La masificación de las aulas en la Comunidad de Madrid ya está en manos de la justicia. Tres juzgados madrileños han admitido a trámite el recurso de CCOO –tras agotar las vías internas de la administración– por el aumento y mantenimiento de ratios por encima del límite legal este curso en los centros públicos a pesar de que el decreto que lo permitía ya no tiene validez, según ha informado la Cadena Ser. Los jueces abren diligencias para comenzar a investigar si la actuación de la Consejería de Educación, con Rafael Van Grieken al mando, no es conforme a la ley.
Otros dos juzgados de lo contencioso a los que también llegaron denuncias por la masificación se han inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que el asunto, sobre el que aprecian motivos para investigar, escapa de sus competencias. CCOO ha recurrido a la vía judicial después de agotar la administrativa: se presentaron reclamaciones en las Direcciones de Área Territorial y, ante la inadmisión, se llevó la cuestión ante la viceconsejería de organización educativa. El siguiente paso ha sido la justicia ordinaria.
El consejero de Educación ha dicho esta mañana que justificarán en sede judicial las medidas tomadas en relación a las ratios, pero que no les “preocupa en la medida en que cumplimos con la legalidad vigente y siempre lo hemos hecho”. Van Grieken ha justificado ante los periodistas que la Comunidad de Madrid mantiene “de media” un número de alumnos inferiores por aula a los marcados por ley y que por eso es “imposible que incumplamos de manera regular las ratios”, pero no descarta que “puntualmente” alguna clase se pase. “La ley admite un margen y es el que nosotros manejamos”, ha asegurado.
La Comunidad de Madrid contaba desde 2012 con el beneplácito del Ministerio de Educación para aumentar las ratios de sus centros públicos hasta un 20%. Estas subidas estaban autorizadas por un decreto aprobado en 2012 que justificaba este aumento por la reducción de la tasa de reposición del profesorado. Entonces no todas las jubilaciones y salidas se cubrían, por lo que progresivamente se iba reduciendo el personal. A partir de septiembre, este escenario ha pasado la historia y, de acuerdo con los últimos Presupuestos Generales del Estado, se cubren todas las vacantes. Es decir, se recupera la tasa de reposición del 100%.
El condicionante que apunta expresamente el decreto de 2012 ya no es tal y, como aclaró el Ministerio de Educación el pasado agosto, queda sin efecto en este punto. Por el camino se han quedado 4.500 maestros y profesores solo en Madrid.
Solo los nuevos grupos respetan las ratios
Pese a ello, varias cartas firmadas por el consejero de Educación y remitidas a un grupo de madres de un colegio público demuestra que la Comunidad de Madrid ha seguido metiendo a más alumnos y alumnas por clase este curso. La Consejería solo se comprometió en septiembre a que los nuevos grupos que se crearan respetarían las ratios. La reducción del número de alumnos en las aulas cuya ratio está por encima de la norma queda emplazada, según confirmó la Consejería a eldiario.es, a “las bajas que se produzcan a lo largo de los próximos cursos para ir regularizándolas”.
Hasta el curso pasado, la Comunidad de Madrid ha mantenido ratios desorbitadas en algunos casos amparándose en esta normativa. El propio consejero de Educación reconocía en la Asamblea de Madrid que 120 aulas de Primaria (de un total de 9.885) tenían más de 28 estudiantes; 80 de la ESO (de 4.808) superaban la ratio de 33; y 22 de Bachillerato (de 1.807) reunían una cifra superior a 39 alumnos y alumnas.
CCOO dice en un informe publicado en marzo de 2016 que “sería necesario crear 222 grupos y asignar 412 profesores para cubrir el exceso de ratio actual”, cuya dimensión según cálculos del sindicato es mayor. “La consejería ha utilizado la excepcionalidad como norma y por eso lo llevamos a los tribunales”, denuncia Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CCOO en Madrid.