Un padre de Pontevedra ha denunciado a varias familias de la clase de su hijo por organizar una huelga —los chicos no fueron al colegio durante dos días— para forzar el traslado de centro del menor. El pequeño, de 8 años, tiene necesidades educativas especiales por un trastorno de conducta y déficit de atención y en ocasiones ha tenido conflictos con sus compañeros de aula. La presión de los padres no funcionó y el menor sigue en el centro.
El padre del menor acusa a las familias que organizaron y siguieron la huelga —no todos los compañeros de clase la hicieron— de un posible delito de coacciones y de otro de incitación al odio, penado este último con entre uno y cuatro años de cárcel, según el Código Penal. También ha incluido a la directora del centro por “permitir la celebración de dos jornadas de huelga (...), consintiendo que [el menor] se enfrentase a la humillación de acudir a una clase que se hallaba casi vacía por su causa (...) y alentar la perpetración de una evidente humillación infligida al menor en su hábitat y ante sus iguales”, según se lee en la denuncia presentada. Por último, un inspector de educación también ha sido denunciado por un delito de revelación de secretos por contarle detalles del menor a los padres huelguistas.
El juzgado nº 1 de Lalín se ha hecho cargo del caso. El padre del menor pide al juzgado que requiera a la directora del centro que identifique a los padres huelguistas y la declaración de todos ellos junto a la de la propia gerente y el inspector denunciado.
Este padre considera que la actuación del resto al forzar una huelga supone una “forma pública de manifestar su rechazo a la presencia en el aula del menor”. “Está claro que los padres disidentes están promoviendo en el seno del colegio público el odio, hostilidad y discriminación, de forma pública y notoria frente al menor únicamente por razón de la discapacidad que presenta el mismo”, según la denuncia.
También argumenta la posibilidad de que “la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho fundamental a la educación” que recoge “en especial” la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que España asumió en 2008.
“Es una persona diferente, pero igual a todos”
“Mi objetivo es que esto no vuelva a ocurrir”, explica el padre del menor afectado a eldiario.es. “Que dejemos de presionar a un niño, a gente incapacitada. Siempre he dicho que un niño con una anomalía es una persona diferente, pero igual a todos los demás”, añade. De momento ha conseguido generar un gran impacto en el pueblo.
La situación del menor explotó el pasado mes de noviembre. Tras algunos incidentes (“cosas de niños”, según el padre) con sus compañeros, el pequeño llegó un día al colegio para encontrarse que solo cuatro compañeros habían acudido a clase. El padre no había sido informado, según su versión. Otro padre, de uno de los niños que sí acudió al colegio, le informó de que el resto de familias estaba recogiendo firmas para que el niño fuera trasladado a un centro de educación especial. Esta posibilidad se le había planteado al padre, que aceptó iniciar los trámites a finales del curso anterior pero solo como medida preventiva (por si se quedaba sin plaza) y a falta de tomar una decisión al respecto. La huelga se repitió el día siguiente.
El centro se puso en contacto con el padre para que acudiera a una reunión ese segundo día con el resto de familias y el inspector de educación. El progenitor se negó por entender que esa reunión era “una encerrona” y que llegaba tarde, que el daño ya estaba hecho. Según supo después, el inspector ya se había reunido en dos ocasiones con las familias.
Dos meses después, el pequeño sigue en el centro. Pero el proceso ha hecho mella en él, según su padre. “Mi hijo se siente presionado. Sabe todo lo que está ocurriendo, y si alguna cosa le oculto yo se lo dicen otros compañeros del colegio: 'Me dice mi papá que no juegue contigo'”, relata el progenitor. También asegura que “ya no tiene la alegría que tenía antes”.