El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid ha suspendido cautelarmente las obras iniciadas en el Valle de los Caídos para exhumar los restos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. La jueza Eva María Bru Peral ha atendido las demandas de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que recurrió ante los tribunales la licencia de obras concedida el pasado 24 de junio por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial a Patrimonio Nacional, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado este medio.
La magistrada ha dictado la medida antes de entrar al fondo del asunto al considerar que “son evidentes los daños que se podrían causar si se procede a efectuar actuaciones antes de que se pronuncie la sentencia definitiva”, reza el auto, fechado el pasado 16 de noviembre. De continuar los trabajos iniciados, prosigue, “se producirían modificaciones en un elemento integrado en un Conjunto de protección integral que harían inefectivo el fallo de una sentencia que fuera estimatoria, lo que resultaría contrario a la tutela cautelar”.
La jueza considera “razonable” evitar actuaciones “irremediables” antes de dictar el fallo definitivo debido a que si la sentencia estimara que el instrumento necesario para acometer los trabajos “era un Plan especial, como pide la parte actora”, la decisión “se vería privada de eficacia al haberse realizado ya las obras con una simple licencia urbanística”.
Los recurrentes solicitaron la suspensión del acuerdo del 24 de junio, por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, donde está el Valle de los Caídos, resolvió conceder a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a las criptas de la basílica. Tras el acuerdo, el pasado mes de septiembre el Gobierno informó de que comenzaba una primera fase de las obras consistentes en trabajos técnicos para exhumar a casi 80 personas.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica esgrimió en el recurso “el derecho a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado”. Añadía, además, que las obras precisarían “el traslado de los restos humanos existentes, de todos ellos, sin diferenciación, por lo que se afectará al derecho de otros familiares que se han opuesto a la intervención”, asegura. Por último, apuntaba a la “ilegalidad” de las obras debido a que en el Valle de los Caídos “solo se permiten obras de mantenimiento y rehabilitación”.
La oposición del Ayuntamiento y la Abogacía del Estado
Tanto el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial como la Abogacía del Estado se han opuesto. Argumenta esta última que los recurrentes “no hacen una explicación precisa de los perjuicios que podrían derivarse de las obras” ni de “los supuestos daños irreparables que pretenden evitarse con la suspensión”.
Además, asegura que las obras tienen por objetivo “facilitar un acceso seguro a las criptas, pero no determinan la manipulación y traslado de los restos humanos que se hallen”, como así afirma la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Las fases de los trabajos, expone la Abogacía del Estado, son las siguientes: una primera, la actual, con la que se pretenden habilitar los accesos; otra consistente en la intervención forense y una tercera de acondicionamiento de los columbarios. “Como ya se ha dicho, no se van a trasladar restos mortales de manera indiscriminada [...] La actuación solo va a suponer el traslado de los fallecidos respecto de los cuales lo hayan solicitado sus familiares y siempre y cuando sea viable técnicamente su localización y siempre que resulten identificados genéticamente”, añaden los servicios jurídicos del Estado.
La decisión de la magistrada supone un nuevo bloqueo para las esperadas exhumaciones en el Valle de los Caídos, al que fueron trasladados miles de represaliados del franquismo sin autorización. Hasta 80 familiares de víctimas han solicitado sacar los restos de sus allegados de Cuelgamuros, la mayor fosa común de España, pero llevan años esperando y muchos han fallecido sin poder recuperarlos y darles un entierro digno. Así le ocurrió a Manuel Lapeña, que murió el pasado septiembre a los 97 años esperando la exhumación de su padre y su tío, y eso a pesar de la sentencia que le reconoció el derecho hace ya cinco años.