculado, el pasado marzo, que 8.385 personas en situación de dependencia esperan recibir las ayudas que les corresponden. En cuatro años, ha aumentado en un 131% el número de personas dependientes (en los tres grados) que no reciben alguna prestación o servicio.