El Tribunal de Justicia Europeo ha condenado a España por la contaminación de sus aguas con restos de la agricultura y la ganadería. Los magistrados reprochan a España que no se hayan tomado las medidas necesarias para poner fin al problema ni haya reforzado las acciones contra esta contaminación.
La Comisión Europea decidió llevar a España ante los magistrados europeos en diciembre de 2022 por la “deficiente” respuesta ante el exceso de nitratos en, especialmente, las aguas subterráneas. Esos nitratos llegan allí tras haber sido aplicados como fertilizantes en los cultivos y por los desechos de la cabaña ganadera, sobre todo por la gran producción de estiércol del sector porcino.
Ahora, el Tribunal ha decidido que España ha incumplido la ley de Calidad de Aguas al no implantarse todas las medidas obligatorias en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid además de no aplicarse acciones reforzadas en las tres primeras comunidades anteriores más la Región de Murcia.
También se considera que no se ha cumplido la normativa al no actuar lo suficiente para remediar la eutrofización del agua generalizada en todo el territorio del país, esto es, el exceso de nutrientes añadidos al agua (que son los fertilizantes y restos) que hacen que proliferen ciertos microorganismos que destruyen los ecosistemas acuáticos.
Además, el Tribunal ha declarado que se ha incumplido la obligación de declarar como zonas vulnerables ante este tipo de contaminación –que implica la adopción de ciertas medidas en esas áreas– ocho puntos de medición distribuidos por las Islas Baleares, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los magistrados apuntan que las cuatro zonas de Baleares y las tres valencianas ya han sido declaradas vulnerables, aunque en una fecha posterior a la denuncia. Queda pendiente la Comunidad de Madrid.
El caso culmina así con una sentencia en contra del país tras todo el proceso de sanción propio de la Unión Europea. Bruselas avisó por primera vez a España de que el exceso de esos nitratos eran un problema en noviembre de 2018 con una carta de emplazamiento. Al no observar que se atajara la situación, la Comisión insistió mediante un dictamen motivado en diciembre de 2020. Este dictamen hace las veces de ultimátum antes de remitir la denuncia al Tribunal.
La cuestión es que la aplicación de fertilizantes –más las filtraciones de purines ganaderos– a los cultivos para favorecer la producción intensiva vierte unas 800.000 toneladas de nitratos al medio natural. Todo ese nitrato termina por contaminar las aguas. De hecho, en 2022, más de 200.000 personas no pudieron beber el agua del grifo de sus casas por el exceso de nitratos.