Fue en 1966: la ley 96/1966 derogó la prohibición del acceso de las mujeres a la carrera judicial. Desde entonces, los hitos se han ido sucediendo, desde la primera jueza que tomó posesión en 1972, María Jóver Carrión, a la magistrada que ocupó por primera vez la presidencia de una Sala del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, en 2020. Sin embargo, 58 años después de esa norma, las mujeres son amplia mayoría en la carrera judicial pero una minoría en las cúpulas. Y nunca una jueza ha presidido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Este miércoles, los 20 vocales del CGPJ repiten la votación para elegir un nuevo presidente o presidenta para el órgano de gobierno de los jueces. De esa decisión depende que el techo de cristal en la judicatura se rompa, al menos un poco más, o que sigamos contemplando cómo las cúspides de las pirámides siguen siendo un terreno fundamentalmente masculino.
Desde 2018, las voces que señalaban como ineludible no solo la paridad dentro de la composición del CGPJ, sino romper el monopolio masculino y que la presidencia llegue a manos de una mujer, se han multiplicado. Las fotos de apertura del año judicial, repletas de hombres con toga junto al Rey, han escandalizado año a año. Si bien el hecho de que una mujer alcance ese puesto no garantiza incluir la perspectiva de género en la justicia ni basta para que todas las demás lleguen, que una jueza progresista sea nombrada presidenta del Poder Judicial podría ser un acto lleno de simbolismo y también, valga la redundancia, de justicia.
El 57,2% de quienes están en activo en la carrera judicial son mujeres, y el resto, el 42,8%, hombres. Ese 57,2% de mujeres en la carrera judicial contrasta con su presencia en los órganos superiores. Si ordenamos los órganos judiciales por jerarquía, en lo alto de la pirámide estaría el Tribunal Supremo, después la Audiencia Nacional y en el siguiente nivel, los Tribunales Superiores de Justicia (los máximos órganos jurisdiccionales de las comunidades autónomas), y las Audiencias Provinciales. Ninguno cumple con la paridad, un principio recogido en la Ley de Igualdad de 2007 y en la Ley de Paridad recientemente aprobada.
De los 17 Tribunales Superiores de Justicia, solo dos están presididos por juezas. El número se repite si hablamos de las Audiencias Provinciales: dos presidentas entre 50. Solo el 6% de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres, es decir, 11 de 57. En la Sala de lo Civil hay una mujer y siete hombres; tres juezas y 15 jueces en lo Penal, cuatro mujeres y 23 hombres en la Sala de lo Contencioso; dos y siete, respectivamente, en la jurisdicción social.
La organización Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación de Mujeres Juezas de España y la Asociación de Mujeres Juristas Themis han reclamado en varios comunicados que la presidencia sea ocupada por una mujer. Estas dos últimas asociaciones aseguran que nombrar a una presidenta simbolizaría “un avance en la lucha por la igualdad real” y un mensaje a las futuras generaciones de que “el liderazgo femenino no solo es posible, sino que es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa”.
Los 'boys club' y el reparto de los cuidados
Maria Luisa Segoviano fue la primera jueza en presidir una Sala del Tribunal Supremo, la de lo Social, y no fue nombrada hasta 2020. El mismo día que se confirmó su ascenso se nombró a otros cinco hombres para otros puestos en el Supremo: había 28 candidatas y 44 aspirantes hombres. Dado el hito, a Segoviano le tocó responder en varias ocasiones preguntas sobre la desigualdad que existía en la carrera judicial. La jueza habló de cómo el contexto hacía que muchas mujeres no se presentaran a cargos porque daban por hecho que no se las iba a elegir.
El fenómeno denominado “boys club” opera en todas las esferas: documentado en estudios y ensayos, supone que grupos de hombres, fundamentalmente blancos, heterosexuales y bien situados, comparten contactos, negocios, recomendaciones, información. Esta endogamia masculina, en muchas ocasiones un engranaje que parece 'natural' o involuntario, genera que muchos espacios, también de poder, sigan en manos de hombres mientras las mujeres quedan excluidas. A veces, la inclusión de una o dos sirve para justificar que no existe discriminación, a pesar de que el engranaje no cambia, de que ellas siempre son minoría y nunca hay una masa crítica femenina suficiente para poner en marcha una transformación.
Los datos del propio Consejo General del Poder Judicial desmienten esa idea tan manida de que solo es cuestión de tiempo: las mujeres son mayoría en todas las franjas de edad, salvo a partir de los 60 años. Entre los 61 y los 70 años se cumple la paridad: un el 60% son jueces y el 40%, juezas. Solo entre quienes tienen más de 70 años (que representan un 1% de la judicatura) hay una clara mayoría masculina.
El reparto desigual de los cuidados y su devaluación también sostienen el techo de cristal. Los datos del Poder Judicial muestran que de las nueve personas en excedencia voluntaria por cuidado de hijos, ocho son mujeres, un porcentaje que es similar año a año. Los cursos, la docencia o la publicación de artículos cuentan para los puestos de designación discrecional. Las lagunas en las carreras por el tiempo dedicado a los cuidados no solo no suman, sino que restan posibilidades a las juezas. “Son esas trabas invisibles que afectan a nuestra promoción, como les sucede al resto de mujeres. Los cuidados siguen recayendo en nosotras”, decía la magistrada Lucía Avilés, ahora vocal del CGPJ, en 2018. También Segoviano reclamaba un reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidados.
Este miércoles, los vocales del Poder Judicial volverán a elegir entre dos candidatos: Pablo Lucas o Pilar Teso, que han sido los que más apoyos han conseguido en la primera votación del martes. Si este miércoles Lucas o Teso consiguen 12 votos se harán con la presidencia del CGPJ; si no, el proceso se repetirá con los siete candidatos y candidatas propuestos desde el principio, entre quienes hay otras cuatro mujeres, aunque el nombre que tendría más posibilidades, además de Teso, sería el de la magistrada Ana Ferrer. La decisión abrirá una grieta en el techo de cristal o puede que lo contrario: lo confirmará como una placa muy dura de romper.