Los juzgados de violencia machista asumirán en 9 meses todas las agresiones sexuales a mujeres fuera de la pareja

En un plazo máximo de nueve meses, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer afrontarán un cambio sin precedentes y comenzarán a asumir todos los casos de agresiones sexuales cuando la víctima es una mujer independientemente de que el acusado sea o no su pareja o expareja. Así estaba estipulado en la ley del solo sí es sí y así ha quedado plasmado en la Ley de Eficiencia de la Justicia aprobada en el último pleno del Congreso del año, una norma que consolida varias modificaciones de calado en la organización del sistema judicial.

La entrada en vigor en octubre de 2022 de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS) estuvo marcada por la polémica de las rebajas de penas acordadas por algunos tribunales, pero en ese momento comenzaba el plazo de un año que la norma daba al Gobierno para remitir a las Cortes un proyecto de ley dirigido a especializar los juzgados que vean casos de violencia sexual. Para ello, estipulaba la “revisión de las competencias” de los órganos judiciales que desde 2005 se encargan de los asuntos vinculados a la violencia de género, aquellos en los que la víctima es una mujer y el agresor es un hombre con el que mantiene o ha mantenido en el pasado una relación.

Dos años después de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí – con adelanto electoral mediante– la medida ha sido pactada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Podemos como parte de la Ley de Eficiencia de la Justicia: en ella se establece que a los nueve meses de su entrada en vigor, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán asumir las competencias en materia de violencia sexual de los procesos que se inicien a partir de ese momento. También los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso sexual y trata con fines de explotación sexual siempre que “la persona ofendida sea mujer”, reza el texto.

Ellas, las mujeres, son la inmensa mayoría de las víctimas: el 86%, según el último informe del Ministerio del Interior. El cambio va en línea con una concepción amplia de la violencia machista a la que apunta el Convenio de Estambul ratificado por España hace diez años y que implica considerar como tal actos violentos cometidos contra mujeres por el hecho de serlo más allá de la pareja o expareja. Por eso, en nueve meses el mismo juez que instruye o sentencia el caso de una mujer a la que su marido maltrata psicológicamente, lo hará también con la joven a la que agrede sexualmente un compañero de trabajo o un hombre en un bar.

“La especialización es esencial porque hay una evidente falta de formación que se traduce en las sentencias y previamente en las medidas cautelares de protección de las víctimas”, reclama la jueza Victoria Rosell, que era delegada del Gobierno contra la Violencia de Género cuando el Ministerio de Igualdad de Irene Montero impulsó la ley del solo sí es sí.

Hasta entonces, el Gobierno tendrá que evaluar qué “transformaciones son necesarias” en los juzgados habiendo detectado previamente “las necesidades de personal, materiales y organizativas” y valorado también cuál será “su impacto sobre la carga de trabajo de los diferentes órganos”, detalla la nueva norma, que entre sus principales novedades incluye la transformación de los juzgados unipersonales en los llamados Tribunales de Instancia, que estarán formados por diferentes secciones. De esta forma, 3.800 juzgados se convertirán en 431 Tribunales.

El miedo a la sobrecarga

Que antes de la puesta en marcha de la medida haya una valoración de la carga de trabajo, como dice la ley, no implicará que haya juzgados (a partir de ahora, secciones) que no vayan a asumir estas competencias. “Todos conocerán las violencias sexuales”, afirma Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia. Desde Podemos, que acusa al Gobierno de “retasar” la medida, apuntan a que el cambio “supone un aumento de carga de trabajo que debe resolverse de la forma más adecuada garantizando para todas las víctimas una justicia especializada”.

La de la sobrecarga es una de las principales preocupaciones que se respiran en el sector. “Es una medida muy positiva, pero el mayor problema que vamos a tener es la planta de los juzgados que tenemos. ¿Lo vamos a asumir con los mismos que hay hasta ahora?”, se pregunta Cira Domínguez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Getafe. La magistrada cree que esto “puede tener un efecto rebote importante” que conduzca a que “al final nadie vaya a querer” un destino de este tipo. Según datos del Gobierno de 2022, de 70 juzgados exclusivos analizados –hay 121 y otros 314 que ven, además, otra delincuencia–, un 35% están ya a día de hoy sobrecargados.

Además, el texto recién aprobado incorpora otra medida pendiente de la ley del solo sí es sí y establece que la asistencia jurídica será gratuita para todas las víctimas de delitos sexuales. Sobre esta cuestión, que entrará en vigor también dentro de nueve meses, ha llamado la atención Amnistía Internacional, que lamenta “la lentitud del Gobierno” a la hora de impulsar la norma y recuerda la necesidad de “consolidar la formación inicial y continuada en violencias sexuales de todos los operadores de justicia”. La organización también apunta a “la falta de compromiso de algunas comunidades” con los centros de crisis, para lo que se ha vuelto a ampliar el plazo hasta junio de 2025.

¿Y las niñas y adolescentes?

La nueva ley también da el primer paso para crear los juzgados especializados en violencia hacia la infancia y la adolescencia, un mandato contenido en la ley de protección a la infancia de 2021. Siguiendo el modelo de la violencia de género, estos órganos se encargarán de los casos de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, aunque la norma no establece plazo para su puesta en marcha.

Sin embargo, la pregunta de qué tipo de órgano verá los asuntos relacionados con los delitos sexuales a niñas y chicas jóvenes menores de edad sobrevuela a toda esta nueva implantación judicial. Porque, por un lado, el texto establece que los juzgados de infancia serán competentes para instruir y enjuiciar estos casos “cuando la víctima sea niño, niña o adolescente”, pero al mismo tiempo apunta a que cuando los hechos “también pudieran ser conocidos” por un juzgado especializado en violencia de género “la competencia le corresponderá” a este último. Y la cuestión es que a partir de ahora, estos serán por ley los encargados de la violencia sexual hacia mujeres.

El asunto no es baladí porque los menores de edad representan el 43% de las víctimas que denuncian agresiones sexuales, según los últimos datos. Desde Podemos no aclaran este extremo y el secretario de Estado de Justicia admite que este ha sido “un debate” importante durante la tramitación y apunta a que esta última disposición hace que las violencias sexuales hacia niñas y chicas adolescentes deban ser vistas por Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Aún así, admite que es “una interpretación” y que “serán los jueces” los que vayan marcando el paso con la jurisprudencia porque “un mismo asunto puede entrar bajo el paraguas de ambas secciones”.

Hay voces jurídicas consultadas que, por el contrario, creen que “lo más lógico” sería que estos casos los llevaran en infancia y adolescencia, pero la realidad es que el tema suscita preguntas. ¿Tiene sentido que las violencias sexuales a niñas se juzguen en un tipo de juzgado y a niños en otro? ¿Y qué pasa cuando es un único caso con múltiples víctimas de diferente género? Por otro lado, la violencia sexual a chicas de 16 y 17 años –que por ley ya pueden dar consentimiento– ¿en cuál de los dos tipos de juzgados debería recaer?

Victoria Rosell ve con escepticismo la puesta en marcha de los Juzgados de Violencia contra la Infancia porque, aunque cree que “lo ideal serían ambas especializaciones” piensa que “salvo que se dupliquen las plazas” judiciales “es inviable”, así que en ese contexto, la exdelegada del Gobierno apuesta “por secciones de tribunales de violencia de género con competencias en violencia sexual que incluyan a menores de edad y tengan perspectiva de género e infancia”. En este sentido, la jueza teme que los juzgados especializados en violencia a niños, niñas y adolescentes carezcan de la formación adecuada en igualdad o que se intenten contraponer ambos tipos de órganos como si “la mayoría de la violencia contra la infancia no fuera también una violencia patriarcal”.

“Es un riesgo que traten de hacerse a la vez las dos cosas y no se atienda debidamente a ninguna de ellas o se acabe diluyendo la violencia machista en tiempos de auge del negacionismo. No nos podemos permitir que por separar ambas especializaciones, naufraguen ambas”, concluye.