Justicia e Igualdad, en busca del consenso para aprobar una ley contra la trata

Que las políticas de igualdad son uno de los motivos de disputa interna dentro del Gobierno de coalición y de los partidos que lo componen no es una novedad. La ley trans inauguró unas fricciones que llegaron a parecer irresolubles y que, sin embargo, terminaron con la salida de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y con la aprobación de la norma y su envío al Congreso. Las políticas sobre prostitución y trata son desde hace unos meses el siguiente escenario de confrontación. El borrador de ley integral de trata elaborado por el Ministerio Justicia, adelantado por elDiario.es, coexiste con otro, el del Ministerio de Igualdad, que está centrado en la trata con fines de explotación sexual y que lleva meses elaborado.

En el plan anual normativo del Gobierno para 2022 aparecía la ley orgánica de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas. “Pretende abordar de forma integral y multidisciplinar la trata de seres humanos, en todas sus finalidades, especialmente la trata con fines de explotación sexual, una grave violación de los derechos humanos, que afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas (...) Englobará las diferentes medidas para combatir la trata, para la protección de las víctimas y la promoción de sus derechos, garantizando una acción centrada en la víctima”, rezaba. El plan asignaba la norma a Igualdad, mientras que nombraba ministerios “coproponentes” a Justicia, Interior y Seguridad Social y Migraciones.

Puesto que la iniciativa correspondía a Igualdad, el departamento de Irene Montero empezó a trabajar en un borrador en marzo de 2021. Lo hacía a través de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, competente en trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, los planes iniciales cambiaron. A finales del año pasado, los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos pactaron abordar el proyecto por vía parlamentaria, al menos lo que concernía a la trata con fines de explotación sexual. Pero se produjo otro giro de volante y la iniciativa regresó al Gobierno.

Dos vías para una sola ley

Entonces hacía ya varios meses que Igualdad había iniciado la consulta pública sobre la ley y, según fuentes del departamento, ese mismo enero de 2022 le envió un borrador a Justicia para seguir el trámite correspondiente y recoger observaciones y aportaciones. Este último ministerio no respondió a ese texto, sino que a finales de marzo aprobó una orden ministerial para encargar a un grupo de expertos de la Comisión General de Codificación la elaboración de la norma.

El borrador del departamento dirigido por Pilar Llop es un Anteproyecto de Ley contra la Trata de Seres Humanos, es decir, una ley integral que incluye todos los tipos de trata: con fines de explotación laboral, mendicidad, esclavitud, trabajos forzados, etc. Fuentes del Ministerio aseguran que “han tenido en cuenta” el texto que les envió Igualdad, aunque no especifican si íntegra o parcialmente.

El Ministerio de Igualdad, por su parte, se abstiene de valorar el anteproyecto de Justicia y remarca, eso sí, que su propuesta lleva nueve meses sobre la mesa. “La prioridad es aprobar esta ley cuanto antes”, aseguran fuentes del departamento, que subrayan que no van a “contribuir a que la lucha contra la trata sea una confrontación entre los socios de Gobierno”.

A pesar de estos desencuentros, fuentes tanto de uno como de otro ministerio aseguran que hay disposición al consenso. Las ministras Irene Montero y Pilar Llop se reunieron la semana pasada, aunque el borrador de la ley no estuvo en la conversación, aseguran.

La brecha por la prostitución

La trata, la explotación sexual y la prostitución están ahora concentrando parte de los discursos y las políticas propuestas por ambos socios del Gobierno. De hecho, esta misma semana el Ministerio de Igualdad llevaba al Consejo de Ministros el llamado 'Plan Camino', un compendio de 28 medidas a poner en marcha hasta 2026 para, entre otras cosas, garantizar la inserción sociolaboral de las víctimas o desincentivar la demanda de prostitución a través de campañas de sensibilización. Además de Igualdad, el plan cita políticas a asumir por casi todos los demás ministerios, entre ellos, Trabajo, Sanidad, Seguridad Social o Interior, pero no Justicia.

Apunta, además, a “explorar” vías para la regularización de las víctimas de trata y explotación sexual, muchas de las cuales son migrantes sin papeles. Un extremo que amenaza con convertirse en otro de los frentes de tensión entre los ministerios del PSOE y Unidas Podemos.

El borrador que ha elaborado el Ministerio de Justicia, por su parte, recoge entre sus principales medidas castigar con hasta cuatro años de cárcel a quien pague por sexo con víctimas de trata, mientras que el grupo parlamentario socialista va más allá. Y es que la iniciativa que ha impulsado en el Congreso para perseguir el proxenetismo, que ya en su toma en consideración reavivó la brecha en el seno del Gobierno, incorpora directamente penas de prisión de dos a cuatro años y multas de 18 a 24 meses para los clientes de prostitución.

Esta es otra de las normas que provocarán disenso. No solo entre el PSOE y Unidas Podemos, también con los socios de la investidura. La propuesta endurece el delito de proxenetismo e incluye la figura de la tercería locativa para perseguir a los dueños de los locales. Los socialistas registraron esta iniciativa pocas horas después de retirar en el último minuto una enmienda a la ley del 'solo sí es sí' con el mismo contenido que ponía en riesgo la aprobación de la norma de libertad sexual.

Aquel capítulo recrudeció las tensiones y el malestar en un terreno, el de la prostitución, en el que el cruce de acusaciones es habitual y que suele encuadrarse en posiciones aparentemente irreconciliables. “No quieren abolir la prostitución porque quieren regularla básicamente”, afirmó sobre Unidas Podemos la entonces vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que añadió: “El lobby proxeneta es muy poderoso y tiene muchos tentáculos”.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, llamó a hacer “compatible” la persecución del proxenetismo con “los derechos de las mujeres” al considerar que la ley del PSOE puede llegar a “criminalizar” a las prostitutas. Una visión que también comparten otras formaciones, desde ERC al PNV o Ciudadanos.